9 de junio de 1920: suprimen el departamento de El Progreso

A petición de los municipios que lo componen, el gobierno de Carlos Herrera disuelve el departamento de El Progreso, retornando a sus municipios a sus departamentos originales.

Línea del Ferrocarril del Norte a lo largo del río Motagua. En el recuadro: el presidente Carlos Herrera. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El departamento de El Progreso se había creado por el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera mediante el decreto 683 del 13 de abril de 1908 para administrar en forma más eficiente la región por donde pasaba el Ferrocarril del Norte, que fue concluido por el gobierno ese año. El nuevo departamento incluyó a los municipios de Cabañas, Acasaguastlán, Morazán, Sanarate, San Antonio La Paz, San José del Golfo, Guastatoya, y Sansaria, en otras palabras, fue formado conparte Sudoeste del departamento de Zacapa, Noroeste del de Chiquimula, Sudeste del de la Baja Verapaz, Nordeste del de Guatemala y la mitad Norte del de Jalapa.1

Sin embargo, tras la caída del gobierno de Estrada Cabrera el 15 de abril de 1920,2 el gobierno de Carlos Herrera suprimió dicho departamento mediante el siguiente decreto gubernativo:3

Decreto N°. 756

Carlos Herrera, Presidente Constitucional de la República de Guatemala,

Considerando: que el departamento de El Progreso creado por el Decreto gubernativo número 683, no ha llenado las aspiraciones que se tuvieron en mira por el Gobierno para su creación, como se desprende de la solicitud casi unánime de las Municipalidades que lo forman, relativa a que se reincorporen a los departamentos a que pertenecieron antes de la promulgación del Decreto citado;

Considerando: que la Honorable Asamblea Nacional Legislativa mandó pasar al Ejecutivo para su resolución las solicitudes de reincorporación que le fueron presentadas por varias Municipalidades;

Considerando: que es una obligación del Gobierno atender las solicitudes de los pueblos de la República, siempre que tiendan al desarrollo progresivo de sus actividades, removiendo con ese objeto los obstáculos que se presenten, y que el departamento de El Progreso, por la carencia de las condiciones necesarias, es una remora para el adelanto de los pueblos que lo forman; por tanto;

En Consejo de Ministros, decreta:

Artículo 1°.— Se suprime el departamento de El Progreso; y en consecuencia, los Municipios que lo integran se reincorporarán a los departamentos a que pertenecían con anterioridad al Decreto N°. 683, excepto el de Guastatoya, actualmente El Progreso, que pasa formar parte del de Guatemala.

Artículo 2°.— Las actuales autoridades y funcionarios públicos de ese departamento procederán a remitir los archivos de sus Oficinas a la cabeceras de los departamentos de su origen. Para este efecto, el Gobierno nombrará los interventores que juzgue convenientes.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Guatemala, a nueve de junio de mil novecientos veinte.

        • Carlos Herrera
        • El Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, L. P. Aguirre
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. Vidaurre
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, Alb. Mencos
        • El Secretario de Estado en el Despacho de la Guerra, E. Escamilla
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, F. Castellanos B.
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, A.A. Saravia3

El departamento permaneció disuelto, hasta que fue restituido por el gobierno del general Jorge Ubico en 1935.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Estrada Paniagua, Felipe (1910). Recopilación: Las Leyes de la República de Guatemala, 1908-1909. XXVII. Guatemala: Arturo Siguere y Cía. p. 28.
  2. Hernández de León, Federico (1929). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. II. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. p. 91.
  3. Méndez, Rosendo P. (1925). Recopilación de las Leyes de Guatemala, 1920-1921. XXXIX. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 93-94.
  4. — (1938) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1935-1936. LIV. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 248-249.

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18 de mayo de 1892: el censo general

El gobierno del general José María Reina Barrios ordena que se proceda con el censo general del país, que debía hacerse cada cuatro años conforme a lo estipulado en el Decreto 244 de 1879.

Familia indígena de Nahualá fotografiada en 1896 por Alberto G. Valdeavellano para «La Ilustración Guatemalteca». Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 15 de marzo de 1892 tomó posesión como presidente de Guatemala el general José María Reina Barrios, quien emitió el siguiente acuerdo gubernativo dos meses después de haber asumido el cargo:1

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 18 de mayo de 1892.

Considerando: que en observancia del artículo 49 del decreto número 244, deberá procederse durante el presento año a la formación del censo general del país;

El Jefe del Poder Ejecutivo, acuerda:

Que la Sección de Estadística dé las instrucciones conducentes al fin indicado, pudiendo requerir la cooperación de todas las autoridades y corporaciones de la República.

Comuniqúese.

        • Reina Barrios
        • Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Jorge Vélez.1

El decreto 244 fue emitido por el gobierno del general presidente J. Rufino Barrios el 7 de octubre de 1879 para regular el gobierno de los departamentos. El artículo 49 de este decreto dice así:2

Art. 49. — Los Jefes políticos harán formar cada cuatro años la estadística del departamento de su mando; en cuyo trabajo harán constar con claridad y sencillez:

      1. El censo de la población, con expresion de sexo, edad, estado, oficio ó profesión, idioma y traje;
      2. Los establecimientos de enseñanza y beneficencia, fondos de que subsisten, educandos que concurren a los primeros y los que son asistidos en los segundos;
      3. Las producciones del departamento;
      4. Las industrias y número de artesanos que en ellas se ejerciten;
      5. Los pueblos, aldeas y lugares, determinando su superficie y el número de casas y su clase;
      6. Las haciendas y plantaciones que contienen; máquinas y animales de que se sirven;
      7. El número de ganado vacuno, ovejuno ó caballar;
      8. La extensión superficial de los terrenos particulares ó públicos, si los hubiere;
      9. El número, extension y clase de caminos; y
      10. El estado de las rentas del departamento, así como de los fondos municipales.2

BIBLIOGRAFIA:

  1. Gómez Carrillo, Agustín (1894). Recopilación de las Leyes emitidas de la República de Guatemala, 1892-1893. XI. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 40.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación de Leyes emitidas por el Gobierno Democrático de la República de Guatemala, desde el 3 de junio de 1871, hasta el 30 de junio de 1881. II. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 303.

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4 de mayo de 1830: renovación de las autoridades del Estado de Guatemala

Con el fin de retirar al Dr. Pedro Molina de la Jefatura del Estado de Guatemala, la Asamblea Legislativa convoca a elección de nuevas autoridades.

Calle real de Jocotenango en la ciudad de Guatemala a principios del siglo XX. En los recuadros: los líderes liberales Pedro Molina, José Francisco Barrundia y Mariano Gálvez. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y Pensamiento Centroamericano.

A principios de 1830 ya gobernaba el Estado de Guatemala el líder liberal y médico Pedro Molina, pero los mismos liberales dentro de la Asamblea Legislativa le abrieron un expediente y tuvo que delegar el poder al vicejefe de Estado, Antonio Rivera Cabezas. Como era frívola la acusación, cuando ésta fue tramitada por la Corte Superior de Justicia se determinó que no había motivo para proceder contra Molina.  Sin embargo, los diputados estaban empeñados en salir del jefe de Estado y cerraron sus sesiones ordinarias antes de conocer el dictamente de la Corte Superior.1

Molina apeló ante el Congreso de la República Federal de Centro América —el cual en ese entonces se reunía en la Nueva Guatemala de la Asunción— y éste le pidió un informe a la Comisión Permanente de la Asamblea, forzándola a reiniciar sus sesiones.  Los diputados del Estado, empecinados en salir de Molina, formularon nuevas acusaciones en su contra y, comprendiendo que la Corte Superior de Justicia iba a desestimar el caso, decidieron dictar un decreto mandando a que se eligieron nuevas autoridades para el Estado.2

Esa era la situación cuando se produjo el terremoto del 23 de abril de 1830, que dañó severamente a la ciudad, y que forzó a las autoridades a trasladarse al poblado de Jocotenango, que entonces era un poblado indígena que estaba alejado del centro de la Nueva Guatemala de la Asunción, y que en el siglo XXI es parte de la zona 2 del Centro Histórico de la ciudad.3

Pero ni los sismos hicieron desistir a los diputados en su afán de salir de Molina.  Y así, el 4 de mayo de ese año suscribieron el siguiente Decreto en Jocotenango:4

La Asamblea Legislativa del Estado de Guatemala, teniendo presente:

1°.— Lo dispuesto en los artículos 86, 87, 115 y 199 de la Constitución del Estado;

2°.— Que el artículo 138 y el 139 de la misma, establecen que en falta del primero y segundo Jefe, antes de la época constitucional los designados para subrogarles no duren en sus funciones sino el tiempo que faltaba a los subrogados para la renovación ordinaria.

3°.— Que la de los ciudadanos Juan Barrundia y Cirilio Flores por un efecto de circunstancias, debía de verificarse hasta en las próximas elecciones, y los nuevos nombrados empezar a fungir en el año de 1831.

4°.— Que en tal concetp las funciones del primero y segundo Jefe, ciudadanos Pedro Molina y Antonio Rivera, deben termina en el mismo año, ha tenido a bien decretar y decreta:

Artículo 1°.— Se procederá a las elecciones de los representantes, consejeros, primero y segundo Jefe, y magistrados de la Corte Superior de Justicia, que deben renovarse con arreglo a las disposiciones de la materia y a la adjunta tabla y en los días que señala la Constitución.

Artículo 2°.— El departamento de Guatemala y Escuintla elegirá un diputado propietario y dos suplentes. Igual número el de Sacatepéquez y Chimaltenango.  El de Totonicapán nombrará dos diputados propietarios y dos suplentes. Los departamentos de Quetzaltenango, Verapaz, Sololá y Chiquimula, sufragarán cada uno por un diputado propietario y un suplente.

Artículo 3°.— Las juntas electorales de los departamentos de Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula y Verapaz, procederán cada una a nombrar un Consejero propietario y un suplente.

Artículo 4°.— Todas las del Estado procederán a sufragar para primero y segundo Jefe y para cuatro magistrados propietarios de la Corte Superior de Justicia y tres suplentes.

Artículo 5°.— La legislatura de 1831 procederá en la renovación del primero y segundo jefe y magistrados de la Corte Superior de Justicia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4°. del decreto de la Asamblea Constituyente de 25 de octubre de 1825.

Comuníquese.

Jocotenango, mayo de 1830.4

En las elecciones resultó electo José Francisco Barrundia, quien no aceptó el cargo y se hizo a un lado, dejando el camino para que el Dr. Mariano Gálvez fuera prácticamente nombrado como Jefe de Estado el 24 de agosto 1831.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Hernández de León, Federico (1963) [1924]. El libro de las Efemérides: capítulos de la Historia de la América Central. VI. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 220.
  2. Ibid., p. 221.
  3. Archivo General de Centro América. Leg. 2404. Exp. 50121. Folio No. 1, 1v y 2.
  4. Hernández de León, El libro de las Efemérides, pp. 222-223.
  5. Ibid., p. 224.

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24 de febrero de 1893: censo general de Guatemala

El gobierno del general presidente José María Reina Barrios realiza el Censo General y la Demarcación Política de la República.

24febrero1893
Palacio de La Reforma, construido por el gobierno del general presidente José María Reina Barrios. Desapareció tras los terremotos de 1917-18. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano tomada de Wikimedia Commons.

Los primeros años del gobierno del general presidente José María Reina Barrios fueron de una prosperidad sin precedentes en la historia de Guatemala, gracias al aumento del precio internacional del café. Gracias a esta bonanza económica, el gobierno pudo realizar varios proyectos de infraestructura, y también de mejoramiento de las instituciones gubernamentales.

Uno de sus primeros proyectos fue la realización del censo de 1893, el cual pretendía establecer con certeza cuantos pobladores había en la República para así determinar qué proyectos tenían que ser prioritarios, de acuerdo al acuerdo del 18 de mayo de 1892.1 Con el fin de realizar el Censo General y documentar la Demarcación Política de la República, se utilizaron las siguientes definiciones:

      • Las pequeñas poblaciones que no tienen calles, que están formadas de chozas, ranchos que se encuentran aislados y en desorden, se llaman Caseríos. Los Caseríos pueden estar situados en las orillas de los mares, habitados por pescadores ó explotadores de salinas, entonces se llaman Caseríos litorales. Pueden estar situados en el interior del país, en las montañas, colinas, valles, etc., haciendas, fincas ó chacras y habitadas por agricultores y labradores, entonces se llaman Caseríos rurales.
      • Las localidades que tienen la apariencia de un pueblo por su considerable número de casas y habitantes, reunidos ya en sociedad, regidos por un Alcalde auxiiar, pero que no han adquirido el título de los pueblos por no tener una Municipalidad, se llama Aldeas.
      • Las agrupaciones que tienen Corporaciones Municipales, reciben la denominación de Pueblos.
      • Pueblos de alguna importancia por el ornato de sus calles, casas y plazas, por su industria, comercio, agricultura, instrucción pública, etc. se llaman Villas.
      • Las poblaciones extensas, con elegantes edificios públicos y particulares, asociaciones literarias, con importantes establecimientos de educación; ricas por su agricultura, comercio, industria, artes y ciencias; distinguidas por su cultura relativa, y que además han recibido del Gobierno el título de tales, se llaman Ciudades.2

Originalmente el censo se iba a realizar el 18 de diciembre de 1892 con un costo de diez mil pesos,3 pero por algunos problemas técnicos se pospuso para el último domingo de febrero de 1893, mediante el siguiente decreto:

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 25 de octubre de 1892.

Habiendo manifestado el Jefe de la Sección de Estadística, que á consecuncia de algunos inconvenientes insuperables, no ha sido posible llevar á cabo los trabajos preliminares del censo de población ; y que por esa causa, es conveniente transferir á una fecha posterior la fijada en acuerdo gubernativo de trece del mes próximo pasado,

El Presidente Constitucional, de conformidad con la exposición referida,
acuerda:

Que el último domingo del mes de febrero del año inmediato de mil ochocientos noventa y tres, se practique en todo el país el empadronamiento prevenido en el acuerdo citado.

Comuniqúese.

        • Reina Barrios.
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Próspero Morales.4

Así pues, el censo se realizó el 24 de febrero5 de ese año y los resultados reflejaron lo siguiente:

    1. El total de pobladores era de 1,364,788 habitantes.
    2. En ese momento había 882,733 indígenas, y el resto eran ladinos, con un muy bajo porcentaje de criollos y extranjeros.
    3. Los varones eran 677,472 y las mujeres 687,206.
    4. La religión era todavía predominantemente católica, con 1,356,105 creyentes, mientras que las otras religiones se repartían así: 2,254 protestantes, y 1,146 de religiones no cristianas. Había 5,173 no creyentes.
    5. Y, por último, había solamente 99,553 personas que sabían leer y escribir, y 1,265,125 analfabetos.6

BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1894). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1892-1893. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 40.
  2. Ibid., 199.
  3. Ibid., 269.
  4. Ibid., 270.
  5. Hernández de León, Federico (1963) [1924] El Libro de las Efemérides. Capítulos de la Historia de la América Central. V.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. 317.
  6. Ibid, p. 318.

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15 de febrero de 1829: derrota de Morazán en Mixco

En un intento desesperado por evitar el sitio de la ciudad de Guatemala, las fuerzas estatales logran derrotar a las fuerzas que Francisco Morazán había enviado a Mixco.

15febrero1829
El poblado de Mixco en 1895, en una fotografía de los esposos Maudslay publicada en 1899. En el recuadro: retrato del general Francisco Morazán. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

En 1829, el general hondureño Francisco Morazán era prácticamente invencible. Después de sendos triunfos sobre las fuerzas federales al frente de su «Ejército Protector de la Ley«, Morazán había invadido Guatemala por el oriente del Estado luego de que los criollos liberales hubieran sido reprimidos violentamente tras intentar resistirse al gobierno de Mariano de Aycinena en la Antigua Guatemala.1 Gracias a su habilitad militar, Morazán avanzó fácilmente por el territorio guatemalteco llegando hasta Pinula, en donde un grupo de los liberales que se habían alzado contra Aycinena —liderado por el francés Isidoro Saget— se unió a sus fuerzas.2

El gobierno de Aycinena no contaba con jefes militares capaces de enfrentar a Morazán, ya que el ex-presidente Manuel José Arce se había retirado de la vida política tras ser destituido y se desconfiaba del general italiano Francisco Cáscara por ser leal a Arce.  Eventualmente, Cáscara renunció a la comandancia de armas y el general Agustín Prado, conservador rematado, tomó el mando pero con contaba con la experiencia militar ni con suficientes soldados para contener al ejército invasor. Prado optó por concentrar a sus fuerzas en la Ciudad de Guatemala y se preparó para el sitio final. Por su parte, con el control de las posiciones de Pinula y El Aceituno, Morazán envió a parte de sus soldados a la Antigua Guatemala por el camino de Amatitlán, para que restituyeran a las autoridades que habían sido destituidas tras el golpe de estado de 1826, desconociendo así al gobierno de Aycinena. Además, Morazán envió tropas a Mixco, para cercar completamente la ciudad y cortar el suministro de víveres a la misma.3

En una medida desesperada, el general Prado envió al coronel Pacheco al mando de mil hombres, para que recuperaran la plaza de Mixco. El 14 de febrero por la noche, Pacheco ordenó a sus hombres que marcharon en dos filas a ambos lados del camino, con las armas invertidas para que la luz de la luna no se reflejara en ella, y así llegaron hasta Mixco, en donde atacaron a las fuerzas de Morazán por sorpresa a las altas horas de la madrugada del 15 de febrero. Viéndose en desventaja, parte de las tropas huyó mientras que un grupo se atrincheró en el convento local, desde donde intentó ofrecer resistencia pero sin ningún efecto. Enterado de la derrota, Morazán reagrupó a sus fuerzas y se dirigió a la Antigua Guatemala, desde donde iniciaría el sitio hacia la ciudad. Por su parte, el general Prado no supo que hacer con su victoria y ordenó a las fuerzas guatemaltecas que regresaran a la ciudad a prepararse para el sitio que se avecinaba.4

Eventualmente, Morazán logró regruparse y finalmente tomó la ciudad el 14 de abril, haciendo prisioneros a los criollos aristócratas y a las autoridades federales a quienes expulsó de la región centroamericana junto con los órdenes regulares y el arzobispo Ramón Casaus y Torres.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Hernández De León, Federico (1963) [1924] El Libro de las Efemérides; Capítulos de las Historia de América Central. V Guatemala: Tipografía Nacional. p. 266.
  2. Ibid, p. 267.
  3. Ibid, p. 268.
  4. Ibid, p. 269.
  5. Woodward, Ralph Lee, Jr. (2002). «Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala, 1821–1871». Serie monográfica (CIRMA y Plumsock Mesoamerican Studies) (12). ISBN 0-910443-19-X.

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10 de febrero de 1958: Ydígoras Fuentes gana primera vuelta electoral

Tras un movimiento popular favorable a su causa luego de que se declaró que hubo fraude electoral el 20 de octubre de 1957, el general Miguel Ydígoras Fuentes gana la primera vuelta electoral de 1958.

10febrero1958
Ciudad Univesitaria, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala recién construida en 1958. Solamente estaba el edificio de la Rectoría (a la derecha), el complejo de la Facultad de Ingeniería (a la izquierda) y el Aula Magna (Iglú). Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Luego del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas, Guatemala entró en un período de inestabilidad en que el que sucedieron varias juntas militares en el poder, hasta que finalmente se convocó a elecciones para el 20 de octubre de 1957. Tras acusaciones de fraude, el presidente interino Carlos González López, mientro del consejo directivo del Movimiento Democrático Nacionalista (MDN) -que era el partido de los liberacionistas radicales-, tuvo que renunciar al poder y entregarlo a un triunvirato militar.1

Tras varios días de negociaciones, la Embajada de los Estados Unidos medió para que la Junta Militar entregara el poder al Segundo Designado, coronel Guillermo Flores Avendano y que el Congreso de la República emitió el decreto 1212, de fecha 18 de noviembre de 1957, que convocaba nuevamente a elecciones presidenciales para el día 19 de enero de 1958.1 Para estas nuevas elecciones, el ahora debilidato MDN postuló al coronel José Luis Cruz Salazar, a la sazón embajador de Guatemala en Washington, en alianza con la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), candidatura que contó con las simpatías y apoyo financiero de Estados Unidos, pues el MDN era el partido de los liberacionistas y Cruz Salazar no solamente representaba la continuidad de éstos, sino que en el gobierno de Eisenhower lo consideraba un político de derecha moderada que podía llenar el vacío existente entre las corrientes extremas que había en el país en ese momento. Por otra parte, el Tribunal Electoral dio vía libre a la participación del Partido Revolucionario, el cual postuló a su dirigente, Mario Méndez Montenegro. Y, finalmente, el general Ydígoras Fuentes repitió con su partido Redención. Como se esperaba, el ganador fue el general Ydígoras, por encima del liberacionismo, que había estado en el poder hasta octubre y que sufrió una contundente derrota en las primeras elecciones relativamente libres en las que participó.2

A pesar del triunfo electoral de Ydígoras, la elección se fue a segunda vuelta, la cual tenía que ser realizada en el Congreso por votación directa de sus diputados entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos, tal y como lo estipulaba la Constitución de 1956, vigente en aquella época. Así pues, la elección fue entre Ydígoras y Cruz Salazar. Esto dió lugar a negociaciones entre los partidos participantes, con el fin de llegar al día de la elección en el Congreso con una solución ya definida.3

Un primer acuerdo entre ambas fuerzas políticas fue un pacto llamado de “Borrón y cuenta nueva” (frase que usaba la campaña de Ydígoras), firmado el 27 de enero de 1958, mediante el cual ambos candidatos y sus partidos se comprometieron, entre otras cosas, a dos puntos esenciales: respetar la decisión que tomara el Congreso respecto de la Presidencia de la República y que el candidato que fuera electo por el Congreso integraría un gobierno con la participación de partidos anticomunistas. Este documento se hizo público, aunque hubo otro que permaneció en secreto y que fue firmado el 31 de enero.  En este último, ambas partes dijeron que «[…] en la necesidad de aunar los esfuerzos de los partidos políticos en contienda a efecto de integrar un gobierno de carácter nacional y de contar así con mejores condiciones de luchar contra el comunismo, que como enemigo común, amenaza la subsistencia de las instituciones democráticas […]; se sugiere la conveniencia de que cuanto antes firme el coronel Cruz Salazar su renuncia de candidato ante el Congreso […]«.  Además, ambas partes se comprometieron a que el nuevo gobierno integraría un Gabinete con la inclusión de tres ministros anticomunistas  y que contribuiría con un subsidio mensual de 6 mil quetzales al partido MDN para su sostenimiento.3

De esta forma, el mismo 31 de enero el coronel Cruz Salazar presentó su renuncia al Congreso, mientras que Ydígoras, con el voto unánime del Congreso dado en su sesión del 12 de febrero, fue electo presidente de la República y tomó posesión del alto cargo el 2 de marzo.  Si bien Ydígoras comenzó su gobierno con un gran capital político obtenido en las jornadas de octubre de 1957, pero el nuevo presidente rápidamente perdió el favor de la ciudadanía, porque su gestión estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas que creó su campaña electoral y porque su estilo de gobierno fue muy errático.4

Eventualmente, el gobierno de Ydígoras fue derrocado el 30 de marzo de 1963 por un golpe de estado perpetrado por el ala anticomunista radical del Ejército dirigido por su propio ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Alvarez Aragón, Virgilio, et. al. (2013). Guatemala: Historia Reciente (1954-1996) Proceso político y antagonismo social. I. Guatemala: FLACSO, Serviprensa. pp. 87-90.
  2. Ibid., p. 91.
  3. Ibid., p. 93.
  4. Ibid., p. 94.
  5. Azurdia Alfaro, Roberto (1966). Recopilación de las Leyes de Guatemala, 1963-1964. LXXXII Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 14-15.

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8 de febrero de 1982: sale a la luz pública la URNG

Las agrupaciones guerrilleras guatemalteca, Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) hacen saber que han formado la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el 7 de febrero de 1982.

8febrero1982
El mercado de «La Terminal» en la ciudad de Guatemala en 1982. En el recuadro: la primera plana de «Prensa Libre» del 27 de enero de 1982, que muestra a Edgar Palma Lau, ex-presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, quien murió en un reducto guerrillero en Utatlán II, en la ciudad de Guatemala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y la Hemeroteca de Prensa Libre.

En octubre de 1980, los grupos guerrilleros guatemaltecos conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional (URN), luego de firmar acuerdos de unidad ideológica, política y estratégica para llevar a cabo lo que ellos llamaron una revolución de masas.1 Esos grupos fueron: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el proscrito Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)-Núcleo. Sin embargo, debido a las constantes derrotas que estaban sufriendo en el frente militar y a la destrucción de sus reductos guerrillos en la Ciudad de Guatemala, el EGP y la ORPA decidieron congelar los acuerdos indefinidamente.1

Tras varias reuniones y discusiones, en enero de 1982 se retomaron las reuniones de los grupos guerilleros y finalmente el 7 de febrero de 1982 se formó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) cuando los principales grupos guerrilleros de Guatemala decidieron formar un solo frente, a fin de tomar el poder y realizar una revolución política y social en Guatemala.2

Para dar a conocer esta nueva agrupación, los miembros de la guerrilla detonaron bombas panfleteras con propaganda comunista que anunciaba la unión de las agrupaciones izquierdistas y provocaron el incendio de un conocido restaurante de comida rápida en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, además de la quema de una fábrica de café y la de varios camiones y vehículos en la capital. Si bien no hubo víctimas mortales en esos hechos, por la violencia imperante en la época los bomberos reportaron el ametrallamiento de cuatro personas ese noche.3

Los guerrilleros también ocuparon las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en donde hicieron un mitin con los estudiantes, a quienes invitaron a unirse a la revolución armada. Finalmente, el 9 de febrero, grupos de guerrilleros tomaron las instalaciones de tres conocidas radioemisoras de la época en la Ciudad de Guatemala para transmitir un mensaje en el que hicieron el anuncio. Las emisoras fueron: «Radio Rumbos«, «Fabuestereo» y «Radio Progreso«, en donde luego de obligar al personal a transmitir el mensaje, lo dejaron encerrado en sus propios instalaciones antes de huir.3

Todo esto ocurrió exactamente un mes antes de las elecciones presidenciales del 7 de marzo de ese año, en las que se presentaron cuatro candidatos de la extrema derecha:4

  1. El general Angel Aníbal Guevara, ex-Ministro de la Defensa del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, postulado por el Partido Institucional Democrático (PID) y el Frente de Unidad Nacional (FUN)4
  2. El licenciado Mario Sandoval Alarcón, ex-vipresidente de la República y ex-presidente del Congreso, y uno de los miembros del ejército mercenario del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en 1954.5 Fue postulado por el MLN.4
  3. El arquitecto Gustavo Anzueto Vielman, hijo del general Roderico Anzueto Valencia, quien fuera la mano derecha del general Jorge Ubico durante cuyo gobierno fungió como Jefe de la Policía y Ministro de la Guerra.6 Anzueto Valencia también fue el cadete que delató a sus compañeros cuanto éstos planeaban secuestrar al presidente Manuel Estrada Cabrera en 1908.7 Anzueto Vielman fue postulado por la Central Auténtica Nacionalista, que era el partido del ex-presidente general Carlos Arana Osorio.4
  4. Alejandro Maldonado Aguirre, postulado por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido Nacional Renovador (PNR).4 Maldonado Aguirre llegaría a la presidencia de la República a finales de 2015, tras la renuncia del general Otto Pérez Molina luego de un golpe blando en su contra.

En los comicios fue declarado vencedor el general Guevara, ante lo cual hubo fuertes protestas de fraude de parte de los otros candidatos que protestaron en el centro de la ciudad, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos, a pesar de pertenecer a la élite económica nacional.4 Pocos días después, el 23 de marzo de 1982, el gobierno de Lucas García fue derrocado por un golpe de estado y las elecciones declaradas nulas. El nuevo gobierno, a cargo del general evangélico Efraín Ríos Mont, fortaleció la lucha con la recién establecida URNG.8


BIBLIOGRAFIA:

  1. Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Movimiento Amplio de Izquierda (28 de enero de 2012). Treinta años de lucha por una democracia real y participativa. Guatemala: Albedrío.
  2. Lemus, Silvia (15 de agosto de 2015). URNG, el Partido de la Insurgencia. Guatemala: Prensa Libre.
  3. LEMUS (9 de febrero de 1982). Se unen los grupos guerrilleros de Guatemala y llaman a la revolución. México: Diario de Colima. XXIX (8894). p. 1.
  4. Hemeroteca PL (6 de marzo de 2018). «1982: cuando el general Guevara no pudo asumir la presidencia». Prensa Libre (Guatemala)
  5. Cullather, Nicholas (2006). Secret History: The CIA’s Classified Account of its Operations in Guatemala 1952-54 (en inglés) (2ª edición). Stanford University Press. ISBN 9780804754682
  6. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  7. Unión Tipográfica (1920) Principales jefes del Cabrerismo. Guatemala: Unión Tipográfica.
  8. El País (24 de marzo de 1982). «Golpe de Estado militar en Guatemala». El País (Madrid).

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1 de julio de 1935: suprimen al departamento de Amatitlán

Debido a la creación del departamento de El Progreso y a los estragos producidos por la Gran Depresión, el gobierno del general Jorge Ubico suprime al departamento de Amatitlán.

1julio1935
Excursión a la orilla del Lago de Amatitlán en 1897. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en «La Ilustración Guatemalteca». En el recuadro: el general Jorge Ubico, presidente de 1931 a 1944. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Existe una leyenda romántica que relatan en Amatitlán al respecto de que el presidente de Guatemala, general Jorge Ubico, enamoraba a una dama de la localidad, y que cuando ésta lo rechazó, el presidente decidió suprimir el departamento en represalia. Independientemente de la leyenda indicada, lo que realmente ocurrió fue que el mantenimiento de dicho departamento resultaba muy oneroso para el país, pues éste estaba atravesando los efectos de la Gran Depresión, y era necesario restablecer el departamento de El Progreso para poder administrar de mejor forma el Ferrocarril del Norte. Así pues, el 29 de abril de 1935, la Asamblea Legislativa emitió el siguiente decreto, el cual fue ratificado por el presidente Ubico el 2 de mayo de ese año:1

Decreto Número 2081

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala

Considerando: Que es conveniente para los intereses del país la supresión del departamento de Amatitlán, por tanto, decreta:

Artículo 1°.— Se suprime el departamento de Amatitlán

Artículo 2°.— Los municipios de Amatitlán, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Villa Canales quedan incorporados al departamento de Guatemala, y los de Palín y San Vicente Pacaya al de Escuintla.

Artículo 3°.— El Ejecutivo dictará las medidas del caso para el cumplimiento del presente Decreto, que entrará en vigor el primero de julio del corriente año.

Pase el Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el veintinueve de abril de mil novecientos treinta y cinco.

Casa de Gobierno: Guatemala, dos de mayo de mil novecientos treinta y cinco.

Publíquese y cúmplase.

          • Jorge Ubico
          • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Guillermo Sáenz de Tejada1

A este decreto legislativo le siguieron varios decretos gubernativos por los que la administración del desaparecido departamento fue distribuida entre el de Guatemala y el de Escuintla. Reproducimos el primero de ellos, sobre las partidas del Ministerio de Hacienda, para que el lector se dé cuenta de cómo se distribuyó el gasto operativo de Amatitlán:2

Decreto Número 1683

Jorge Ubico, presidente de la República,

Considerando: que el decreto legislativo Número 2081 suprimió el departamento de Amatitlán, facultando al Poder Ejecutivo para que ordene las modificaciones que proceden en el Presupuesto General de Gastos vigente; y que, además, es necesario transferir también algunas otras partidas del mismo,

Por tanto, en uso de las facultades que le confiere la ley citada y el artículo 9°. del Decreto legislativo Número 2059, decreta:

Artículo 1°.— Se transfieren las siguientes partidas del Presupuesto General de Gastos vigente.

Ramo X – Hacienda

Capítulo I – Departamento de Guatemala – Inspección de Hacienda, partida N° 70036 – Inspector de Hacienda Q.175.00/mes.

Capítulo II – Departamento de Amatitlán: De la partida N° 70461 a la 70476 – Q.47.00/mes

Ramo X. – Hacienda

Capítulo I – Departamento de Guatemala – Tribunal y Dirección General de Cuentas – Tribunal de Cuentas – Partidas N°. A-71354-55 – Dos auditores, con Q175.00 cada uno: Q350.00/mes

Dirección General de Rentas:

Inspección de Depósitos de Licores:

        • Partida N° A-71356 -Inspector de Receptorías, Contadores Automáticos y Depósitos Fiscales: Q50.00/mes

Policía de Hacienda:

        • Partidas N°. A-71357-61 – Cinco agentes, con Q13.50 cada uno: Q67.50/mes
        • Partidas N° A-71362-66 – Alimentación de cinco plazas a Q7.00 cada una: Q35.00/mes2

Depósito de Licores de Amatitlán:

        • Partida N°. A-71367 – Guardaalmacén: Q50.00/mes
        • Partida N°. A-71368 – Vigilante: Q45.00
        • Partida N°. A-71369: Gastos generales y de escritorio: Q1.00/mes

Depósito de Licores de Villa Canales:

        • Partida N°. A-71370 – Guardaalmacén: Q50.00/mes
        • Partida N°. A-71371 – Vigilante: Q45.00/mes
        • Partida N°. A-71372 – Gastos generales y de escritorio: Q1.00/mes

Capítulo X – Departamento de Escuintla

Policía de Hacienda:

        • Partidas N°. A-71373-76 – Cuatro agentes, con Q13.50 cada uno: Q54.00/mes.

Artículo 3°.— La diferencia de trescientos diez y ocho quetzales (Q318.00) que existe entre las partidas que se transfieren y las que se crean, deberá cargarse a la partida del Presupuesto N°71353 que corresponde a los gastos extraordinarios e imprevistos del Ramo de Hacienda.

Artículo 4°.— La transferencia de mérito tendrá efecto a partir del primero de julio en curso y la Dirección General de Cuentas hará las operaciones que corresponden.

Dado en la Casa del Gobierno: en Guatemala, a los quince días del mes de julio de mil novecientos treinta y cinco.

        • Jorge Ubico
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, J. González Campo3

El resto de decretos gubernativos que modificaron el presupuesto de gastos de la Nación fueron tras la supresión del Departamento de Amatitlán fueron:

      • 1684: partidas del Ministerio de Agricultura4
      • 1685: partidas del Ministerio de Educación Pública5
      • 1686: partidas del Ministerio de la Guerra6
      • 1687: partidas del Ministerio de Gobernación y Justicia7

Todos estos decretos entraron en vigor el 1 de julio de 1935, que fue cuando el departamento de Amatitlán quedó oficialmente suprimido.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Méndez, Rosendo P. (1938) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1935-1936. LIV. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 248-249.
  2. Ibid., p. 377.
  3. Ibid., p. 378.
  4. Ibid., p. 379.
  5. Ibid., pp. 380-381.
  6. Ibid., pp. 381-384.
  7. Ibid., pp. 384-385

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11 de enero de 1873: eximen a los indígenas del servicio militar

El gobierno del general Miguel García-Granados y Zavala emite el decreto 83 eximiendo a los indígenas del servicio militar

11enero1873
Soldados guatemaltecos luego de la renuncia del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1920. Nótese que todos están descalzos. En el recuadro: el general Miguel García-Granados y Zavala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras la Revolución Liberal de 1871, el servicio militar se hizo obligatorio en 1872 planteando que el reclutamiento no debía caer «exclusivamente sobre la clase desvalida» y que los oficiales debían realizar enganches en las poblaciones ladinas.  Esto fue aclarado en el decreto N°. 83 emitido el 1873, el cual eximió a los indígenas del servicio militar, afimando que «en cambio, prestan otros de diferente naturaleza«;1 esto último, a su vez, quedaría reglamentado en 1877 con el Reglamento de Jornaleros que forzó a los indígenas a trabajar como colonos en las fincas cafetaleras.2

El decreto 83 dice así:1

Considerando: que el decreto número 66 de 8 de junio de 1872 no ha podido llenar en su totalidad el objeto que el Gobierno tuvo en mira al emitirlo, por las dificultades con que ha tropezado en la práctica, a consecuencia del régimen militar a que los pueblos se hallaban anteriormente acostumbrados; y

Que es justo y conveniente aliviar en lo posible a la clase proletaria que por un largo período de tiempo ha sido la sola que ha pagado a la República la contribución de sangre, a que todos los ciudadanos están igualmente obligados;

Decreto:

Art. 1°. Todos los guatemaltecos, ya sean naturales o naturalizados, desde la edad de 18 años cumplidos hasta la edad de 40, tienen la obligación de prestar servicio militar cuando las necesidades de su patria así lo exijan.

Art. 2°. Al efecto, todos aquellos a quienes comprenda esta ley deberán alistarse en el cuerpo del distrito militar en que estuvieren avecindados.  Los que faltasen a este deber, ya sea por malicia o por descuido, serán penados con un año de servicio activo en la guarnición que se designe conmutable con sesenta pesos.

Art. 3°. Los Jefes Políticos pasarán lista a los Comandantes de los distritos militares de su departamento, de los guatemaltecos que se inscribieron en virtud del decreto de 8 de junio último, con expresión de aquellos a quienes sea obligatorio el servicio militar, segun lo mandado en la presente ley.

Art. 4°. Todo guatemalteco al cumplir 18 años, y teniendo las demás cualidades que expresa esta ley, deberá presentarse al Comandante del distrito militar donde estuviese avencidado, para ser alistado como miliciano, bajo la pena prescrita en el artículo 2°.

Art. 5°. Quedan exceptuados del servicio militar:

      1. Los que no hubiesen cumplido 18 años o pasaren de 40.
      2. Los indígenas que no han estado acostumbrados a este servicio y que, en cambio, prestan otros de diferente naturaleza.
      3. Los ordenados in sacris.
      4. Los física o moralmente impedidos. Este impedimento debe ser plenamente comprobado.
      5. Los que aun cuando no hubieren cumplido los 40 años que señala el artículo 1°., fueren padres de seis o más hijos legítimos.
      6. Los jóvenes menores de 21 años que acreditaren su concurrencia sin interrupción a los establecimientos nacionales de enseñanza.

Art. 6°. Los empleados públicos, que sean de elección popular o de nombramiento del Gobierno o de cualquiera otra autoridad, no podrán ser llamados a servicio activo mientras duren en el desempeño de sus cargos o destinos.  Tampoco serán llamados al servicio activo, los directores de colegios y maestros de escuelas, aunque lo sean de establecimientos privados, mientras ejercen su profesión.

Art. 7°. También podrán exceptuarse del servicio los que, a pesar de tener para prestarlo las cualidades que esta ley exige, paguen la contribución militar.  Esta contribución será para los simples artesanos, trabajadores y proletarios, de diez pesos al año; y para los que posean algunos bienes de fortuna o tengan giro o profesión productiva, de quince pesos al año.

Art. 8°. Para obtener la excepción de que habla el artículo 7°. se procederá de la manera prevenida en el artículo 6°. del Decreto de 8 de junio último.

[…]

Art. 18. Queda derogado el decreto de 8 de junio, en todo lo que se oponga a la presente ley, cuyo cumplimiento se encarga al Ministro de la Guerra.

Dado en Guatemala, a once de enero de mil ochocientos setenta y tres.

      • Miguel García-Granados
      • El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de la Guerra, Francisco Alburéz1

Este decreto estuvo vigente durante poco tiempo, ya que la inestabilidad del país obligó a modificarlo el 17 de octubre de ese mismo año, por el nuevo presidente J. Rufino Barrios.  Esta modificación afectó unicamente a los indígenas, ya que los obligó a realizar prácticas militares en las fincas en que estuvieran trabajando.3

Ahora bien, al exceptuar a los indígenas del servicio militar directamente, se formaron fuerzas milicianas ladinas que fueron esenciales para garantizar las transformaciones en la tenencia de la tierra que el gobierno liberal impulsó sobre las tierras comunales indígenas, especialmente la expropiación de las mismas realizada por el Decreto 170 de redención de tierras ejidales de 1877.4

Estas fuerzas ladinas protegieron a los agrimensores e intervinieron en los conflictos que hubo por disputa de tierras, además de que aseguraron el transporte de trabajadores a las fincas y actuaron para reprimir cualquier desorden que afectara los intereses gubernamentales, y los de los finqueros que necesitaran mantener orden y control dentro de sus propiedades.5

En la práctica, cuando era necesario organizar un ejército para realizar una movilización nacional, siempre se recurrió al reclutamiento de los indígenas,5 e incluso hubo momentos tan críticos en que se requirió militarizar a los institutos de educación media y las escuelas facultativas.6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881).Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1871-1876 I. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 151.
  3. Gobierno de Guatemala, Recopilación: Leyes emitidas, 1871-1876, pp. 226-227.
  4. Gobierno de Guatemala, Recopilación: Leyes emitidas, 1877-1881, pp. 3-6.
  5. García Vetorazzi, María Victoria (2010) Acción subalterna, desigualdades socioespaciales y modernización. La formación de actores y circuitos del comercio indígena en Guatemala, siglos XIX y XX.  Louvain-la-Neuve: Université Catholique de Louvian, École des sciences politiques et sociales. p. 196.
  6. Estrada Paniagua, Felipe (1908). Recopilación: Las Leyes de la República de Guatemala, 1901-1902 XX. Guatemala: Tipografía Nacional.

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8 de enero de 1877: decreto 170 sobre redención de tierras ejidales

El gobierno del general presidente J. Rufino Barrios emite el decreto 170, el cual autoriza la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, en todos los municipios de la República.

8enero1877
Un antiguo beneficio de café en Santa Cruz Verapaz convertido en museo. En el recuadro: la familia Diesseldorf de colonos alemanes en la Verapaz, la cual fue una de las más beneficiadas por el decreto 170. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La llamada Reforma Liberal emprendida por el gobierno de J. Rufino Barrios consistió en una Reforma Agraria por medio de la cual las tierras que anteriormente pertenecían a las órdenes religiosas y los ejidos municipales (es decir, tierras comunales de los indígenas) pasaron a manos privadas. El 8 de enero de 1877 el gobierno de Barrios decretó la alienación de los terrenos municipales a las personas privadas, eliminando la enfitéusis, o censo enfitéutico, la cual era un derecho real que se remontaba a la época colonial, y que suponía la cesión temporal del dominio útil de un terreno a cambio del pago anual de un canon o rédito.1 La enfitéusis era una especie de cesión de tierras, similar a un arrendamiento vitalicio, respecto del dominio útil de una finca por medio del cual existía un régimen compartido de tenencia de tierra que llevaba a la disociación entre el dominio directo del propietario y el útil de la persona que usaba y aprovechaba la finca. 2

Por el medio de la enfitéusis se establecieron las tierras ejidales o comunitarias de los indígenas en Guatemala, y su eliminación por el decreto 170 supuso que las tierras que ocupaban hasta 1877 pasaran a manos privadas. 

El decreto en mención dice así:1

DECRETO Número 170

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala;

Considerando: Que el contrato de censo enfitéutico, tanto por su origen anticuado, como por las condiciones especiales en que se funda, es una institución que no está en armonía con los principios económicos de la época, por cuyo motivo es conveniente proceder á la redención del dominio directo de los terrenos que en la actualidad están poseídos bajo las estipulaciones del expresado contrato;

Que si bien la enfitéusis ha facilitado el repartimiento de la propiedad raiz poniéndola al alcance de los que de otra suerte no habrían podido adquirirla, la limitación del dominio útil a que por la naturaleza del contrato están reducidos los derechos del censatario y las trabas que son consiguientes al reconocimiento del dominio directo, producen necesariamente un obstáculo que impide la libre trasmisión de la propiedad dando por resultado el decrecimiento de su valor y la falta de estímulos para mejorarla en beneficio de la agricultura;

Que para llevar adelante la redención y conciliar mejor los intereses de los municipios censualistas con los de los censatarios, no se debe tomar por base en la deducción del capital representativo del valor de los terrenos acensuados el dos ó 3 por ciento que asigna la ley agraria para la computación del canon, por que si bien ella es moderada cuando se trata de deducir el interés, sucede lo contrario al tiempo de establecerla como tipo del capital que debe redimirse;

Que tanto por esta causa, como por la diversidad de formas adoptadas en la institución del censo de que se trata en los diferentes lugares de la República, así como también por el aumento progresivo del valor que han tenido los terrenos acensuados con la creciente mejora de la agricultura, no es oportuno ni justo que se derive de una sola base el capital redimible, sino variar esta en proporción a la época en que se instituyó el contrato, buscando por ese medio equitativo la más justa moderación del precio, sin desatender los intereses de los municipios; y finalmente,

Que abolido el contrato de censo mediante la redención obligatoria que se establece en este decreto y no debiendo hacerse nuevas concesiones en igual sentido, es consiguiente disponer al mismo tiempo la forma y términos que en adelante deban adoptarse para transferir la propiedad de los terrenos no acensuados pertenecientes a los ejidos municipales, y de los que sin pago de pensión alguna ni previa concesión a censo, están poseídos sin título que justifique su propiedad;

Por tanto, decreta:

Art. 1°.— Se procederá a la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, ya sean urbanos o rústicos, correspondientes a todos los municipios de la República.

Art. 2°.— Dicho valor redimible se computará por la pensión del censo que se cubra a los municipios, deducido como sigue:  en las imposiciones anteriores al año de 1840 se calculará sobre el 5% anual; en las efectuadas del año de 1840 al año de 1860, sobre el 8%, y en los posteriores al último año consignado, sobre el 10%.

Art. 3°.— Cuando por el cálculo anterior resultaren los terrenos con un precio extraordinario, se apreciará cada manzana, en las imposiciones anteriores al año de 1840, por la suma de cincuenta pesos; en la año de 1840 al del año de 1860 por cien pesos, y en los posteriores a este último año por ciento cincuenta pesos.

Art. 4°.— Los capitales procedentes de la redención relacionada, ingresarán al Banco Nacional, en donde serán administrados en cuanta corriente, con el interés del 4% anual, destinándose este producto a los gastos de los respectivos municipios. 

Art. 5°.— Los enteros por cuenta del valor de los terrenos acensuados, se harán por partes iguales, en seis vencimientos de tres en tres meses, siendo el primero el 28 de febrero entrante, a cuyo efecto los interesados firmarán otros tantos pagarés previa liquidación del capital é incluyéndose en los respectivos vencimientos el interés de un 6% sobre la cantidad que corresponda.  Cuando se hayan hecho anticipaciones por cuenta del censo se abonarán en ese pago los censatarios.

Art. 6°.— Para que se lleve a debido efecto la redención de que se trata, los Jefes Políticos de los departamentos recabarán, a la mayor brevedad posible, de las municipalidades de su jurisdicción, listas nominales de todas las personas que posean terrenos a censo, con especificación del canon anual que cubran y el área que posean.  Estas listas en todo el presente mes se remitirán a la Secretaria de Hacienda para que, conforme al artículo anterior, disponga lo conveniente. La formación de dichas listas no excusa á los poseedores de ejidos ó terrenos comunales de hacer presente á las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos.

Art. 7°.— Verificado el último entero, cada Municipio, autorizando al efecto a uno de los Alcaldes ó al Síndico de la corporación, ante un Escribano público, ó donde no lo hubiere ante el Juez de 1a.  instancia del departamento, otorgará á favor de los compradores de los terrenos acensuados escrituras en que se haga constar su propiedad.

Art. 8°.— Las ventas de dichos terrenos, efectuadas con motivo de la redención, no causarán pago de alcabala; pero los escribanos al extender las escrituras deberán atenerse en todo lo demás, a lo dispuesto por las leyes comunes respecto a los contratos de traslación de dominio.

Art. 9°.— Cuando se posean ejidos sin previa concesión y sin haberse cubierto canon alguno, se valuarán esos lotes por dos peritos, uno nombrado de oficio por la Jefatura política del departamento respectivo y otro designado por la Municipalidad de acuerdo con el poseedor. Este valúo se hará atendiendo solamente a la calidad y situacion del terreno, sin tomar en cuenta las mejoras existentes. Practicado dicho justi-precio, procederá el interesado á enterar el valor del lote en lo términos señalados en el artículo 5°. Todas las diligencias que con tal objeto se practiquen serán á costa del mismo poseedor.

Art. 10°.— Siendo obligatoria la redención del censo, el que se niegue a hacerla se entenderá que renuncia el derecho al terreno y el Municipio respectivo procederá a sacarlo al asta pública, rematándolo en el mejor licitante para que se entere su producto en el Banco Nacional. Si hubiere mejoras, se entregará al poseedor el exceso del precio de los terrenos indicados.

Art. 11°.— Cuando algún individuo oculte que posee terreno de ejidos se le impondrá la multa de un 25% sobre el valor del terreno, a cuyo efecto se sacará este al asta pública y del producto de la venta se dará la mitad al denunciante, si lo hubiere. A los individuos de la Municipalidad que resultaren complicados en dicha ocultación, se impondrá a cada uno de ellos una multa de diez a cien pesos.

Art. 12°.— Si hubiere cuestión sobre si un terreno es de ejidos o de propiedad particular, entonces el poseedor está obligado a ocurrir dentro del término de 15 días, después de publicado este decreto, a los tribunales para obtener la declaración correspondiente y no incurrir en la multa que se menciona en el artículo anterior.

Art. 13°.— En lo sucesivo no se harán conseciones a censo, y cuando se soliciten terrenos pertenecientes a Municipalidades y que se patentice que están ó deban estar entre su ejidos ó en otra propiedad comunal, con aprobación del Gobierno, se medirán y sacarán al asta pública, librándose el título en la forma que se establece en el artículo 8°. En tales casos el valor del terreno ingresará al Banco Nacional, abonándose cada año al Municipio que corresponda el rédito consignado en el artículo 4°.

Art. 14°.— En la solicituddes de terrenos a censo que en la actualidad se transmitan, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 15°.— La Secretaría de Hacienda queda encargada de reglamentar la forma y términos en que se deberá efectuar la redención a que se refiere el presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a ocho de enero de mil ochocientos setenta y siete.

        • J. Rufino Barrios
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia y Negocios Eclesiásticos, J. Barberena.2

Entre 1878 y 1894, los gobiernos liberales se enfocaron el la zona noroeste pastoral y forestal del país y se otorgaron extremas facilidades a los criadores-desbrozadores-colonos por un decreto de 1878. Las tierras dedicadas a los cultivos más especulativos (café, algodón, madera para construir) costaban 550 piastras por caballería, 400 piastras para los productos secundarios (plátano, caña de azúcar, tabaco) y únicamente 250 piastras para los productos juzgados menos rentables (ganado, cereales, viñas, añil y henequén). Por otra parte,  los entonces marginales departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal, entonces ampliamente abiertos a la colonización extranjera —alemana en la Verapaz y estadounidense en Izabal y Petén—, las tierras ejidales se otorgaron otorgadas de preferencia por una simple denuncia a la prefectura y, en general, declaradas para un uso establecido en la tarifa más baja. Por esa razón, en los gobiernos liberales siguientes los colonos alemanes y la United Fruit Company adquierieronn gratuitamente, o por un precio simbólico, tierras llamadas «de crianza«, en donde en realidad cultivaban los protudos más rentables: café, algodón, plátanos, caña de azúcar.3

Fueron los gobiernos del general José María Reina Barrios y del licenciado Manuel Estrada Cabrera los que realizaron las mayores adjudcaciones de tierras en propiedad entre 1877 y 1920:4

Gobierno No. de
Adjudicaciones
Superficie
concedida
(hectáreas)
J. Rufino Barrios 8 9,080
Manuel Lisandro Barillas 2 315
José María Reina Barrios 385 506,025
Manuel Estrada Cabrera 1,689 689,415
TOTAL 2,084 1,207,835

BIBLIOGRAFIA:

  1. Rodríguez, Analia Silvina (2006) La Enfitéusis en la Doctrina. El Salvador: Universidad de El Salvador.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 3-6.
  3. Piel, Jean (1989) San Andrés y el Quiché durante el primer siglo republicano: 1821-1920. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. p.67.
  4. Ibid., p. 68.

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