7 de mayo de 1953: Arbenz autoriza ampliar presupuesto de Fincas Nacionales

El coronel Jacobo Arbenz Guzmán durante un mitín realizado en El Chol, Baja Verapaz. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Reproducimos a continuación el decreto 976 del Congreso de la República de Guatemala, por medio del cual se amplió el presupuesto de Fincas Nacionales, dada su relevancia histórica:1

Decreto Número 976

El Congreso de la República de Guatemala, 

Considerando: que compete al Congreso de la República conforme a los artículos 44 y 48 del Decreto número 573, aprobar y transferir o ampliar los presupuestos de Fincas Nacionales;

Considerando: que la aplicación del Decreto número 900 (Ley de Reforma Agraria) al subrogar en parte el Decreto número 573 (Ley Orgánica de Fincas Nacionales), determina de hecho operaciones económicas de orden fiscal;

Considerando: que la liquidación de Fincas Nacionales require la ejecución de operaciones no contempladas en los Decreto números 832, 858 y 890 del Congreso de la República y que afectan la ampliación de sus presupuestos;

Considerando: que es necesario armonizar la situación presupuestal de Fincas Nacionales, creada con motivo del Decreto número 921 del Congreso de la República para cuyo efecto debe ampliarse éste en la suma de Q.404,470.10; y

Considerando: que para lograr la mejor aplicación de la ley de Reforma Agraria, en lo que se refiere a Fincas Nacionales, es conveninete permitir flexibilidad en la ejecución de su presupuesto vigente; por tanto, decreta:

Artículo 1°.— Se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egreso de la finca «Ceylán» que de conformidad con lo que determina el artículo 5° del Decreto del Congreso número 747 fue aprobado provisionalmente por las autoridades de Fincas Nacionales. 

Artículo 2°.— Se amplía el presupuesto vigente de Fincas Nacionales (decretos número 832 y 852 del Congreso de la República) en la cantidad de dos millones doscientos sesenta y tres mil setecientos treinta y dos quetzales ocho centavos (Q2.263,732.08) cuya cantidad proviene de las reservas y la estimación de la venta de productos que, se detallan así:1

        • a: De las reservas determinadas por las utilidades líquidas de los ejercicios 1949-50 y 1950-41, como sigue:
          • Fincas Nacionales: Q233,221.98
          • Fincas Intervenidas: Q560,000.00
        • b: Ingresos provenientes de la venta de azúcar que producirá la compra de caña a particulares, así:
          • Fincas Nacionales:
            • Ingenio «Palo Gordo»: Q600,000.00
          • Fincas Intervenidas:
            • Ingenio «Concepción»: Q495,000.001

Artículo 3°.— La cantidad anterior, que asciende a dos millones trecientos ocho mil setecientos treinta y dos quetzales ocho centavos (Q.2.308,732.08), se destina a los siguiente: [sigue la explicación detallada del uso asignado de los fondos]2

Artículo 4°.— Se cancelan las siguientes partidas del presupuesto vigente de Fincas Nacionales: [sigue la explicación detallada de las partidas que fueron canceladas]2

Artículo 5°.— La cantidad anterior de trece mil trescientos cuarenta y cuatro quetzales a que se refiere el artículo anterior, se destinada para la creación de las siguientes partidas en el presupuesto vigente de Fincas Nacionales: [sigue el detalle de la creación de las nuevas partidas, que incluyen los sueldos del Presidencia de la Comisión Liquidadora, delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito público y gerente, de los representantes del Tribunal  Contraloría de Cuentas, representante del Departamento Agrario Nacional, y gatos de representación de las personas que ocupaban estos cargos]3

Artículo 6°.— La amplicación a que el presente decreto se refiere, se resume de la siguiente forma:

        • Nacionales:
          • Ingresos provenientes de las reservas: Q.233,221.98
          • Ingresos provenientes de la venta de productos: Q.616,040.00
          • Egresos, conforme quedan descritos: Q.849,261.98
        • Intervenidas:
          • Ingresos provenientes de las reservas: Q.560,000.00
          • Ingresos provenientes de la venta de productos: Q.495,000.00
          • Egresos conforme quedan descritos: Q. 1.055,000.00
        • Gran total:
          • Propiedades nacionales: Q.849,261.98
          • Propiedades intervenidas: Q.1.055,000.00
          • Prespuesto del Departamento Agrario Nacional conforme Decreto del Congreso N°. 921: Q. 404,470.10
          • Total general: Q.2.308,732.08

Artículo 7°.— Las partidas creadas en el artículo 5°. del presente decreto tienen efecto desde el día primero de enero de 1953 y si las personas que desempeñan los cargos a que se refieren dicha spartidas han gozado de alguna asignación en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, quedan obligadas a efectuar el reintegro correspondiente, sin cuyo requisito previo no podrán cobrar las asignaciones que se autorizan en el artículo 5°, debiendo observase lo dispuesto en el capítulo XII del Decreto gubernativo número 1920, siendo el reintegro aludido una economía para los ramos que representan y en manera alguna afectará su condición laboral y en consecuencia no pierden el derecho adquirido en los puestos que han ocupado en los organismos que representan ante la Comisión Liquidadora ya que las funciones de ésta son de carácter transitorio.

Artículo 8°.— Para la aplicación del presente decreto, deben observarse las normas contenidas en los decretos del Congreso número 852 y 901 en vigor, y además, el Tribunal y Contraloría de Cuentas, queda en la obligación inmediata de controlar y aprobar todas las operaciones que se originen de la presente ampliación.3

Artículo 9°.— El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial.

Pase al organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo: en Guatemala a los treinta días del mes de abril de mil novecientos cincuenta y tres, año noveno de la Revolución.

        • Guillermo Ovando Arriola, presidente
        • Carlos García Manzo, secretario
        • J. D. Fuentes G., secretario

Palacio Nacional: Guatemala, siete de mayo de mil novecientos cincuenta y tres.

Publíquese y cúmplase.

        • J. Arbenz
        • El Ministro de Hacienda y Crédito Público, J. Gregorio Prem4

BIBLIOGRAFIA:

  1. Azurdia Alfaro, Roberto (1960). Recopilación de Leyes de la República de Guatemala, 1953-1954. LXXII. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 9.
  2. Ibid., p. 10-11.
  3. Ibid., p. 12.
  4. Ibid., p. 13.

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7 de mayo de 1934: Ubico deroga el Reglamento de Jornaleros

Obligado por la Gran Depresión, el presidente Jorge Ubico deroga el Reglamento de Jornaleros instuido por J. Rufino Barrios en 1877

7mayo1934
Una finca de café en las inmediaciones de Antigua Guatemala a principios del siglo XX en una fotografía de Juan José de Jesús Yas.  En el recuadro: el pago a los jornaleros; obsérvese la presencia de niños trabajadores.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 7 de mayo de 1934, enfrentando una severa crisis económica derivada de la Gran Depresión que se originó en los Estados Unidos tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, el gobierno del general Jorge Ubico derogó el «Reglamento de Jornaleros«, que había sido instituido durante el gobierno de J. Rufino Barrios y que había sido uno de los principales motores económicos de los terratenientes liberales por décadas.

El «Reglamento de Jornaleros» fue redactado por el ministro de Fomento y poderoso azucarero de la región de Escuintla, el licenciado Manuel María Herrera Moreno —quien además era tío del presidente Jorge Ubico ya que estaba casado con Ernestina Ubico Urruela—, y no era más que la legalización del trabajo forzado de los pobladores indígenas en las grandes fincas cafetaleras que recién se habían establecido por los liberales en Guatemala y que requerían de grandes cantidades de mano de obra para ser rentables.1,2 Por medio del decreto 177 del 3 de abril de 1877, el gobierno de Barrios emitió mencionado reglamento, y a partir de ese momento se permitió a los propietarios particulares de las fincas cafetaleras solicitar a los jefes políticos de los departamentos «mandamientos de jornaleros» para trabajar en sus propiedades.1,2

Estas «propiedades» se originaron tras una reforma del sistema de propiedad de la tierra que los liberales guatemaltecos implementaron con el triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871.  Por este método, pretendían convertir a todos sus allegados en propietarios individuales e iniciaron la venta de las tierras baldías, o tierras «realengas«, de las grandes haciendas confiscadas a las otrora poderosas  órdenes regulares de la Iglesia Católica, y las tierras comunales que tenían las comunidades indígenas.  Los principales favorecidos fueron los criollos liberales —entre ellos el padre del general Ubico, el licenciado Arturo Ubico Urruela, que poseía la importante hacienda cafetalera de San Agustín Las Minas en jurisdicción de Villa Canales3-6—, y los ciudadanos alemanes que se establecieron en la región de la Verapaz.7

Ya anteriormente, en 1829 tras la invasión del general Francisco Morazán y la expulsión de la familia Aycinena y de las órdenes regulares del territorio centroamericano, se habían expropiado por primera vez propiedades rurales para ser rematadas en subasta, principalmente a los socios ingleses del general Morazán.  El principal ejemplo fue la Hacienda de San Jerónimo, ubicada en el municipio de dicho nombre en la Verapaz, y que fue expropiada a los Dominicos y entregada a un ciudadano inglés. Sin embargo, los conservadores recuperaron el poder en 1840 y devolvieron muchas de esas propiedades a las órdenes.

A fin de reactivar la economía durante la Gran Depresión, el general Ubico le dió un impulso a la exportación del café, único producto del país, por medio de la «Ley de Vialidad«, que fue el decreto 1974 emitido en 1933.8 Dado que los fondos nacionales estaban en niveles mínimos, y era necesario construir caminos de terracería que comunicaran a las fincas productoras del grano con los puertos o estaciones del ferrocarril más cercanas, esta ley establecía que todo hombre indígena apto estaba obligado a trabajar en la construcción y mantenimiento de carreteras, con base a un censo proporcionado por cada una de las jefaturas políticas al Ministerio de Agricultura; posteriormente la Dirección de Caminos establecía el plan de trabajo en base a la información del censo. Aquellas personas que no quisieran realizar estos trabajos podían conmutarlo a razón de Q1.00 por semana, y dichos fondos debían utilizarse para la construcción de carreteras. Los únicos hombres indígenas aptos que estaban eximidos de esta obligación eran los profesores, para que no dejaran sus escuelas desatendidas durante las dos semanas que estaban obligados a trabajaren la construcción de caminos. De esta forma, con esta mano de obra gratuita, Guatemala pasó de tener aproximadamente 2,200 Km en carreteras en 1930 a tener 10,200 Km cuando el general Ubico presentó su renuncia el 1 de julio de 1944.9

Por medio del Reglamento de Jornaleros se trataba a los trabajadores casi como esclavos, teniéndolos en una situación de servidumbre similar a la de la época de la colonia. Y es que como el reglamento señalaba que el patrono podía adelantarle parte de su sueldo al trabajador, los patronos idearon un sistema por el cual muchos campesinos poco a poco se fueron endeudado con el dueño de la finca hasta que dicho endeudamiento era ya impagable y tenían que mantenerse a perpetuidad en dichas tierras ya que no podían dejar su trabajo sin haber saldado completamente la deuda adquirida. A esto se sumaba que las deudas eran heredadas de padres a hijos, por lo que estos último ya estaban obligados a permanecer en la finca en que habían trabajados sus padres. Y, por si esto no fuera poco, la mayoría de las fincas pagaban con su moneda propia, la cual podían intercambiar únicamente en la tienda de la finca por los productos que allí se encontraban, los cuales eran vendidos a altos precios.10

Poco antes de derogar el Reglamento de Jornaleros, Ubico promulgó el Decreto No. 1995, el cual señalaba en su único considerando que los “anticipos restringen la libertad de trabajo y convierten al jornalero en objeto de explotación indebida de quienes contratan sus servicios”. En ese decreto, el presidente dio un plazo de dos años para que los terratenientes cobraran a sus jornaleros lo adeudado, transcurridos los cuales todo adeudo quedaba saldado y los empleados empezaban a trabajar de cero o podían irse de la finca. Adicionalmente, el pago ya no podría hacerse por anticipado, sino por tarea, día o semana trabajada.10

Sin embargo, la Ley de Vialidad y el Reglamento de Jornaleros no eran suficientes para sostener la economía nacional, por lo que el gobierno de Ubico derogó el Reglamento el 7 de mayo de 1934 y a los tres días, emitió el Decreto 1996 conocido como la «Ley de Vagancia«, la cual tenía dos temas centrales: evitar la proliferación de vagabundos en el país y suplir de mano de obra a las fincas cafetaleras. Por supuesto, no incluía a los miembros de las élites locales, sino que se aplicaba únicamente a los indígenas y mestizos pobres. Todo aquel que era detenido en la calle por vagancia era obligado a ponerse a trabajar o se iba preso (aunque de todos modos terminaba trabajando para el Estado de manera gratuita).10

Al iniciar una nueva relación laboral entra en vigor la Ley Contra la Vagancia, que es el Decreto 1996, la cual en su artículo 2 señalaba los distintos casos en los cuales se podían aplicar las penas establecidas:

  • Los que no tienen oficio, profesión, sueldo u ocupación honesta que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia.
  • Los jornaleros que no tengan comprometidos sus servicios en fincas, ni cultiven, con su trabajo personal, por lo menos tres manzanas de café, caña o tabaco, en cualquier zona; tres manzanas de maíz, con dos cosechas anuales en zona cálida; cuatro manzanas de maíz en zona fría; o cuatro manzanas de trigo, patatas, hortalizas u otros productos, en cualquier zona.10

La ley también indicada que tanto las autoridades como los particulares estaban en la obligación de denunciar estos casos para que la persona en cuestión fuera procesada.  Y las penas que se imponían eran:

  • Las penas iniciales eran de 30 días de prisión las cuales iban aumentando en caso de reincidencia señalaba que toda persona que no pudiera comprobar que tenía ingresos para mantenerse sin trabajo, tenía que trabajar un mínimo de 150 días al año y que el pago de dichos servicios se haría al terminar el trabajo y no por anticipado.
  • Si la persona poseía una pequeña parcela de tierra y la cultivaba para su subsistencia, únicamente debía trabajar 100 días al año.10

A la larga, la Ley de Vagancia permitió continuar proveyendo a los terratenientes de mano de obra, sobre todo en la época de cosecha, pues eran muy pocos los campesinos que poseían los medios necesarios de subsistencia que eran requeridos para no ser considerado vago.

Al final, el efecto que esperaba Ubico de estas leyes laborales rindió sus frutos al cabo de varios años, cuando despegó la economía del país —en especial la de los cafetaleros, entre los que se incluía el propio presidente, quien había heredado la Hacienda San Agustín Las Minas a la muerte de su padre en 1927— y poco a poco se pasó de la crisis económica, hasta llegar a un superávit.11


BIBLIOGRAFIA:

  1. Barrios, J. Rufino (1877). «Decreto número 177: Reglamentos de jornaleros». El Guatemalteco (Guatemala). Archivado desde el original el 8 de mayo de 2015.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  3. Estrada Paniagua, Felipe (1 de febrero de 1907) Votos por la educación popular. Guatemala: La Locomotora. II (24). p. 1.
  4. — (1908). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1900-1901.  XIX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 124-125.
  5. — (1909). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1905-1906XX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 4-6.
  6. Matta, Juan (1912). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala, 1910-1911 XXIX. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 296.
  7. Caso Barrera, Laura (Diciembre 2014). Viajeros alemanes en Alta Verapaz en el siglo XIX. Su aportación al conocimiento de las lenguas y cultura mayas. Revista Brasileria de Lingüística Antropológica. 6 (2). p. 414.
  8. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  9. Chacón Córdova, Carolina (2018). La figura del general Jorge Ubico Castañeda: dictador o tirano. En: 200 años en camino, Bicentenario de la Independencia – 2021. Guatemala: Autorictas Prudentium. p. 5.
  10. Ibid., p. 10.
  11. Ibid., p. 11.

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