13 de julio de 1837: el jefe del Estado Mariano Gálvez envía una circular para reforzar la recaudación de fondos para la Academia de Ciencias y Estudios

El patio del edificio en el que funcionó la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.  La universidad abandonó el edificio en 1773, tras los terremotos, pero el mismo fue utilizado como bodega y como parroquia por el clero secular.  Imagen tomada Juan José de Jesús Yas.

Es frecuente escuchar que la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene problemas administrativos por falta del pago por parte del gobierno del 5% del presupuesto nacional asignado en la Constitución de la República, lo que hace pensar que éste es un problema generado con la constitución redactada en 1985. Por otra parte, también es frecuente que se diga que los fondos públicos son malversados por las autoridades de turno y que lo recaudado no llega a su destino final, algo que también se atribuye al desorden administrativo de los últimos tiempos.

Sin embargo, en diversas épocas de la vida independiente de Guatemala tanto el financiamiento de la educación superior como el manejo de los fondos públicos ha tenido graves problemas. Por ejemplo, cuando fue creada la Academia de Ciencias y Estudios en sustitución de la Pontificia Universidad de San Carlos en 1832, el gobierno liberal del Estado emitió un decreto que estipulaba cómo iba a ser su financiamiento. Sin embargo, para julio de 1837 había habido tantas anomalías en la reducación de esos fondos por parte de los funcionarios gubernamentales y eclesiásticos encargados de ello que el gobierno tuvo que emitir la siguiente circular:

El jefe del estado no olvidando que la instrucción pública es el primero de los bienes que debe procurar al estado: que ella no puede ser continuada bajo los establecimientos que ha decretado si no hay fondos para sostenerlos. Que los asignados en su decreto de 1°. de diciembre de 1835, son más que suficientes, si no se descuida su recaudación; ha tenido á bien acordar:

  • Que se reimprima el mencionado decreto, de que acompaño a usted un ejemplar.
  • Que sea circulado de nuevo a todos los funcionarios del orden judicial, gubernativo y de hacienda, y a los párrocos por la parte que les respecta.
  • Que los empleados de hacienda, estando encargados de la recaudación de los ramos que forman los de la academia, por el descuido respecto de ellos, sean responsables del importe perdido o defraudado, y que la misma responsabilidad recaiga sobre los párrocos y funcionarios que debiendo dar los avisos necesarios por lo que hace a fallecimientos, conforme al artículo 20 del citado decreto, por falta de ellos, se verifique la pérdida o defraudación.
  • Que los que se apropien bienes de los que, por mostrencos, ó por testamentos ó intestados, pertenecen á la instrucción pública, sean tratados como criminales por hurto, o falsa suposición, o por el título con que hayan hecho la apropiación ilegal.
  • Que aquellos funcionarios que apliquen los bienes mostrencos o que no tienen dueño conocido, á otros objetos, distrayéndolos de su destino queden obligados á reponer su importe a la Academia de Estudios con su propio peculio.
  • Que ningún albacea entre a ejercer funciones de tal, ni a asegurar o inventariar los bienes, sin exhibir al juez del circuito el testamento en que conste su nombramiento, y si lo hiciere se le repute, como intruso, y se proceda a costa de dicho albacea a lo que haya lugar, y aun a procesarle en su caso.
  • Que a los que denuncien cualesquiera intereses de la Academia que le toquen desde 1°. de marzo de 1832 hasta 5 de junio de este año, se le abone un dos por ciento mas del prevenido en el decreto de diciembre, a costa de los ocultadores o usurpadores.
  • Que en los casos en que el juez del circuito sea administrador de rentas y deba intervenir en sus operaciones este funcionario, nombre un representante específico por la Academia de Estudios.
  • Que lo que en dicho decreto de diciembre se encargaba a los jefes departamentales, se entienda ahora con los magistrados ejecutores, los cuales quedan con el deber de velar muy especialmente en que no se defrauden y descuiden los intereses que pertenecen a la Academia.

De más está indicar que la circular no tuvo ningún efecto positivo, no solamente por la negligencia de las autoridades competentes, sino por la revuelta campesina que estalló poco después y que eventualmente llevó al derrocamiento del régimen liberal en 1838. El gobierno conservador que sustityó a Gálvez restituyó a la Pontificia Universidad de San Carlos en 1840.

BIBLIOGRAFIA: