30 de septiembre de 1978: fuertes protestas civiles contra aumento de tarifa de transporte urbano hacen tambalear gobierno de Lucas García

30septiembre1978
Pasaje Rubio en la sexta avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.  En ese lugar fue asesinado Oliverio Castaneda de León, secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios y uno de los principales líderes de las masivas protestas contra el gobierno de Lucas García.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Se ha reportado ampliamente que el gobierno del general Fernando Romeo Lucas fue altamente represivo, pero es importante destacar que se vió obligado a emprender dichas medidas por el grado de organización que tenía la izquierda cuando tomó posesión del gobierno el 1 de julio de 1978.

El gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García había sido mucho más tolerante que el del general Carlos Arana Osorio, lo que aunado con el terremoto del 4 de febrero de 1976 que desvió la atención del gobierno hacia la reconstrucción nacional permitió que la izquierda se organizara ampliamente.  Los altamente capaces intelectuales antigubernamentales tomaron el control de numerosas entidades civiles, como la Universidad de San Carlos, la Asociación de Estudiantes Universitarios, la Coordinadora de Educación Media y la dirección de los sindicatos y unidades sindicales más importantes y lograron establecer un frente muy bien organizado contra el gobierno.

Este poderoso movimiento de izquierda se manifestó el 30 de septiembre de 1978, cuando el gobierno intentó aumentar la tarifa del transporte urbano en la ciudad de Guatemala de 5 a 10 centavos: jóvenes de diversos barrios populares reanudaron su protesta al construir barricadas en las principales calles en sitios que habían sido claves las jornadas de protesta contra el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes en marzo de 1962. El fin de semana siguiente, se declaró una huelga general y los empleados estatales paralizaron sus labores y ocuparon sus lugares de trabajo, mientras que los institutos de nivel medio y sus alrededores fueron controlados por estudiantes que se enfrentaron a la policía.​ El descontento popular era tan grande que la manifestación casi se sale del control de sus dirigentes.

Las protestas finalizaron hasta que se alcanzó el objetivo más importante: el viernes 7 de octubre el Concejo Municipal restauró la tarifa de cinco centavos; los manifestantes habían logrado vencer al Gobierno militar a través de la movilización popular, aunque a costa de cerca de cuarenta a cien fallecidos. Algo quedó muy claro: la movilización de octubre enunció una posición revolucionaria contra el gobierno, inspirada por la insurrección que estaba ocurriendo en Nicaragua.

En ese momento, el gobierno de Lucas García estaba en crisis, ya que podía ver la inminente posibilidad que las guerrillas rebeldes guatemaltecas también aprovecharan la movilización popular en la ciudad como estaban haciendo los sandinistas nicaragüenses. Entonces contraatacó: a partir de octubre 1978 el Estado y la extrema derecha señalaron a los líderes estudiantiles e intelectuales de la Universidad de San Carlos como los posibles líderes políticos de la oposición y entonces empezaron los ataques de los escuadrones de la muerte, que eran grupo paramilitares financiados por la extrema derecha.

Pocos días después del fin de las protestas, el profesor universitario y dirigente de la Democracia Cristiana René de León Schlotter sufrió un atentado a tiros en el que resultó muerto su chofer. Luego, el martes 17 de octubre, Santiago López Aguilar, director de la Escuela de Orientación Sindical, sobrevivió un atentado, y el 18 de octubre, el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), un grupo paramilitar, publicó una lista negra en la cual amenazó de muerte a treinta y ocho personajes clave del movimiento popular. Entre ellos estaban varios universitarios, incluyendo al rector de la Universidad de San Carlos, Saúl Osorio Paz, varios decanos de la universidad y el secretario general de la AEU, Oliverio Castañeda de León, quien sería asesinado el 20 de octubre tras la manifestación de ese día pleno centro de la ciudad y a escasos metros del Palacio Nacional.

Era solo el prinpicio; a partir de ese momento, el régimen de Lucas se convirtió en un gobierno represivo que eliminó la resistencia civil en la ciudad y venció a la guerrilla en el interior de la República.


BIBLIOGRAFIA:

  • CEUR (2009). «En pie de lucha: Organización y represión en la Universidad de San Carlos, Guatemala 1944 a 1996»Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Universidad de San Carlos. Archivado desde el original el 11 de marzo de 2009.
  • Levenson-Estrada, Deborah (1994). Trade Unionists Against Terror: Guatemala City, 1954-1985 (en inglés) (1.a edición). ISBN 978-0807844403.
  • McClintock, Michael (1985). «The American Connection: State terror and popular resistance in Guatemala». Third World Books (en inglés) (1.aedición) (Zed Books, Universidad de Texas) 2ISBN 9780862322595.

31 de julio de 1980: en medio del Conflicto Armado Interno, el Ing. Ricardo Molina Mejía, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, finaliza su turbulenta gestión como Rector interino

31julio1980
Edificio de la Rectoría del Campus Central de la Univesidad de San Carlos en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.  Muy cerca de donde se tomó esta fotografía se registró el asesinato indiscrimado de estudiantes de Ingeniería.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En 1980, la represión en contra de la izquierda que había emprendido el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, luego de que ésta había dado enormes muestras de poder y organización recién iniciado su período gubernamental en julio de 1978 se agudizó. Los grupos que habían dado muestras de ser los que coordinaban la oposición al régimen oligárquico-militar eran la Universidad de San Carlos, las asociaciones estudiantiles, grupos campesinos, las iglesias, y los sindicatos, los cuales se habían reforzado tras el terremoto del 4 de febrero de 1976 (pues el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García tuvo que enfocarse en las tareas de reconstrucción), y tenían fuertes nexos e incluso miembros que también pertenecían a las fuerzas guerrilleras marxistas que libraran una guerra contra el gobierno.

En 1980, la situación se agudizó aún más tras la quema de la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero en un confuso incidente que incluyó la toma de las instalaciones por parte de un grupo de campesinos asesorados por universitarios y guerrilleros y una respuesta brutal por parte de las fuerzas de seguridad del estado. Por esta razón, cada miércoles en reunión ordinaria y otros días en reuniones extraordinarias, se reunía la mayoría de los cuarenta y cuatro miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos para analizar la situación de Guatemala, la cual era alarmante para los grupos de izquierda. La influencia de los opositores al régimen era evidente pues no había consenso sobre las acciones a tomar ya que solamente un reducido grupo sugería que la universidad debía bajar el perfil en su identificación con el movimiento izquierdista. Pero los que no querían cambia de postura estaban divididos: el grupo en el que se incluía el Rector Saúl Osorio Paz (quien era miembro del proscrito Partido Guatemalteco del Trabajo) propugnaba la firmeza en su postura, sin llegar a provocar al gobierno, mientras que el grupo más radical consideraba deber de la universidad unirse al proceso revolucionario marxista.

La estrategia del gobierno era infiltrar el Campus Central con miembros de las fuerzas contrainsurgentes clandestinas para identificar mejor a los líderes de las asociaciones y sindicatos, lo que resultó en que a diario hubiera víctimas universitarias de la represión del régimen, al punto que el mismo Rector estuvo a punto de morir en un par de veces. Ante esta situación, el CSU decidió que lo mejor era que el Rector Osorio Paz saliera del país, algo que logró después de momentos sumamente tensos. A partir de entonces estuvo trabajando en el exilio entre México y Costa Rica, mientras que en Guatemala fue reemplazado en sus funciones en Guatemala por el licenciado Leonel Carrillo Reeves, Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.

Tras un mes de relativa tranquilidad, el CSU se vio emplazado por los miembros que querían un cambio en la postura de la universidad (entre quienes había algunos universitarios con estrechos contactos con militares de alto rango) para que se pidieran la renuncia a Osorio Paz, aduciendo que las declaraciones y acciones de éste en el exterior ponían en peligro la integridad física de los universitarios que seguían en Guatemala. Carrillo Reeves planteó entonces que él no seguiría siendo el Rector en funciones para forzar a que Osorio Paz renunciara a su condición de Rector en el exilio o regresara a asumir nuevamente sus funciones. Los miembros izquierdistas del CSU rechazaron el planteamiento del Rector en funciones, pues consideraban que esto equivaldría a descabezar a la universidad y, vía nuevas elecciones, someterla al control militar.

Como Carrillo Reeves había asumido por ser el Decano que más tiempo había estado en el ejercicio de dicho cargo, luego de su renuncia le correspondeió asumir la Rectoría al segundo Decano más antiguo en el puesto, quien era el Ing. Roberto Molina Mejía. La fecha del traspaso de funciones se programó para el 14 de julio de 1980 y Mejía llegó antes de las 7:00 a.m. a la Rectoría en el Campus Central para cumplir con el mandato del CSU.  Los miembros del CSU procedieron a preparar la firma del acta de traspaso de funciones y justamente cuando Molina Mejía estaba a punto de firmar una de las copias del acta, se escuchó lo que parecía la explosión de muchos cohetillos en las afueras del Edificio de la Rectoría. Pero no eran juegos pirotécnicos; durante varios minutos, fuerzas de seguridad del gobierno provenientes de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala dispararon en contra de todas las personas que ingresaban o circulaban por el acceso a la ciudad universitaria desde el Anillo Periférico, muy cerca de la Rectoría. Hubo docenas de heridos de bala y el saldo fatal fue de ocho estudiantes muertos (todos ellos estudiantes del curso de vacaciones de la Facultad de Ingeniería). Se trató del primer ataque en los recintos universitarios desde 1962, y la explicación oficial fue que esa mañana un grupo guerrillero había matado al jefe de la estación de policía de la zona 7 y que, en venganza, y en función de la acusación pública del presidente Lucas García de que la universidad era “centro de subversión“, integrantes de ese contingente habían decidido atacar a los universitarios, en forma inmediata e indiscriminada.

La universidad declaró tres días de duelo, cerró todas sus actividades académicas y sostuvo una conferencia de prensa para hacer conocer su posición a la opinión pública. Los diecisiete días que Molina Mejía fungió como Rector Magnífico de la Universidad fueron los más intensos de la época represiva; su equipo de trabajo tuvo audaces iniciativas para salvar la crisis y las amistades se solidarizaron con el Rector y la institución, ofreciendo su concurso para detener el baño de sangre. La universidad planteó el diálogo nacional y se alcanzó a los ámbitos académico, religioso y político, pero no se llegó a plantear tal diálogo. Incluso, hubo personas que, corriendo riesgos personales, le permitieron pasar cada noche en una casa distinta hasta que entregó el cargo el 31 de julio de 1980.

Carrillo Reeves fue nuevamente rector de la Univerisdad hasta que entregó el cargo al nuevo rector, Mario Dary Rivera en 1981.  Ambos murieron asesinados en el Campus Central de la universidad, Dary Rivera por un grupo izquierdista en diciembre de 1981 y Carrillo Reeves en diciembre de 1983.  Los decanos de tres escuelas facultativas tuvieron que renunciar y salir al exilio, y tres murieron asesinados o secuestrados; y se calcula que alrededor de 150 profesores y quinientos estudiantes murieron o desaparecieron en esa época.


BIBLIOGRAFIA:


10 de julio de 1980: en medio de la tensión laboral entre el Embotelladora Guatemalteca y su sindicato de trabajadores, aparece asesinado en la zona 18 un trabajador con una credencial de miembro del servicio de Inteligencia Militar

10julio1980
La fuente de Carlos III, que originalmente estaba en la Plaza Central, ahora localizada en la Plazuela España en la Ciudad de Guatemala, con el adorno de Coca-Cola en diciembre de 2013.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Hubo una época en que se decía que en Guatemala preferíamos Pepsi en vez de Coca-Cola.  Y esto ocurrió porque esta última cerró sus operaciones en 1984, en medio de la Guerra Civil de Guatemala (llamada “Conflicto Armado Interno” por cuestiones diplomáticas y legales luego de las negociaciones que llevaron a los Acuerdos de Paz en 1996).  He aquí un resumen de por qué Coca-Cola cerró temporalmente:

Coca-Cola ha estado presente en Guatemala desde 1939, y el sindicato de la embotelladora surgió en 1948 durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo, aunque fue disuelto en 1954 tras el derrocamiento del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Luego de veinte años, en 1974, la empresa “Embotelladora Guatemalteca, S.A.” indemnizó a casi todos sus obreros para recontratar a la mayoría, con lo que los trabajadores perdieron su antigüedad en la compañía y el 25% de sus prestaciones, provocando que los trabajadores se organizaran y formaran el sindicato nuevamente, con la asesoría de la Central Nacional de Trabajadores.

El 26 de enero de 1976, ya durante el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García, luego de que ciento cincuenta y cuatro trabajadores fueron despedidos, el sindicato tomó las instalaciones de la empresa. Los sindicalistas fueron violentamente expulsados por la policía, resultando en doce heridos y catorce detenidos, lo que dió origen a un fuerte movimiento sindical en el país que dió origen al Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS).  Este movimiento realizó varias campañas de movilización que lograron que se reconociera el “Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca, S.A.” y que la empresa aceptar dicsutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo tras reinstalar a los despedidos.

Ahora bien, este movimiento sindical era izquierdista y tenía vinculaciones con la Federación Autónoma Sindical de Guatemala y los proscritos Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).  Para contrarrestar esto, los administradores de la empresa tenían una relación estrecha con las fuerzas de seguridad del Estado, en especial el coronel Germán Chupina Barahona; de hecho, varios miembros de las fuerzas de seguridad tenían puestos administrativos y contrataron a la Policía Militar Ambulante para encargarse de la seguridad.

Entre 1977 y 1978 hubo varios atentados contra miembros del sindicato con ataques armados que resultaron en varios heridos y hasta amenazas del Ejército Secreto Anticomunista (una especia de guerrila de extrema derecha), pero a pesar de todo, lograron que se firmara el pacto colectivo de condiciones de trabajo.  Pero a partir de allí, hubo asesinatos y desapariciones de miembros del sindicato, algunos de ellos a plena luz del día cuando los trabajadores estaban repartiendo bebidas en los camiones, mientras que otros fueron secuestrados durante manifestaciones y aparecieron muertos con señales de tortura.  Esta violencia ocurría al mismo tiempo que el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García implementaba un ataque frontal a las organizaciones izquierdistas que se habían reforzado y organizado durante el gobierno de Laugerud.

Ante esta violencia, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines, con sede en Ginebra, Suiza inició campañas internacionales con la finalidad de presionar a los dueños de la franquicia en Guatemala y a las autoridades del país.  Pero también hubo violencia contra los administradores de la empresa, que habían separado la embotelladora en doce entidades, entre ellas la reconocida “Embotelladora Central”.  El jefe de personal y teniente retirado Francisco Javier Rodas Flores fue “ajusticiado” por las Fuerzas Armadas Rebeldes que lo ametrallaron cuando iba hacia su casa, mientras que el trabajador Justiniano Vargas Casasola apareció muerto en la zona 18 con un carnet del servicio de Inteligencia Militar en su bolsillo.

Todo este caos llevó a boicots a la Coca-Cola en algunos países y a presión a la sede de la corporación en Atlanta, resultando en que la embotelladora repentinamente se declarara en quiebra y despidiera a todos sus trabajadores, cesando sus operaciones en Guatemala en febrero de 1984, durante el gobierno de facto del general Oscar Humberto Mejía Víctores.  El 18 de febrero de 1984 los trabajadores ocuparon la planta como medida de presión y allí permanecieron hasta que ésta se volvió a abrir en 1987.


BIBLIOGRAFIA:


5 de septiembre de 1980: el comando urbano del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) detona una potente bomba frente al despacho presidencial del Palacio Nacional a media mañana

 

5septiembre1980
Los restos de los vehículos destrozados por la explosión, tal y como quedaron frente al Palacio Nacional.  La imagen es propiedad de Plaza Pública.

El 5 de septiembre de 1980 el Ejército Guerrillero de los Pobres llevó a cabo un acto terrorista frente al Palacio Nacional con la intención de disuadir al pueblo guatemalteco de asistir a una manifestación de apoyo al gobierno del general Fernando Romeo Lucas García que estaba planificada para el domingo 7 de septiembre en el Parque Central de la Ciudad de Guatemala.  Tambien pretendieron vengar la sangrienta matanza de la Embajada de España ocurrida el 31 de enero de ese año, la muerte de muchos de sus correligionarios y la destrucción de varios reductos guerrilleros en la ciudad.  Eran los años en que los edificios de instituciones bancarias (como el Centro Financiero del Banco Industrial, el Banco del Café y el Instituto de Previsión Militar, entre otros) eran blanco de potentes artefactos explosivos durante las noches; pero esta fue la primera vez que la guerrilla atacó durante el día.

En ese ataque murieron seis adultos y un niño a causa de la explosión de dos bombas ubicadas en un vehículo; los cuerpos quedaron horriblemente despedazados y regados en un radio de decenas de metros.  La explosion se escuchó en toda la ciudad y​ hubo un número indeterminado de heridos y cuantiosos daños materiales no sólo en las obras de arte del Palacio Nacional, sino que en muchos de los edificios aledaños, especialmente en el Edificio Lucky, que está frente a la esquina del Palacio Nacional sobre la 6a. Avenida, justo en la esquina opuesta en donde el grupo guerrillero colocó el artefacto explosivo.

Las imagénes por televisión mostraban partes de los cuerpos de las víctimas por toda el área afectada por el atentado, mientras los periódicos mostraron en sus portadas la imagen de carro bomba destruido y los alrededores del palacio.​

El atentado fue ejecutado en dos partes: primero, por la noche, la guerrilla depositó una pequeña carga explosiva en el tragante ubicado en el Parque Central, en la esquina de la 6a. calle y 6a. avenida de la zona 1, frente a la esquina donde se localizaba el despacho presidencial dentro del Palacio Nacional sin que la guardia presidencial sospechara ya que en ese tiempo los taxis se estacionaban en todo el perímetro del Parque Central. Por la mañana, la guerrilla estacionó un vehículo sobre ese tragante, el cual tenía en su interior una carga mucho mayor; a las 9:35 a. m. detonaron la pequeña carga explosiva, la cual a su vez hizo estallar a la que estaba dentro del vehículo dejando esparcidos tras ser mutilados, los cuerpos de varios civiles, cuyos restos fueron lanzados en un radio mayor a los setenta metros. A los cinco minutos de haberse producido la explosión se originó el incendio de siete vehículos.​

Ese mismo día, y también para tratar de impedir el desarrollo de la manifestación, la guerrilla atacó la terminal de los autobuses Galgos, y a un bus de la empresa Fortaleza, matando a un mecánico.

Pese a la matanza, el mitín del gobierno de Lucas sí se llevó a cabo con gente transportada en camiones desde su lugares de origen en el interior de la República, aunque con fuerte seguridad de los alrededores.

A partir de ese momento ya no se permitió estacionar a los taxistas en el Parque Central y luego, durante el gobierno de facto del general Oscar Humberto Mejia Vítores el Parque Central fue remodelado, convirtiéndolo en un estacionamiento subterráneo ​para los trabajadores del Palacio Nacional, que albergaba a todas las oficinas gubernamentales en esos tiempos.


BIBLIOGRAFIA: