15 de mayo de 1935: el presidente Jorge Ubico convoca a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1879

15mayo1935
Plaza Central de Guatemala en 1945.  La construcción del Palacio Nacional de Guatemala y la remodelación de la Plaza de Armas fueron emprendidas por el gobierno del general Jorge Ubico para fomentar la economía y paliar los efectos d ela Gran Depresión en el país.  En el recuadro: retrato autografia del general Ubico.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El l de abril de 1935, el presidente general Jorge Ubicopresentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de modificar 27 artículos de la Constitución de 1879, con el fin de “suprimir las restricciones que dificultan el libre ejercicio de la iniciativa presidencial” y, como todo fue aprobado, el 15 de mayo de 1935 convocó a una Asamblea Constituyente que conformó entre sus partidarios para que aceptara las reformas propuestas.1

La principal reforma que le interesaba al gobernante era cambiar las disposiciones hechas en 1927, durante el gobierno del general Lázaro Chacón, y que prohibían la reelección del presidente. Para legalizar esta reforma el gobernante convocó a un plebiscito, en que el que obtuvo la aprobación de la población para su reelección. Pero hubo otras modificaciones importantes:1

  • Dejó en suspenso el Artículo 66 que dice “El período de la Presidencia será de seis años3 y dispuso que el período como Presidente Constitucional de general Ubico terminara el 15 de marzo de 1943.1
  • Estableció la Ley de Probidad que estableció controles que prohibieron el enriquecimiento de los funcionarios y limitó su autoridad y funciones; hasta entonces, el artículo 17 decía: “todo poder reside originariamente la Nación: los funcionarios no son dueños sino depositarios de la autoridad, sujetos y jamás superiores a la ley y siempre responsables por su conducta oficial”.4
  • Artículo 26: “es libre la emisión del pensamiento por la palabra, por escrito y también por la prensa, sin previa censura“. 5 El gobierno de Ubico limitó la libertad de prensa prohibiendo prohibió los ataques de los periodistas a los funcionarios públicos.
  • Artículo 28: “la propiedad es inviolable, sólo por causa de interés público legalmente comprobado, puede decretarse la expropiación; y en este caso, el dueño antes de que su propiedad sea ocupada, recibirá en moneda efectiva su justo valor“. 5 Este artículo fue modificado porque se introdujo un sistema de imposición fiscal sobre aquellas haciendas cuyo rendimiento no fuera adecuado a su extensión y condiciones.1
  • Artículo 25:  “se garantiza el derecho de asociación y de reunirse pacíficamente y sin armas; pero se prohibe el establecimiento de congregaciones conventuales y de toda especia de instituciones o asociaciones monásticas”.  Las reformas ampliaron la prohibición para incluir a aquellas agrupaciones que procuren el cambio de las instituciones por medios violentos o ilegales, refiriéndose a las organizaciones comunistas y, posteriormente, fascistas.1
  • Artículo 96:  “la ley organiza las Municipalidades sin alterar el principio de elección popular directa y designa las facultades que le corresponden.”6  Este artículo fue totalmente modificado, ya que los organismos locales pasaron a depender del ejecutivo, sustituyendo a los Alcaldes por los Intendentes nombrados por el poder central.2
  • Se restringieron algunos de los derechos individuales, y se ampliaron las facultades del ejecutivo, hasta eliminar el Consejo de Ministros, aunque este siempre había sido una figura decorativa conformada casi siempre por los diputados de más confianza del gobernante de turno.2

En 1941, se reunió la Asamblea del Partido Liberal Progresista, el partido fundado por Ubico, a fin de convocar a una constituyente con el sólo objeto de reformar el artículo primero transitorio de la Constitución de 1935, de manera que permitiera la reelección del gobernante una vez más. Como resultado, en julio de ese mismo año se convocó a una Asamblea Constituyente, que en sólo dos días aprobó, con un sólo voto en contra, la reforma del artículo transitorio, autorizando la reelección de Ubico para el período siguiente, que terminaría el 15 de marzo de 1949, dejando nuevamente en suspenso el artículo 66. La justificación a la que aludió la Constituyente, conformada casi en su totalidad por personal de Partido Liberal Progresista, fue el apoyo popular de la ciudadanía y la obra realizada en las circunstancias difíciles con que encontró el gobierno en 1931, y que se debían a la Gran Depresión que empezó en 1929.2


BIBLIOGRAFIA:

  • Valladares de Ruiz, Mayra (Agosto de 1995). Los gobiernos liberales y sus fuerzas políticas 1871-1944. En Estudios del IIHAA, 2 (95). Guatemala: Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, Universidad de San Carlos. p. 106.
  • Ibid, p. 107.
  • Asamblea Legislativa (1879). Constitución de la República de Guatemala.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. 11.
  • Ibid, p. 3.
  • ibid, p. 4.
  • Ibid, p. 17.

 

3 de mayo de 1865: la Cámara de Representantes elige al Mariscal Vicente Cerna como presidente de Guatemala

3mayo1865
El Mercado central de la Ciudad de Guatemala, construido por el gobierno del Mariscal Vicente Cerna y destruido por el terremoto de 1976.  En el recuadro: el Mariscal Cerna.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El licenciado Pedro de Aycinena asumió la presidencia provisoria tras la muerte del Capitán General Rafael Carrera el 14 de abril de ese año, ya que de acuerdo a la constitución vigente a él le correspondía por ser el minismo más antiguo.  Su primer acto oficial fue enviar una proclama a la población anunciado la elección del nuevo presidente a la brevedad posible.    (Nota de HoyHistoriaGT: es importante destacar que debido a que Carrera había si nombrado presidente vitalico en 1854, la constitución tuvo que ser modificada para regresar al sistema de presidentes electos cada cuatro años.) 1,2

El decreto de Aycinena dice así:

Pedro de Aycinena,

Ministro de Relaciones Exteriores, encargado interinamente del Gobierno;

Por cuanto: ha llegado el caso previsto en los Artículos 5° y 9° del Acta Constitutiva de la República, con motivo del fallecimiento del Excmo. Sr. Capitán General D. Rafael Carrera, Presidente de la República;

POR TANTO:

Con presencia de lo dispuesto en dichos Artículos, y oído el parecer del Consejo de Estado,

TIENE A BIEN DECRETAR Y DECRETA:

Art. 1.° — Se convoca d la Cámara de Representantes, para que constituyéndose en Asamblea general, con la concurrencia de los funcionarios que al efecto designa el Art. 5° se verifique la elección de Presidente Constitucional de la República.

Art. 2° — Con tal objeto, la Cámara abrirá su sesión extraaordinaria el dia 1.° de Mayo próximo entrante; celebrando una Junta preparatoria el dia 28 del corriente.

Art. 3° — El Ministro de Gobernación queda encargado de la Ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio del Gobierno, en Guatemala, á catorce de abril de mil ochocientos sesenta y cinco.

El Ministro de Gobernación,

M. Echeverría.

Y por disposición del Sr. Ministro encargado interinamente del Gobíerno, se imprime publica y circula.— Guatemala, Abril 14 de 1865.

Echeverría.3

La elección fue realizada el 3 de mayo de 1865 por los miembros de la Cámara de Representantes que, al igual que como ocurriría con las Asambleas Legislativas que hubo en los gobiernos liberales, estaba compuesta por allegados del fallecido presidente.  Los candidatos que se presentaron fueron el Mariscal Vicente Cerna y el general Manuel González.4   El Mariscal Cerna era de origen mestizo y había sido uno de los correligionarios de Carrera desde la época en que ambos peleaban juntos durante el alzamiento católico campesino que derrocó al gobierno liberal del Dr. Mariano Gálvez en 1838.  Gracias a su amistad con Carrera tuvo puestos de importancia en la administración del gobierno, siendo el Corregidor del entonces vasto departamento de Chiquimula y llegando al máximo escalafón del ejército guatemalteco.  Por otra parte, el general González era descendiente de una de las familias criollas del país, pero quien acababa de regresar de México tras una larga ausencia.4

El Mariscal Cerna resultó electo, y desde su toma de posesión fue llamado “Huevo Santo” por el pueblo guatemalteco dada su parsimonia, la falta de vivacidad en su caráter y, sobre todo, por las estudiadas práticas jesuitas de piedad y catolicismo con el que el nuevo presidente se presentó ante la sociedad.5  También se dice que fue nombrado así porque, a diferencia de Carrera, no acostumbraba a tener agasajos con jovencitas durante sus viajes a los diferentes poblados que visitaba.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869 I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. p. 87.
  2. Lainfiesta, Francisco (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. Período de 20 años corridos del 14 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885. Guatemala: Pineda e Ibarra. p. 4.
  3. Aycinena, Pedro de (14 de abril de 1865). Decreto del Ministro de Relaciones Exteriores, Encargado Interinamente de la Presidencia. Guatemala: Imprenta de la Paz. p. 1.
  4. Ibid, p. 5.
  5. Ibid, p. 6.

1 de mayo de 1947: durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo entra en vigencia el decreto 330 del Congreso de la República: el Código de Trabajo

1mayo1947
Escenas de la producción cafetalera en Guatemala grabadas en madera con base a las fotografías realizas por Eadweard Muybridge en 1875.  Aquel era el trabajo tradicional de los indígenas guatemaltecos hasta 1947.  En el recuadro: el presidente de Guatemala, Dr. Juan José Arévalo.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Hasta 1947, las leyes vigentes en Guatemala favorecían grandemente a los patronos, en especial a todos aquellos que establecieron sus fincas cafetaleras o de otra índole durante el gobierno del general J. Rufino Barrios y los gobiernos liberales que le siguieron.  Leyes como el Reglamento de Jornaleros redactado por el ministro de Fomento del general Barrios, el licenciado Manuel María Herrera Moreno,1 o la Ley de Vagancia y la Ley de Vialidad emitidas durante el gobierno del general Jorge Ubico,2 tenían como único propósito proporcionar de mano de obra indígena casi gratuita a los grandes cafetaleros a fin de impulsar la economía nacional.

Los cambios globales que se produjeron hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, impulsados por el fin del fascismo y el establecimiento del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt en los Estados Unidos produjeron una oleada de leyes que mejoraban las condiciones de los trabajados en todo el mundo.3  En Guatemala gobernaba el Dr. Juan José Arévalo, quien llegó al poder en las primeras elecciones que se realizaron tras el gobierno de 14 años del general Jorge Ubico, que fue el último gobernante liberal en la región.  En Guatemala, tanto el período liberal, que duró de 1871 a 1944, como el conservador, que fue de 1838 a 1871, se caracterizaron porque los presidentes eran dictadores prácticamente dueños de vidas y haciendas que se perpetuaron en el poder y que sólo salieron de la presidencia muertos o derrocados, con la única excepción del general Manuel Lisandro Barillas en 1892.4

Los cambios sociales que se observaron durante la época revolucionaria (1944-1954) obedecieron a las transformaciones globales que se produjeron por la caída de los regímenes fascistas de Hitler en Alemania y de Mussolini en Italia.  En Guatemala, los principales cambios que se dieron incluyeron la implementación de un Instituto de Seguro Social y la de leyes que ofrecieran un mínimo de protección a los trabajadores. Así pues, el Decreto 330 del Congreso de la República fue enviado al ejecutivo el 8 de febrero de 1947 y aprobado por el presidente, Dr. Juan José Arévalo, el 20 de febrero, entrando en vigor el 1 de mayo de eso año para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.5

Desde entonces, el Código ha sufrido varias y serias reformas. Por ejemplo, luego del triunfo de la Operación PBSUCCSS de la CIA estadounidense que derrocó al presidente de Guatemala, coronel Jacobo Arbenz Guzmán, el presidente Carlos Castillo Armas emitió el Decreto Presidencial 570 el 28 de febrero de 1956, el cual modificó 97 artículos del Código de Trabajo y derogó 7 de ellos. Posteriormente, durante el gobierno del general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, se aprobó la reforma contenida en el Decreto 1441 del Congreso de la República del 29 de abril de 1961, que constituyó prácticamente una
sustitución total del Decreto 330, por lo que desde entonces, se considera al Decreto 1441 como el Código de Trabajo.6 Desde entonces se han venido dando otras reformas para actualizar la ley a las nuevas formas de trabajo que han surgido en las últimas décadas.5


BIBLIOGRAFIA:


26 de abril de 1902: la Asamblea Legislativa aprueba el Reglamento del Ejercicio de la profesión de Farmacia

26abril1902
Unión Farmacéutica de Lanquetin, Castaing & Co. que funcionaba en la Ciudad de Guatemala. Era propiedad de los franceses Julio Lanquetin, Víctor Castaing y del guatemalteco Felipe Solares.  Imagen tomada de El Libro Azul de Guatemala.

El 20 de febrero de 1902, el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera reguló la profesión de Farmacia en Guatemala, por medio del decreto 621 el cual estaba basado en las modificaciones formuladas por una Comisión Mixta de médicos y abogados y por la Facultad de Medicina y Farmacia del Centro. Se reproducen a continuación algunos de los aspectos más importantes de dicho decreto:1

Decreto Número 621:Capítulo IClasificaciones de las sustancias medicionales y personas a quienes compete la venta

Artículo 1°. Para los efectos de este reglamento, se dividen las sustancias medicinales como a continuación se expresa:

  1. Medicamentos, que son las sustancias simples o compuestas ya preparadas y dispuestas para su uso medicinal inmediato.
  2. Drogas, objetos naturales y productos químicos empleados como primeras materias en la preparación de los medicamentos.
  3. Plantas medicinales indígenas.

Artículo 2°. La preparación oficinal y magistral, y el expendio por menor de toda sustancia medicamentosa, así como de cualquier medicina de patente, aguas minerales, etc., corresponde exclusivamente a los Farmacéuticos titulados.

Artículo 3°. El derecho exclulsivo profesional de los Farmacéuticos, y libertad de comercio e industria de los drogueros y herbolarios, se sujetará, no obstante, a las prescripciones del presente reglamento.

Capítulo II

Del ejercicio de la Farmacia

Artículo 4°. La profesión de farmacia se ejerce regenteando una botica, ya en concepto de propietario, o como responsable de la que se le encargue. […]1

Artículo 6°. Si en una población no hubiere farmacia servida por un profesor, podrá la Junta Directiva de la FAcultad conceder licencia a una o más personas para establecer puntos de venta, debiendo quitarlos cuando llegue a establecerse un farmacéutico y siempre que llene las condiciones siguientes:

  1. Sujetarse a un examen práctico sobre reconocimiento, usos principales y dosis a que pueden administrarse las sustancias que podrán expender y que serán las de uso más comun y menos peligroso, si el capital que empleen en un surtido de drogas y medicinas fuere mayor de quinientos pesos.
  2. Presentar una información de vida y costumbres.
  3. Pagar los derechos de xamen, si lo hubiere, y el valor de la matrícula

Artículo 7°. Autorizada la apertura de una botica, pondrá el farmacéutico, en la parte exterior del establecimiento un rótulo que diga: Botica de N.N, y un farol, en la parte superior de la puerta, que por la noche indique el lugar del establecimiento.[…]

Capítulo IV

De los envases

Artículo 9°. Todos los medicamentos estarán en sus frascos esmerilados y de color correspondiente para las sustancias alterables por la luz, así mismo, los frascos propios para los jarabes, aceites, aguas gaseosas, etc., vasos de loza fina y de porcelana con sus tapaderas, y el demás envase relativo a las sustancias que deben contener; todo rotulado uniformemente, sujetándose a una misma nomenclatura que será la de la Farmacopea guatemalteca, cuyos nombres deberán estar en castellano y en latín sin abreviaturas.[…]2

Capítulo V

De las obligaciones de los farmacéuticos

Artículo 11.- Los farmacéuticos están obligados a habitar en sus establecimientos; a dirigir las operaciones de laboratorio; a despachar, por si o bajo su propia responsabilidad, los medicamentos o las recetas.

Artículo 12.- Los farmacéuticos con botica abierta, no podrán ausentarse por más de un mes de la población en donde se hallen establecidos, sin dejar un regente farmacéutico que los sustituta.[…]

Artículo 15.- Es absolutamente prohibido al farmacéutico recetar o suministrar medicamentos sin orden de algún médico con título legal.[…]3

Capítulo VI

Despacho de boticas

Artículo 25. Las boticas estarán abiertas desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, sin perjuicio de quedar los farmacéuticos obligados a despachar los medicamentos que se soliciten a cualquier hora de la noche; pero en la población donde hubiere varias boticas, la Junta Directiva, o la autoridad local en su defecto, señalará las de turno, que serán las obligadas al despacho durante la noche.[…]

Artículo 28.- Aún con receta, los farmacéuticos no despacharán medicamento alguno heróico o venenoso en dosis extraordinaria, sin consultar antes con el médico que suscriba la receta y exigir la ratificación de ésta.  La misma precaución tendrán con las sustancias incompatibles.[…]4

Artículo 31.- Para la venta de los medicamentos, lo mismo que para el despacho de recetas y prepración de medicamentos oficinales, los farmacéuticos se ceñirán en lo posible al Codex francés, mientras tanto se forma la Farmacopea del país.[…]

Capítulo VII

Obras necesarias al farmacéutico

Artículo 42. – En toda botica deberá tenerse el Codex francés, entre tanto se emite la Farmacopea guatemalteca: una colección de formularios más usados para satisfacer las exigencias de los médicos; un tratado de farmacia; otro de química; otro de historia de drogas y otro de falsiciaciones y alteraciones de los medicamentos.[…]5

Capítulo XIII

Droguería

Artículo 55.- Toda droguería que se establezca en la República estará bajo la inmediata inspección de la Junta Directiva de la Facultad de Medicina y Farmacia.[…]6

Del presente Decreto se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próxima sesiones.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo. En Guatemala, a veinte de febrero de mil novecientos dos.

  • Manuel Estrada C.
  • El Secertario de Gobernación y Justicia, Juan J. Argueta7

El 26 de abril de ese año, la Asamblea Legislativa aprobó este reglamento, por medio de este escueto decreto:

DECRETO NUMERO 522

La Asamblea Nacional Legislativa de la República de Guatemala

Decreta:

Artículo único.- Apruébase el Decreto número 621, emitido por el Ejecutivo el 20 de febrero de 1902, que reglamenta el ejercicio de la profesión de Farmacia.

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, a los veinticuatro días del mes de abril de mil novecientos dos.

    • Arturo Ubico, presidente
    • Vicente Sáenz, secretario
    • J. Eduardo Girón, secretario8

BIBLIOGRAFIA:


 

23 de septiembre de 1837: nace en Salamá Francisco Lainfiesta, gran colaborador de J. Rufino Barrios como presidente de la Asamblea Legislativa y ministro de Fomento

23septiembre1837
Caricatura satírica de los licenciados José León Castillo (izq.) y Francisco Lainfiesta, que apareció en el periódico cabrerista “El Torpedo” en 1898 cuando ambos eran candidatos presidenciales contra el presidente interino Manuel Estrada Cabrera. Imagen tomada de “El Torpedo“.

Aunque había nacido en Salamá, Baja Verapaz, Francisco Lainfiesta era diputado por Suchitepéquez en la Asamblea Constituyente de 1879, y uno de los firmantes del decreto que instauró la Constitución de Guatemala de ese año y que benefició considerablemente al general presidente J. Rufino Barrios.  Su padre se llamaba Francido de Infiesto, quien emigró a la Verapaz a finales del siglo XVIII y se radicó en Rabinal.; allí, el uso cotidiano de su apellido por parte de los indígenas hizo que prefiriera modificarlo por “Lainfiesta”.1

Francisco Lainfiesta nació en Salamá, Baja Verapaz el 23 de septiembre de 1837, hijo del español ya mencionado y de la mestiza verapacense Eulogia Torres.  Lanfiesta estudió en la escuela privada de Andrés Pineda, en donde recibió su título de bachiller en Filosofía en 1851.1 Abrazó la causa liberal, y una vez instalado Barrios en el poder como presidente constitucional, Lainfiesta fue electo como diputado por Santa Cruz del Quiché en 1880, y a partir de 1881 fue presidente de la Asamblea Legislativa. Entre los decretos aprobados por aquel cuerpo legislativo cuando él lo presidía se encuentran:2

  1. 8 de abril de 1881: aprobar el Tratado de Amistad y Comercio entre Guatemala y Honduras, que fue suscrito por el plenipotenciario Lorenzo Montúfar y el hondureño Enrique Soto.
  2. 25 de abril: posponer la Exposición Nacional que iba a realizarse el 1882 por carecer de suficiente tiempo para organizarla.
  3. 25 de abril: extinguir la Sociedad Económica, creada durante la colonia en 1795 y restituida en 1840, quedándose con sus bienes e ingresos, y trasladando la sede de la Asamblea al edificio de dicha sociedad, y la Biblioteca Nacional al antiguo edificio de la Asamblea.  El Ministerio de Fomento había tomado las funciones de dicha Sociedad desde su creación.
  4. 26 de abril: regula la celebración de matrimonios religiosos, los cuales debían hacerse previa verificación de que ya se había realizado el matrimonio civil.
  5. 12 de marzo de 1883: aceptar la renuncia del diputado por Izabal, Antonio Batres Jáuregui, quien partió para los Estados Unidos como ministro plenipotenciario, y organizar la elección de su suplente.
  6. 9 de abril de 1883: aprobar el ascenso a general general de brigada para el coronel Manuel Lisandro Barillas.2

Como era parte del grupo de más cercano de colaboradores del presidente Barrios, Lainfiesta fue beneficiado con la propiedad que había pertenecido a los frailes de la Escuela de Cristo, en donde instaló la Tipografía “El Progreso“, la cual fue el órgano oficial del gobierno liberal.3,5 De hecho, en 1884, molesto por el acercamiento que Barrios había tenido con la Iglesia Católica para buscar su apoyo en la campaña de la Unificación Centroamericana, hizo que sus trabajadores empezaran a desmantelar el techo de la iglesia a media misa, obligando al traslado forzado de las imágenes del Jesús Nazareno de las Tres Potencias y de San Felipe Neri en una improvisada procesión a su nuevo solar en la Parroquia.4

De 1883 a 1885, Lainfiesta fungió como Secretario de Fomento, primero con el general J. Rufino Barrios. Ahora bien, desde su época como presidente de la Asamblea, se autorizó al Ministerio de Fomento a emitir las leyes que fueran convenientes durante los prolongados recesos de la Asamblea Legislativa, por lo que Lainfiesta fue partícipe de numerosos decretos, entre los que destacan:5

  1. 1 de mayo de 1884: aprobación del contrato entre la Compañía del Ferrocarril del Norte y la Shea Cornick y Cía., para la construcción del primer tramo de 62 millas de dicho ferrocarril entre la costa del Atlántico y Los Amates, Izabal. El contrato se aprobó tras solo 24 horas de discusión.
  2. 27 de junio de 1884: decreto en el que se le concedía en propiedad un lote de once y cuarta hectáreas (un cuarto de caballería) de los terrenos expropiados a las comunidades indígenas en los departamentos de Petén, Izabal, Zacapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz, a aquellos trabajadores estadounidenses o europeos que la compañía que construía el Ferrocarril del Norte trajera a Guatemala y trabajara en la misma por más de un año.
  3. 7 de julio de 1884: contrato con Guillermo Nanne de la “Central American Pacific Railway & Transportation Co.” para construir un hotel a la orilla del Lago de Amatitlán y poner un buque a vapor para que funcionara en el mismo.
  4. 9 de agosto de 1884: contrato con Roderico Toledo para mejorar el sistema de agua potable de la Ciudad de Guatemala.
  5. 6 de octubre de 1884: adjudicación de un terreno de mil quinientas caballerías del “Central American Pacific Railway & Transportation Co.” siendo limitada al norte por el río Motagua, al sur por la frontera con Honduras, al oeste por el río Bobo y al este por las tierras de Chapulco. (De éstas, 300 pasaron a propiedad  del general Barrios).
  6. 17 de octubre de 1884: girar las instrucciones al Comisionado de Guatemala en Nueva Orleans para la “Exposición Universal de Industrias y Centenaria-algodonera” de esa ciudad en la que se promocionaría el Ferrocarril del Norte y el puerto en la bahía de Santo Tomás.
  7. 15 de noviembre de 1884: aprobación del Reglamento de Ferrocarriles de Sangre (tirados por caballos) y de Vapor (tirado por locomotora de vapor).5

Lainfiesta salió al exilio cuando murió J. Rufino Barrios, y allí escribió su obra “Apuntamientos para la Historia de Guatemala” en la cual, aunque presenta a Barrios como el héroe liberal que expulsó a los frailes de la iglesia católica, y en especial a los jesuitas, también muestra la crudeza que se vivió en Guatemala por la personalidad tiránica del presidente.1

Hacia el final de su vida regresó a Guatemala y fue candidato presidencial en las elecciones de 1892, pero perdió contra el general José María Reina Barrios, a quien criticó duramente en sus obras.  Por último, fue candidato presidencial en las elecciones de 1898, en las que nuevamente fue derrotado, esta vez por el licenciado Manuel Estrada Cabrera; época en la que se publicó el periódico pro-cabrerista “El Torpedo” en el cual los partidarios del presidente interino le hicieron serias acusaciones a Lainfiesta, entre las que sobresalen:6

  1. Le fue suspendido su protocolo de abogado cuando hizo un testamento falso en Antigua Guatemala.
  2. Hizo un viaje a los Estados unidos para arreglar un problema que había con los billetes del Banco Nacional, y aprovechó para enriquecerse en el proceso.
  3. Se apropió de la Escuela de Cristo durante la consolidación de lo bienes eclesiásticos que promovió Barrios.
  4. Fue acusado de profanar la tumba del poeta José Batres Montúfar.
  5. Fue el pionero de la prensa que se dedica a publicar propaganda para el gobierno de turno.6

BIBLIOGRAFIA:

  1. Lainfiesta, Francisco (1975) [1886]. Apuntamientos para la Historia de Guatemala; Período de 20 años corridos del 14 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885. Guatemala: Pineda e Ibarra.
  2. Guerra, Viviano (1883). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1881-83 III. Guatemala: Tipografía El Progreso.
  3. Batres Jáuregui, Antonio (1944). La América Central Ante la Historia. 1821-1921. III. Guatemala. Tipografía Nacional.
  4. Sandoval, Juan Alberto (19 de marzo de 2008). Procesiones de Jesús Nazareno de las Tres Potencias de la Parroquia Vieja (1884-1984). Guatemala. La Hora.
  5. Guerra, Viviano (1886). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1883-85 IV. Guatemala: Tipografía El Progreso.
  6. Hamélius B., Francisco. (6 de septiembre de 1898). Coup de Point. 1 (13). En: El Torpedo.  Guatemala: A. Síguere & Cía.

28 de noviembre de 1944: la Junta Revolucionaria de Gobierno emite el Decreto No. 17 por medio del cual se modifica completamente la estructura del gobierno

28noviembre1944
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944.  En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.

No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).

Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.

El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.

El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:

Decreto Número 17

La Junta Revolucionaría de Gobierno,

CONSIDERANDO:

Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;

CONSIDERANDO:

Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;

CONSIDERANDO:

Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;

CONSIDERANDO:

Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;

CONSIDERANDO:

Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;

CONSIDERANDO:

Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;

CONSIDERANDO:

Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;

CONSIDERANDO:

Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;

CONSIDERANDO:

Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;

POR TANTO,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:

I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado.
II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente.
III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente
IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece.
V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros.
VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial.
VII.— Autonomía de la Universidad Nacional.
VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular.
IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla.
X. — Efectiva probidad administrativa.

Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República.
La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó.
La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.

ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.

ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.

ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.

ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.

ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.

ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.

ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Comuníquese y cúmplase.

  • Francisto Javier Arana
  • Jacobo Arbenz
  • Jorge Toriello
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna
  • El Secretario de Estado en el Despachode Relaciones Exteriores, E. Muñoz Meany
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, Jorge Luis Arriola
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Rafael Pérez de León
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Pedro G. Cofiño
  • El Delegado de la Junta Encargado del Despacho de Guerra, Francisco J. Arana
  • El Secretario de Estado sin Cartera, F. Silva Peña

BIBLIOGRAFIA:

  • Junta Revolucionaria de Gobierno (28 de noviembre de 1944). Decreto 17.  Guatemala.

 

2 de junio de 1897: las municipalidades responden al telegrama enviado por el general presidente José María Reina Barrios en el que comunica que ha asumido poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados

 

2junio1897
Calle de San Nicolás en Quetzaltenango, luego de los fuertes combates entre las tropas alzadas lideradas por el coronel Próspero Morales y las fuerzas leales al gobierno de Reina Barrios en septiembre de 1897.  Imagen tomada de “La Ilustración del Pacífico” En el recuadro: retrato del presidente guatemalteco Reina Barrios.

La crisis económica derivada de la caída del preció internacional del café tomó al general presidente José María Reina Barrios en medio de varios proyectos faraónicos con los que pretendía convertir a Guatemala en un destino de inversión para las naciones europeas y norteamericanas.  Desafortunadamente, todo quedó inconcluso cuando la economía se desplomó provocando que cuando Reina Barrios propusiera extender su mandato para remediar la situación, se enfrentara a una férrea resistencia.1

La siguiente misiva fue enviada por Reina Barrios a todas las autoridades de la República indicando, según él, que se había “visto obligado” a tomar poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados de la Asamblea Legislativa cuando éstos prefirieron ausentarse de la misma en vez de prestarse a las imposiciones del presidente:

Telegrama del general presidente

A todas las autoridades departamentales y locales de la República

Guatemala, 1°. de junio de 1897

Todos los círculos sociales tienen ya conocimiento de que instalada la Asamblea Nacional Legislativa del presente año, algunos señores diputados, bajo la inspiración y la influencia de personalismos y ambiciones mal disimuladas, dieron lugar a incorrecciones e irregularidades sin precedente alguno en nuestra historia parlamentaria. 

Surgió de allí la lucha entre elementos opuestos, o sea entre representantes excitados por las pasiones políticas y representantes partidades del orden y del bienestar sociales.

Se pretendió romper los lazos de la buena armonía entre los poderes de la nación, y se llegó hasta el punto de dictar leyes anticonstitucionales y por lo mismo inconvenientes y aun contradictoria alguna.

Era natural, por consiguiente, que la mayoría de los diputados, conociendo el terreno cubierto de sombras políticas por donde podía desviarse la Asamblea, se retiraran de sus puestos, y quedó la minoría que, persistiendo en sus propósitos antipatrióticos y hostiles, luchó inútilmente, durante más de un mes, por volver a reunir la mayoría que necesitaba para celebrar sesión, y a pesar de sus fuerzas nunca lo consiguió.

La misma minoría fue reduciéndose, cada vez más, hasta el número de nueve diputados, que no podían ni reunirse en junta el treinta y uno de mayo ultimo, quedando así disuelta, de hecho, la Augusta Representación Nacional, por las imprudencias y por la impolítica de unos cuantos representantes.

Circunstancia es esta que ha puesto al Ejecutivo en el caso imprescindible de asumir los Poderes Públicos Nacionales.  No obstante esto, debo hacer constar antes todos mis compatriotras, en cumplimiento de mi deber, que no seré yo quien deje de continuar firme en mis propósitos de mantener el orden, las libertades y las garantasí individuales que prescriben nuestras leyes constitucional y reglamentarias; esperando que con el contingente de los buenos ciudadanos, continuaremos promoviendo el progreso moral y material, y realizando, para el porvenir, la verdadera felicidad de la República.

Enemigo como he sido y seré siempre de medidas extremas y violentas, todos los guatemaltecos estarán libres de atropellos y vejaciones, pudiendo continuar entregados, como hasta hoy, a la consecución de su bienestar personal y colectivo, pues no ha sido otra mi ambición que la de cumplir lo mejor posible los deberes que me imponen mi condición de hijo del pueblo y el alto empleo que me confiriera el voto de las mayorías.

[…]

Para conocimiento de todos publíquese por bando la presente manifestación.

José María Reina Barrios2

Hubo dos tipos de respuesta a este telegrama; el más generalizado fue el de un total servilismo, mientras que hubo algunos que respondieron lacónicamente, presagiando las revoluciones que se desatarían ante esta situación.

Los siguientes dos telegramas ejemplifican las contestaciones serviles que recibió Reina Barrios de sus allegados:

Totonicapán, 2 de junio de 1897 – Señor General Presidente: Desde que los buenos guatemaltecos vimos la conducta subversiva de varios representantes del pueblo, esperábamos que los demás, como sinceros patriotas, se retirasen del seno de aquel alto cuerpo, como en efecto sucedió, y que dejando al reconocido patriotismo de Ud. y a su ilustrado criterio la salvación del conflicto de la Patria, esta vendría indudablemente en las perfectas condiciones que encierra su estimable telegrama recibido hoy y fechado ayer: como funcionario púbico y como buen guatemalteco, ofrezco a Ud. incondicionalmente mi lealtad y humildes servicios para el sostenimiento del orden público y para el fomento de todo aquello que tienda al ensanche de nuestros principios democráticos  y sus naturales consecuencias.  Adrián F. Caballeros.3

San Sebastián Huehuetenango, a nueve de junio de mil ochocientos noventa y siete.  Impuestos los vecnios de este pueblo de que el señor General don José María Reyna Barrios, Presidente de la Repªblica, ha asumitodo todos los poderes de la Nación, por causas justas y conocidas de todos, dispusieron espontánea y libremente asociarse de la Corporación Municipal y celebrar el acta siguiente: 1.°. Los vecinos de San Sebastián Huehuetenango, como la mayoría de la República, especialmente la gente honrada, aprueban el proceder del señor General Presidente y una vez más le ofrecemos nuestra adhesión.  2.° Que siendo la paz el mejor bien que los pueblos pueden disfrutar, creen que la personalidad del General Reyna Barrios en la presidencia de la República es la mejor prenda que puede garantizar aquel bien, y por consiguiente, desean siga de Presidente, y corta de una vez el desasosiego e intranquilidad que empezaba a sentirse con las luchas electorales. 3.° Que el país le debe mucho al General Reyna, por la sabia, prudente y conciliadora política que ha tenido con México, y las Repúblicas vecinas, no queriendo tomar parte en sus contínuas e ingratas guerras en que se destrozan entre sí, tocándole a Guatemala perder sangre y dinero.  4.° Que el Ferrocarril del Norte y la Exposición son obras que solamente el genio audaz, perseverante y patriótico del General Reyna puede llevar a su feliz conclusión, pues son obras que fuera de su gran importancia en su costo, tienen enemigos exteriores, que a otro que no fuera el General Reyna, se intimidaría por el dinero que hay que invertir, o lo halagarían de la manera provechosa al mandatario a fin de que no se hiciera dicho Ferrocarril. 5.° Que el gobierno del General reyna, ha puesto en práctica todas las libertades públicas, ha garantizado a la sociedad, ha reprimido los pícaros, ha puesto coto al abuso de los empleados, ha escuchado las quejas que se le han dirigido, y que bajo su Gobierno hemos progresado, y que si no continuara en el Gobierno de la República, volveríamos a lo de atrás, porque es difícil gobernar con tino y acierto, libre de pasiones de partidos y sin ambiciones de plata, lo que dudamos haga otro en el Poder.  6.° Que aunque hijos del último rincón de la República, le damos al General Reyna Barrios un voto de gracias por todos los bienes que le ha hecho a la República, por su buen Gobierno, y por las dotes políticas de que el cielo lo ha dotado; ya que la Asamblea, representante de los pueblos, nada hizo, ofuscada por cuestiones de bandería y de ambicios de medro, lo que es de sentir; pues antes que el principio de alternabilidad, antes que todo, queremos paz, garantías y progreso.  7.° Que esta nuestra humilde manifestación sea elevada al Señor Presidente, por medio del señor Jefe Político del Departamento.  Firmado por el alcalde Fernando Castillo y los miembros del concejo municipal.4

Por otra parte, he aquí dos telegramas muy significativos, enviados por el coronel Próspero Morales (ex-ministro del gabinete de Reina Barrios) y por el licenciado José León Castillo, quienes acababan de ser nombrados Jefes Políticos de San Marcos y de Chiquimula, respectivamente,5 y quienes encabezarían sendas revueltas contra el gobierno pocos meses después:

San Marcos, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente. Al quedar enterado de su telegrama de ayer, lo he mandado publicar por bando, como está ordenado. Próspero Morales.6

Chiquimula, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente: Se ha publicado por bando a los vecinos de esta cabecera y se ha comunicado a las autoridades de mi jurisdicción, su telegrama en que manifiesta haber asumido los poderes de la Nación.  José León Castillo. 6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Macías del Real, A. (15 de mayo de 1897). Resumen quincenal. En: La Ilustración Guatemalteca.  Guatemala: Siguere, Guirola y Cía. I (22) p. 320
  2. El Progreso Nacional (1897). Telegrama del General Presidente y contestaciones de las autoridades de la República. En: Documentos importantes, Biblioteca de “El Progreso Nacional. Guatemala: Tipografía Nacional. p. i-ii.
  3. Ibid, p. 7.
  4. Ibid, p. 127.
  5. Nuestro Diario (12 de enero de 1926).  Retazos de nuestra historia: el movimiento revolucionario de Castillo.  Guatemala: Nuestro Diario. p. 1.
  6. Ibid, p. 5.

7 de mayo de 1934: obligado por la Gran Depresión, el presidente Jorge Ubico deroga el Reglamento de Jornaleros instuido por J. Rufino Barrios en 1877

7mayo1934
Una finca de café en las inmediaciones de Antigua Guatemala a principios del siglo XX en una fotografía de Juan José de Jesús Yas.  En el recuadro: el pago a los jornaleros; obsérvese la presencia de niños trabajadores.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 7 de mayo de 1934, enfrentando una severa crisis económica derivada de la Gran Depresión que se originó en los Estados Unidos tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, el gobierno del general Jorge Ubico derogó el “Reglamento de Jornaleros“, que había sido instituido durante el gobierno de J. Rufino Barrios y que había sido uno de los principales motores económicos de los terratenientes liberales por décadas.

El “Reglamento de Jornaleros” fue redactado por el ministro de Fomento y poderoso azucarero de la región de Escuintla, el licenciado Manuel María Herrera Moreno (quien además era tío del presidente Jorge Ubico ya que estaba casado con Ernestina Ubico Urruela), y no era más que la legalización del trabajo forzado de los pobladores indígenas en las grandes fincas cafetaleras que recién se habían establecido por los liberales en Guatemala y que requerían de grandes cantidades de mano de obra para ser rentables.1,2 Por medio del decreto 177 del 3 de abril de 1877, el gobierno de Barrios emitió mencionado reglamento, y a partir de ese momento se permitió a los propietarios particulares de las fincas cafetaleras solicitar a los jefes políticos de los departamentos “mandamientos de jornaleros” para trabajar en sus propiedades.1,2

Estas “propiedades” se originaron tras una reforma del sistema de propiedad de la tierra que los liberales guatemaltecos implementarion tras el triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871.  Por este método, pretendían convertir a todos sus allegados en propietarios individuales e iniciaron la venta de las tierras baldías, o tierras “realengas“, de las grandes haciendas confiscadas a las antiguamente ponderosas  órdenes regulares de la Iglesia Católica, y las tierras comunales que tenían las comunidades indígenas.  Los principales favorecidos fueron los criollos liberales (entre ellos el padre del general Ubico, el licenciado Arturo Ubico Urruela, que poseía la importante hacienda cafetalera de San Agustín Las Minas en jurisdicción de Villa Canales3,4,5,6), y los ciudadanos alemanes que se establecieron en la región de la Verapaz.7

Ya anteriormente, en 1829 tras la invasión del general Francisco Morazán y la expulsión de la familia Aycinena y de las órdenes regulares del territorio centroamericano, se habían expropiado por primera vez propiedades rurales para ser rematadas en subasta, principalmente a los socios ingleses del general Morazán.  El principal ejemplo fue la Hacienda de San Jerónimo, ubicada en el municipio de dicho nombre en la Verapaz, y que fue expropiada a los Dominicos y entregada a un ciudadano inglés. Sin embargo, los conservadores recuperaron el poder en 1840 y devolvieron muchas de esas propiedades a las órdenes.

A fin de reactivar la economía durante la Gran Depresión, el general Ubico le dió un impulso a la exportación del café, único producto del país, por medio de la “Ley de Vialidad“, que fue el decreto 1974 emitido en 1933.8 Dado que los fondos nacionales estaban en niveles mínimos, y era necesario construir caminos de terracería que comunicaran a las fincas productoras del grano con los puertos o estaciones del ferrocarril más cercanas, esta ley establecía que todo hombre indígena apto estaba obligado a trabajar en la construcción y mantenimiento de carreteras, con base a un censo proporcionado por cada una de las jefaturas políticas al Ministerio de Agricultura; posteriormente la Dirección de Caminos establecía el plan de trabajo en base a la información del censo. Aquellas personas que no quisieran realizar estos trabajos podían conmutarlo a razón de Q1.00 por semana, y dichos fondos debían utilizarse para la construcción de carreteras. Los únicos hombres indígenas aptos que estaban eximidos de esta obligación eran los profesores, para que no dejaran sus escuelas desatendidas durante las dos semanas que estaban obligados a trabajaren la construcción de caminos. De esta forma, con esta mano de obra gratuita, Guatemala pasó de tener aproximadamente 2,200 Km en carreteras en 1930 a tener 10,200 Km cuando el general Ubico presentó su renuncia el 1 de julio de 1944.9

Por medio del Reglamento de Jornaleros se trataba a los trabajadores casi como esclavos, teniéndolos en una situación de servidumbre similar a la de la época de la colonia. Y es que como el reglamento señalaba que el patrono podía adelantarle parte de su sueldo al trabajador, los patronos idearon un sistema por el cual muchos campesinos poco a poco se fueron endeudado con el dueño de la finca hasta que dicho endeudamiento era ya impagable y tenían que mantenerse a perpetuidad en dichas tierras ya que no podían dejar su trabajo sin haber saldado completamente la deuda adquirida. A esto se sumaba que las deudas eran heredadas de padres a hijos, por lo que estos último ya estaban obligados a permanecer en la finca en que habían trabajados sus padres. Y, por si esto no fuera poco, la mayoría de las fincas pagaban con su moneda propia, la cual podían intercambiar únicamente en la tienda de la finca por los productos que allí se encontraban, los cuales eran vendidos a altos precios.10

Poco antes de derogar el Reglamento de Jornaleros, Ubico promulgó el Decreto No. 1995, el cual señalaba en su único considerando que los “anticipos restringen la libertad de trabajo y convierten al jornalero en objeto de explotación indebida de quienes contratan sus servicios”. En ese decreto, el presidente dio un plazo de dos años para que los terratenientes cobraran a sus jornaleros lo adeudado, transcurridos los cuales todo adeudo quedaba saldado y los empleados empezaban a trabajar de cero o podían irse de la finca. Adicionalmente, el pago ya no podría hacerse por anticipado, sino por tarea, día o semana trabajada.10

Sin embargo, la Ley de Vialidad y el Reglamento de Jornaleros no eran suficientes para sostener la economía nacional, por lo que el gobierno de Ubico derogó el Reglamento el 7 de mayo de 1934 y a los tres días, emitió el Decreto 1996 conocido como la “Ley de Vagancia“, la cual tenía dos temas centrales: evitar la proliferación de vagabundos en el país y suplir de mano de obra a las fincas cafetaleras.10  Por supuesto, no incluía a los miembros de las élites locales, sino que se aplicaba únicamente a los indígenas y mestizos pobres. Todo aquel que era detenido en la calle por vagancia era obligado a ponerse a trabajar o se iba preso (aunque de todos modos terminaba trabajando para el Estado de manera gratuita).<sup>10</sup>

Al iniciar una nueva relación laboral entra en vigor la Ley Contra la Vagancia, que es el Decreto 1996, la cual en su artículo 2 señalaba los distintos casos en los cuales se podían aplicar las penas establecidas:

  • Los que no tienen oficio, profesión, sueldo u ocupación honesta que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia.
  • Los jornaleros que no tengan comprometidos sus servicios en fincas, ni cultiven, con su trabajo personal, por lo menos tres manzanas de café, caña o tabaco, en cualquier zona; tres manzanas de maíz, con dos cosechas anuales en zona cálida; cuatro manzanas de maíz en zona fría; o cuatro manzanas de trigo, patatas, hortalizas u otros productos, en cualquier zona.11

La ley también dinciada que tanto las autoridades como los particulares estaban en la obligación de denunciar estos casos para que la persona en cuestión fuera procesada.  Y las penas que se imponían eran:

  • Las penas iniciales eran de 30 días de prisión las cuales iban aumentando en caso de reincidencia señalaba que toda persona que no pudiera comprobar que tenía ingresos para mantenerse sin trabajo, tenía que trabajar un mínimo de 150 días al año y que el pago de dichos servicios se haría al terminar el trabajo y no por anticipado.
  • Si la persona poseía una pequeña parcela de tierra y la cultivaba para su subsistencia, únicamente debía trabajar 100 días al año.11

A la larga, la Ley de Vagancia permitió continuar proveyendo a los terratenientes de mano de obra, sobre todo en la época de cosecha, pues eran muy pocos los campesinos que poseían los medios necesarios de subsistencia que eran requeridos para no ser considerado vago.

Al final, el efecto que esperaba Ubico de estas leyes laborales rindió sus frutos al cabo de varios años, cuando despegó la economía del país (en especial la de los cafetaleros, entre los que se incluía el propio presidente, quien había heredado la Hacienda San Agustín Las Minas a la muerte de su padre en 1927) y poco a poco se pasó de la crisis económica, hasta llegar a un superávit.11


BIBLIOGRAFIA:

  1. Barrios, J. Rufino (1877). «Decreto número 177: Reglamentos de jornaleros». El Guatemalteco (Guatemala). Archivado desde el original el 8 de mayo de 2015.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  3. Estrada Paniagua, Felipe (1 de febrero de 1907) Votos por la educación popular. Guatemala: La Locomotora. II (24). p. 1.
  4. Ibid. (1908). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1900-1901.  XIX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 124-125.
  5. Ibid, (1909). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1905-1906XX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 4-6.
  6. Matta, Juan (1912). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala, 1910-1911 XXIX. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 296.
  7. Caso Barrera, Laura (Diciembre 2014). Viajeros alemanes en Alta Verapaz en el siglo XIX. Su aportación al conocimiento de las lenguas y cultura mayas. Revista Brasileria de Lingüística Antropológica. 6 2. p. 414.
  8. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  9. Chacón Córdova, Carolina (2018). La figura del general Jorge Ubico Castañeda: dictador o tirano. En: 200 años en camino, Bicentenario de la Independencia – 2021. Guatemala: Autorictas Prudentium. p. 5.
  10. Ibid, p. 6.
  11. Ibid, p. 7.