11 de abril de 1842: el Pacto del Jocote

Morazán firma el Pacto del Jocote con Vicente Villaseñor, quien traicionó al jefe de estado de Costa Rica, Braulio Carrillo.

Cuartel militar de la provincia de Alajuela, cerca de la cual se firmó el Pacto del Jocote. En el recuadro: el jefe de estado de Costa Rica, Braulio Carrillo, traicionado y derrocado por aquel pacto. Imágenes tomadas de «Mi Costa Rica de Antano«.

El ex-presidente de la República Federal de Centro América, general Francisco Morazán, se encontraba exiliado en David, Panamá, cuando un grupo de criollos liberales costarricenses le envió una carta pidiéndole que fuera a Costa Rica para combatir al jefe de Estado conservador Braulio Carrillo, quien el 6 de junio de 1842 se había declarado «jefe perpetuo e inamovible«. Entre aquellos liberales estaban varios enemigos personales de Carrillo, incluyendo al ex-jefe de Estado Juan Mora Fernández, y varios exiliados costarricenses que vieron en Morazán la mejor opción para retomar el poder en su Estado.1

En Perú, Morazán recibió del presidente de aquel país un batallón de cinco mil hombres, y de los desterrados costarricenses un capital de 18 mil pesos, con lo cual compró armamento y arrendó un navío para ir a Costa Rica, a donde llegó el 7 de abril de 1842.  Al enterarse, Carrillo ordenó que una fuerza de setecientos hombres al mando de su protegido, el brigadier salvadoreño Vicente Villaseñor, repelieran la invasión morazanista.1

El general Francisco Morazán desembarcó en el puerto de Calderas en el Estado de Costa Rica junto con sus tropas, y logró atraer a las fuerzas Villaseñor al paraje de El Jocote, cerca de El Coyol en Alajuela. Allí, bajo la sombra de un árbol, firmaron el «Pacto del Jocote«, por medio del cual Villaseñor traicionó al Jefe de Estado de Costa Rica, Braulio Carrillo Colina, y su ejército se unió sin combatir con el de Morazán quien fue proclamado como nuevo jefe de Estado de Costa Rica.2

En abril de 1840,cuando Morazán había salido al exilio tras renunciar como jefe de Estado de El Salvador, intentó desembarcar con sus allegados en el puerto de Puntarenas,3 pero Carrillo no se lo permitió. Ahora que los papeles se habían cambiado, Carrillo fue el que tuvo que embarcarse para salir al exilio en Sudamérica.4

Una vez en el poder, Morazán no perdió el tiempo, pues su principal meta era vengarse de la derrota que sufrió a manos del coronel Rafael Carrera el 19 de marzo de 1840 en la ciudad de Guatemala.  De esta forma, el 10 de julio hizo que se instalara en la ciudad de San José, la Asamblea Constituyente, la cual declaró que el Estado de Costra Rica se reintegraba a la República Federal de Centro América el 20 de ese mismo mes.4

Su siguiente paso fue organizar la invasión de Nicaragua, pero cuando estaba ocupado en esto, las poblaciones de San José, Heredia y Alajuela se levantaron en masa contra él el 11 de septiembre porque no estaban de acuerdo con participar en dicha guerra y, tras derrocarlo, lo fusilaron el 15 de ese mismo mes.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. El Heraldo (12 de septiembre de 2016). Francisco Morazán llega a Costa Rica para atender llamado de auxilio. Honduras: El Heraldo.
  2. Marure, Alejandro (1895) [1844]. Efemérides de los hechos notables acaecidos en la República de Centro-américa, desde el año de 1821 a 1842. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 130.
  3. Hernández de León, Federico (1963) [1924].  El libro de las Efemérides: capítulos de la Historia de la América CentralVI. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 65.
  4. Marure, Alejandro. Efemérides de los hechos notables, p. 131.
  5. El Heraldo (12 de septiembre de 2016). Aquí entregaron y fusilaron al general Francisco Morazán. Honduras: El Heraldo.

1 de abril de 1829: Costa Rica se separa de la República Federal de Centro América

Viendo que la Guerra Civil Centroamericana había dejado prácticamente acéfala a la República Federal, el Estado de Costa Rica decreta la Ley Aprilia, separándose temporalmente de la misma.

1abril1829
Vista de la ciudad de San José, Costa Rica, a principios del siglo XX. En el recuadro: el jefe de Estado de Costa Rica, Juan Mora Fernández, quien aprobó la Ley Aprilia en 1829. Imágenes tomadas de Mi Costa Rica de Antaño y de Wikimedia Commons.

En el marco de la Guerra Civil Centroamericana el Jefe de Estado de Guatemala, el líder aristócrata Mariano de Aycinena, declaró a los liberales guatemaltecos exiliados en El Salvador como enemigos de la patria, lo que agravó aún más la ya frágil situación1 y cuando el presidente Arce fue derrotado categóricamente en Milingo, El Salvador en 1827, fue obligado a retirarse de la presidencia y fue sustituido por el aristócratas Mariano de Beltranena, quien fungía como vice-presidente de la República.2  Después de esto ya no había marcha atrás en la guerra entre los criollos aristócratas y criollos liberales, la cual se agravó en Guatemala cuando los liberales desconocieron a Aycinena en Antigua Guatemala y fueron reprimidos por el gobierno estatal en enero de 1829.3

Aquella fue la excusa que necesitaba el general liberal Francisco Morazán, para invadir Guatemala, y llegar a sitiar la ciudad, en donde se encontraban las autoridades civiles del estado y de la República Federal.  Ante esta situación, el gobierno del Estado de Costa Rica pidió reiteradamente que se llegara a un acuerdo pacífico, pero cuando se hizo evidente que Morazán no iba a parar sino hasta que hubiera tomado la ciudad al frente de su «Ejército Protector de la Ley«,4 el 1 de abril de 1829 el Estado de Costa Rica decidió reasumir la plenitud de su soberanía y se declaró en ejercicio de ella, sin sujeción ni responsabilidad, mientras se restablecían las Supremas autoridades federales, que ya estaban prácticamente derrotadas y solamente buscando como negociar su rendición.5

Al abrirse la quinta legislatura de la Asamblea del Estado de Costa Rica, el Jefe de Estado Juan Mora Fernández dijo: «El gobierno federal no existe ni la representación nacional que formaban los vínculos de la federación. El Estado se halla aislado; su administración, sus relaciones, su conservación, su defensa, su seguridad, todo depende exclusivamente de sus propios recursos y esfuerzos; y en este concepto, los supremos poderes del mismo deben reasumir, en cuanto mira a él, las atribuciones y deberes que gravitan sobre la federación. Bajo esta consideración parece inevitable os sirváis adoptar provisionalmente un régimen unitario, en cuanto al gobierno y aplicación de las rentas que eran destinadas a la federación y los objetos que le eran encargados por la ley, y formar de ellas y las del Estado una masa común para proveer a la administración en todos los conceptos«.6

Así pues, tomando en consideración lo asegurado por Mora Fernández, la Asamblea de Costa Rica emitió el decreto 175, llamado «Ley Aprilia» el cual dice:

La Asamblea Constitucional del Estado libre de Costa Rica, cierta de que a la fech ano existe en ejercicio jerarquía alguna de la Federación Centroamericana; recordando que todas las tentativas para el restablecimiento de aquel ejercicio han sido inútiles; con presencia de que si bien de hecho no existe la Federación, ésta no puede dejar de serlo de recho mientras que los pueblos todos que concurrieron legalmente a formarla, no ocncurran a romperla de la misma manera; reflexionando que en vano ha procurado por su parte Costa Rica obrar siempre sin perder de vista el pacto nacional; considerando que en todo concepto se halla aislada y en absoluta orfandad; atendiendo en fin a que esta situación le acarrea en todo concepto males incalculables, por no haber quien, de parte de la Federación, provea acerca de su prosperidd y seguridad interior y exterior, no poder hacerlo por sí misma ni administrarse, ha venido a declarar y decreta:

Aunque el Estado de Costa Rica es uno de los que componen la República Federal Centro – Americana, reasume en sí , mientras se restablecen las supremas autoridades federales de la misma, la plenitud de su soberanía y se declara en ejercicio de ella sin sujeción, ni responsabilidad a otro que a sí mismo.

Al Consejo representativo.

Dado en el Palacio de la Asamblea Nacional Constituyente, a primero de abril de mil ochocientos veintinueve.

        • Manuel Aguilar, presidente
        • Joaquín Rivas, secretario
        • Juan Diego Bonilla, secretario7

Y tal como lo esperaba Costa Rica, sucedió; el 14 de abril Morazán entró vencedor a la capital guatemalteca, y redujo a prisión a todas las autoridades federales y estatales,8 a quienes mantuvo presos por varios meses hasta que finalmente los expulsó de Centro América.9  Finalmente, en 1831 Morazán fue electo presidente de la República Federal, y Costa Rica se reintegró a la misma, formand parte de ella hasta 1838.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Chamorro, Pedro Joaquín (1951). Historia de la Federación de la América Central, 1823-1840. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica. p. 214.
  2. García Granados, Miguel (1894). Memorias del general Don Miguel García Granados.  1. Guatemala. Tipografia Nacional.
  3. Hernández de León, Federico (1963) [1926]. El Libro de las Efemérides; Capítulos de la Historia de la América CentralV. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 128-132.
  4. Marure, Alejandro (1895): Efemérides de los hechos notables acaecidos en la República de Centro América de 1821 a 1842. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 52.
  5. Cartín, Maritza, (2020). Costa Rica en la República Federal de Centro América (1824-1838). Costa Rica: Mi Costa Rica de Antaño.
  6. Dachner, Yolanda T. (1998). Centroamérica: una nación antigua en la modernidad republicana. En: Anuario de Estudios Centroamericanos. 24 (1-2). Costa Rica: Universidad de Costa Rica. p. 11.
  7. Hernández de León, Federico (1963) [1924]. El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América CentralVI. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. p. 47-48.
  8. (1929). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América CentralII. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. p. 361-366.
  9. La Antorcha Centro-Americana (11 de septiembre de 1829).  Guatemala, septiembre 10. En: La Antorcha Centro-Americana. (7) Guatemala: Imprenta Nueva. p. 28.

7 de marzo de 1885: Barrios decreta la libertad de prensa en Centroamérica

El general J. Rufino Barrios, en calidad de haberse autonombrado Jefe Supremo del Ejército de la Unión Centroamericana, declara que habrá libertad de prensa en toda la región.

7marzo1885
La Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala en 1875 en una fotografía de Eadweard Muybridge. A la derecha la fuente de Carlos III en donde Barrios hizo fusilar a los supuestos implicados en un complot en su contra en 1877. En el recuadro: el general J. Rufino Barrios. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Al momento de embarcarse en su ambicioso proyecto de lograr la Unión Centroamericana, el estado mental del general J. Rufino Barrios estaba sumido en una obsesión en contra de los autores de un atentando en su contra que había ocurrido el 13 de abril de 1884, al punto que, según su ministro de Fomento Francisco Lainfiesta, solamente de eso hablaba en las reuniones de Ministros. 

De acuerdo a Lainfiesta, aquellas reuniones transcurrían de esta manera:1

Se paseaba el general Barrios por su despacho con las manos asidas por detrás; allí estábamos los seis ministros con los brazos cruzados, lo más del tiempo silenciosos. Barrios hablaba y hablaba de los asesinos, de la ramerita de [Guillermo]  Rodríguez, del chicherito, etcétera y repentinamente se acercaba a decirnos: «Si ustedes quieren, saquen a esa tal Rodríguez sáquenlo, sáquenlo; pónganlo en libertad… pero yo le mando pegar antes mil palos.»

Esto decía y repetía con frecuencia, como respondiendo a objeciones que él imaginaba se le hacían en favor de Rodríguez; o como para prevenir que se le hicieran, y era en aquellos arranques, cuando solía agarrarse la cabeza, diciendo: «Si esto no acaba pronto, voy a parar en loco».

Santos Soto [otro de los acusados] recibió orden de permanecer en el interior y en la hora del movimiento de Palacio, frente a la entrada de la casa, para que todos le viesen entrar y fuese como un fantasma funesto que a muchos había de causar susto. […] Además, pasaba Soto algunas horas en el despacho presidencial, sentado allí entre los ministros, lo que parecía expresamente dispuesto así por Barrios en son de burla o menosprecio de sus altos funcionarios.1

A don Juan Rodríguez lo hizo trasladar al Palacio Nacional, frente por frente de la casa de la presidencia, ocupando el lujoso saloncito destinado al despacho del presidente.  Allí encontré a Rodríguez inesperadamente […] Por la noche le hacía pasar Barrios a la casa y permanecer hasta las nueve, […] tomando parte en la terturlia que allí formaban algunos de los ministros.  Yo estuve una vez en esa terturlia.2

Concluye Lainfiesta su relato diciendo: «Si no fue mediando un verdadero trastorno mental, ¿sería posible imaginar procedimientos tan torcidos y extravagantes como los relacionados?»2

Con respecto a la situación en el país a principios de 1885, dice Lainfiesta: 

El país se encuentra como desmayado o detenido en su anterior derrotero de movimiento y acción.  El precio del café es desfavorable y esto desalienta a los agricultores; la Hacienda Pública, entregada a las más ruinosas transacciones para sobrellevar a medias el peso de las necesidades; el crédito de los ministros de Barrios a excepción de Cruz y Díaz Mérida, y el de varios particulares, comprometidos en fianzas a favor del Tesoro Nacional, arrancadas en son de companerismo y amitad; y la atmósfera general, pesada y oscura a cauas de las crueles zozobras y sufrimientos del ano fatal recién pasado.  Y Barrios delirando siempre con la bomba y con nuevos proyectos de asesinato de su persona; hasta concluir con que era indispensable llevar a cabo la Unión Nacional, único recurso, decía «que nos queda para asegurar la tranquiidad y las conquistas de la revolución de 1871».3

En medio de esta situación, ante las críticas contra su idea de unión que se estaban dando en Nicaragua, Honduras y El Salvador, y que se referían a él como «el salvaje de San Marcos«, Barrios emitió un decreto aduciendo que iba a permitir la libertad de prensa en toda Centroamérica, tal y como supuestamente lo había estado haciendo en Guatemala bajo los principios liberales.4  Por supuesto, aquello era propaganda para su proyecto unionista, porque en Guatemala no había tal libertad de expresión; basta solamente el ejemplo de la renuncia en 1882 del embajador de Guatemala ante los Estados Unidos, licenciado Lorenzo Montúfar, para darse cuenta de que lo que se publicaba en el país era únicamente alabanzas a favor del presidente.5

Reproducimos a continuación aquel decreto unilateral que emitió Barrios el 7 de marzo de 1885 para que el lector juzgue su contenido:

J. Rufino Barrios, General de División y Supremo Jefe Militar de la Unión de Centro-América,

Considerando: que proclamada la Unión de las Repúblicas de la América Central debe tratarse de alcanzar desdo luego un sus más impotantes objetos, el que sean amplias, electivas y prácticas las garantías de que los ciudadanos, eficazmente amparados por la autoridad y por la ley, han de gozar bajo un régimen verdaderamente liberal;

Que el Jefe de la Unión se ha esforzado por establecer y consolidar en la República de Guatemala tales garantías, y entre ellas, muy principalmente, la libertad de la prensa, sin la que no puede decirse que haya instituciones de- mocráticas ni que el ciudadano sea libre, cuando no tiene el ejercicio de uno de sus más sagrados derechos; pero, ó no se han comprendido é interpretado debidamente los propósitos que a este respecto le inspiran los principios que profesa; ó no han podido secundarse a causa de la incertidumbre y pequeñez en que la desunión ha mantenido a estos pueblos, pequeñez que así como no ha permitido que adquieran riqueza y prosperidad material, tampoco les ha hecho sentir la necesidad de usar de aquellos derechos indispensables en una República realmente digna de este título y formada de hombres libres;

Que hoy es tiempo de que la prensa, sacudiendo todo temor, use de toda la libertad que necesita para ser provechosa y fecunda, y para constituirse en vigorso auxiliar é intérprete de la opinión y en poderosa palanca del progreso; y es tiempo de que comprendiéndose rectamente la intención del Jefe de la Unión de sostener por todos los medios á su alcance, la libertad y respeto de esa salvadora institución; le ayuden todos aprovechándose de ella y procurando los beneficios que de su amplio ejercicio han de resultar;

Que de ese modo se darán á conocer y podrán cor regirse los desmanes en que incurran las personas revestidas de autoridad; y por lo mismo, es preciso impedir severamente que éstas, puedan en algún caso, abusar de su posición, y salirse de los límites que fijan las leyes actuales para el ejercicio de esa libertad, que solo son propiamente los de no emplearla para ejecutar un delito, DECRETA:

Art. 1.° — El Jefe Supremo de la Unión, bajo su más estrecha responsabilidad, ampara, protege y sostiene en todo Centro-América la amplia libertad de la prensa, sin previa censura y sin otras restricciones qne las de la ley vigente.

Art. 2.° — Lejos de oponerse a que se comenten ó censuren sus propios actos oficiales, o los de cualquiera otra autoridad o empleado, excita a todos a que públicamente externen sus opiniones a este respecto, y las defiendan sin ningún miramiento o reserva.

Art. 3.° — Cualquiera autoridad o empleado que, de hecho o abusivamente, fuera de los casos, o sin la forma y garantías que la ley establece,proceda en cualquier sentido, contra periodistas o escritores que por la prensa censu- ren sus actos ó los del Gobierno ó sus agentes, incurrirá en destitución inmediata de su cargo ó empleo é inhabilitación perpetua para ejercerlo.

Dado en Guatemala, a 7 de marzo de 1885,

        • J. Rufino Barrios
        • Fernando Cruz6

A pesar de este decreto y otro emitido el 9 de marzo en el que aseguraba que no buscaba la presidencia de la región para sí, Nicaragua y Costa Rica se pusieron en pie de guerra, y México reforzó su frontera.  Finalmente, el 22 de marzo se firmó el tratado de alianza entre Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, y se declaró la guerra contra Guatemala.4 Irónicamente, el tratado se firmó en El Salvador, cuyo presidente Rafael Zaldívar había sido títere de Barrios desde que éste lo había puesto en el poder en 1876.7


BIBLIOGRAFIA:

  1. Lainfiesta, Francisco (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. Período de 20 años corridos del 14 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885.  Guatemala: Pineda e Ibarra. p. 325.
  2. Ibid, p. 326.
  3. Ibid, p. 354.
  4. Selva, Buenaventura; Durán, José; Zaldívar, Rafael (Septiembre 1938) Tratado de alianza: entre Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, oponerse al general Justo Rufino Barrios que amenazaba la soberanía e independencia de aquellas repúblicas en 1885. Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. 2, (4), 425-428 Managua: Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
  5. Gobierno de Guatemala (1882). La traición del doctor Lorenzo Montúfar juzgada por los pueblos. Guatemala: El Progreso. pp. 3 y siguientes.
  6. Guerra, Viviano (1886). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1884-1885IV. Guatemala: Imprenta de la Unión. pp. 338-339.
  7. Lainfiesta, Apuntamientos para la Historia de Guatemala. p. 176.

21 de febrero de 1822: se disuelve la Junta Provisional Consultiva

Tras la Anexión al Primer Imperio Mexicano el 5 de enero de 1822, se disuelve la Junta Provisional Consultiva establecida por el acta del 15 de septiembre de 1821.

21febrero1822
Palacio Colonial de la Ciudad de Guatemala a principios del siglo XX. aquí se firmó el acta de Independencia y la Anexión a México. En el recuadro: retrato que se cree que corresponde al brigadier Gabino Gaínza. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras haber aceptado la Anexión a México el 5 de enero de 1822, se disolvió la Junta Consultiva establecida en el acta del 15 de septiembre de 1821,1 de acuerdo al artículo 8.° de la misma:

8.° — Que el señor Jefe Político, brigadier don Gavino Gainza, continúe con el gobierno superior político y militar que este tenga el carácter que parece propio de las circunstancias, se forme una junta provisional consultiva, compuesta de los señores individuos de esta diputación provincial y de los señores don Miguel Lárreynaga, ministro de esta audiencia; don José del Valle, auditor de Guerra; marqués de Aycinena; doctor don José Valdez, tesorero de esta santa iglesia; doctor don Ángel Maria Candina; y licenciado don Antonio Robles, alcalde tercero constitucional: el primero por la provincia de León, el segundo por la de Comayagua, el tercero por Quezaltenango, el cuarto por Solóla y Chimaltenango, el quinto por Sonsonate, y el sexto por Ciudad Real de Chiapa.2

En la junta consultiva estaba, en primer lugar, el brigadier Gabino Gaínza, que había traicionado a España al pactar con los criollos aristócratas la independencia de la región, seguido por el Marqués de Aycinena, quien era el líder de dichos criollos aristócratas.  También estaba José Cecilio del Valle, quien publicaba «El Amigo de la Patria«, periódico de los aristócratas y quien redactara el Acta de Indepndencia, y el tesorero de la arquidiócesis.  En otras palabras, los principales miembros de la Junta eran todos antiguos funcionarios o influyentes personajes del gobierno colonial. Ahora bien, el problema con esto, es que el resto de criollos del antiguo Reino de Guatemala no veía con buenos ojos a los criollos aristócratas de la capital, ya que sabían que éstos tenían los mejores puestos en las administraciones civiles y religiosas —que eran entonces un gran privilegio en términos económicos—, y además consideraban que los aristócratas no les daban un trato justo con respecto al comercio del producto de sus haciendas.3

Tras la caída del Primer Imperio Mexicano en marzo de 1823, las provincias quedaron en la ruina debido a la nefastas medidas económicas del emperador Agustín de Iturbide.  Sabiendo los problemas que se avecinaban, el general Vicente Filísola —quien había quedado como gobernador de Centroamérica en lugar de Gaínza— convocó lo más pronto que pudo a una Asamblea Constituyente, a la que le entregó el poder el 1 de julio de 1823, y luego se regresó a México con sus tropas.4

La Asamblea Constituyente declaró la independencia absoluta de la región el mismo 1 de julio y nombró a la región provisionalmente Provincias Unidas del Centro de América en un acta en la que el artículo 1.° específicamente dice que la región no es propiedad de ninguna familia en particular, en alusión directa a los criollos aristócratas guatemaltecos:

Que las provincias de que se componía el Reino de Guatemala, son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo; y que no son, ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.5

Dado que la Junta Consultiva el 21 de febrero de 1822 había aprobado la anexión a México, los criollos rurales se aglutinaron en la causa liberal y acusaron a los aristócratas de haberla promovido y les recriminaron el desastroso estado en que quedó la región luego de la caída de Iturbide.  Por eso, muchos de los decretos emitidos por las Asambleas de Centroamérica y del Estado de Guatemala iban dirigidos a restar los privilegios a los aristócratas y a los eclesiásticos,6 hasta que llegó el momento en que los aristócratas no soportaron más y dieron el golpe de estado contra Juan Barrundia en septiembre de 1826,7 iniciando la Guerra Civil Centroamericana que, en el caso de Guatemala, se extendión hasta 1851 y retrasó el desarrollo del país considerablemente.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Marure, Alejandro (1844). Efemérides de los hechos notables acaecidos en la república de Centro América, desde el año de 1821 hasta el de 1842. Guatemala: Imprenta La Paz. p. 5.
  2. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869 I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 11-14.
  3. Herrera-Mena, Sajid Alfredo (2018). Espacios y opinión pública durante la anexión del Reino de Guatemala a México: San Salvador, 1821 En: LiminaRXVII, (1) México: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5998-9541 
  4. Hernández de León, Federico (1963) [1926]. El libro de las Efemérides; capítulos de la historia de la América Central. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 178-180.
  5. Pineda de Mont, Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869, p. 26.
  6. Bertrand, Michel (s.f.) El consulado colonial de Guatemala: fuentes para su historia. pp. 33-51.
  7. Mencos Franco, Agustín (1893). Rasgos biográficos de Francisco Morazán: apuntes para la historia de Centro América. Guatemala: Tipografía El Comercio. pp. 32-35.

7 de febrero de 1923: firman el Tratado General de Paz y Amistad

En las Convenciones de Washington las repúblicas centroamericanas firman el Tratado General de Paz y Amistad para tratar de evitar que ocurran golpes de estado en la región.

7febrero1923
Edificio «Panamerican Union» en Washington, D.C. En este edificio se guardó el original del Tratado General de Paz y Amistad de los países Centroamericanos en 1923. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

A instancias del gobierno de los Estados Unidos, las naciones centroamericanas se reunieron en Washington para celebrar un Tratado General de Paz y Amistad.  Los Estados Unidos esperaban con este tratado mantener un mejor control de la región, intentando por este medio que no hubiera golpes de estado ni revoluciones.1 El Tratado estuvo vigente hasta 1934 y con base en él, el gobierno de los Estados Unidos no reconoció al gobierno de facto del general Manuel María Orellana, que asumió el poder el 17 de diciembre de 1930 luego de derrocar al presidente interino, Baudilio Palma,2 y el gobierno del general Jorge Ubico cerró sus fronteras a los campesinos que huían de El Salvador luego de un alzamiento comunista en ese país en 1932.3

El tratado se reproduce a continuación por su relevancia histórica:1

LAS CONVENCIONES DE WASHINGTON- TRATADO GENERAL DE PAZ Y AMISTAD

Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, deseando continuar las buenas relaciones de amistad que han existido entre ellos y establecer las más sólidas bases para la existencia de una situación de paz en la América Central, han tenido a bien celebrar un Tratado General de Paz y Amistad, y, al efecto, han nombrado Delegados, a saber:

GUATEMALA, a los Excelentísimos señores Don Francisco Sánchez Latour y Licenciado Don Marcial Prem;[…]

En virtud de la invitación hecha al Gobierno de los Estados Unidos de América por los Gobiernos de las cinco Repúblicas de Centro América, estuvieron presentes en las deliberaciones de la Conferencia, como Delgados del Gobierno de los Estados Unidos de América, los Honorables Señores Charles E. Hughes, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América y Sumner Welles, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario.

Después de comunicarse sus respectivos plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, los Delegados de los cinco Estados de la América Central, reunidos en Conferencia sobre Asuntos Centroamericanos en Washington, han convenido en llevar a efecto el propósito indicado de la manera siguiente:

Artículo I: Las Repúblicas de Centro América consideran como el primordial de sus deberes, en sus relaciones mutuas, el mantenimiento de la paz; y se obligan a observar siempre la más completa armonía y a resolver los desacuerdos o dificultades que puedan sobrevenir entre ellas, de conformidad con las Convenciones que en esta fecha han suscrito para el establecimiento de un Tribunal Internacional Centroamericano y para el establecimiento de Comisiones Internacionales de Investigación.

Artículo II:  Deseando asegurar en las Repúblicas de Centro América los benéficos que se derivan de la práctica de las instituciones libres y contribuir al propio tiempo a afirmar su estabilidad y los prestigios de que deber rodearse, declarán que se considera amenazante a la paz de dichas Repúblicas todo acto, disposición o medida que altere en cualquiera de ellas el orden Constitucional, ya sea que proceda de algún Poder público, ya de particulares.

En consecuencia, los Gobiernos de las Partes Contratantes no reconocerán a ninguno que surja en cualquiera de las cinco Repúblicas por un golpe de estado o de una revolución contra un gobierno reconocido, mientras la representación del pueblo, libremente electa, no haya reorganizado el país en forma constitucional. Y aun en este caso se obliga a no otorgar el reconocimiento si alguna de las personas que resultaren electas Presidente, Vicepresidente o Designado estuviere comprendida en cualquiera de los casos siguientes:

    1. Si fuere el jefe o uno de los jefes del golpe de estado o de la revolución; o fuere por consanguinidad o afinidad ascendiente, descendiente o hermano de alguno de ellos.
    2. Si hubiese sido Secretario de Estado o hubiese tenido alto mando militar al verificarse el golpe de estado o la revolución o al practicarse la elección, o hubiese ejercido ese cargo o mando dentro de los seis meses anteriores al golpe de estado, revolución o elección. (Nota de HoyHistoriaGT: esto hubiera dejado sin reconocimiento al presidente de  Guatemala, general José María Orellana, quien había llegado al poder por un golpe de estado patrocinado por la estadounidense United Fruit Company en 1921).

Tampoco será reconocido, en ningún caso, el gobierno que surja de elecciones recaídas en un ciudadano inhabilitado expresa e indubitablemente por la Constitución de su país para ser electo Presidente, Vicepresidente o Designado.

Artículo III  Las Partes Contratantes se obligan a constituir ante cada una de las otras agentes diplomáticos o consulares.

Artículo IV  Ningún Gobierno de Centro América podrá, en caso de guerra civil, intervenir a favor ni en contra del Gobierno del país donde la contienda tuviere lugar.

Artículo V  Las Partes Contratantes se obligan a mantener en sus respectivas Constituciones el principio de no reelección del Presidente y Vicepresidente de la República; y aquellos en cuya Constitución se permita esa reelección se obligan a provocar la reforma constitucional en ese sentido en la próxima reunión del Poder Legislativo después de la ratificación del presente Tratado. (Nota de HoyHistoriaGT: en Guatemala, a pesar de este tratado, el general Orellana buscaría su reelección en 1926, pero no la consiguió porque murió en circunstancias sospechosas en septiembre de ese año).

Artículo VI  Los nacionales de una de las Partes Contratantes, residentes en el territorio de cualquiera de las otras, gozarán de los mismos derechos civiles de que gozan los del propio país. Se considerarán como ciudadanos en el país de su residencia si manifestaren su voluntad de serlo y reuniesen las condiciones que exijan las correspondientes leyes constitutivas.

Los no naturalizados estarán exentos en todo tiempo de todo servicio militar. Tampoco podrán ser admitidos en dicho servicio sin el previo consentimiento de su Gobierno, salvo el caso de guerra internacional con un país no centroamericano. También estarán exentos de todo empréstito forzoso o requerimiento militar y no se les obligará por ningún motivo a pagar más contribuciones o impuestos ordinarios o extraordinarios que aquellos que pagan los naturales.

Artículo VII Los ciudadanos de los países signatarios que residan en el territorio de los otros gozarán del derecho de propiedad literaria, artística o industrial en los mismos términos y sujetos a los mismos requisitos que los naturales.

Artículo VIII  Las naves mercantes de cada uno de los países signatarios se considerarán en los mares, costas, y puertos de los otros como naves nacionales; gozarán de las mismas exenciones, franquicias, y concesiones que éstas y no pagarán otros derechos ni tendrán otros gravámenes que los establecidos para las embarcaciones del país respectivo.

Artículo IX Los Gobiernos de las Repúblicas Contratantes se comprometen a respetar la inviolabilidad del derecho de asilo a bordo de los buques mercantes de cualquiera nacionalidad surtos en sus aguas. No podrá extraerse de dichas embarcaciones sino a los reos de delitos comunes, por orden del Juez competente y con las formalidades legales. A los perseguidos por delitos políticos o delitos comunes conexos con los políticos, no se les podrá extraer en ningún caso.

Artículo X  Los Agentes diplomáticos y consulares de las Repúblicas Contratantes en los países extranjeros prestarán a las personas, buques y demás propiedades de los ciudadanos de cualquiera de ellas, la misma protección que a las personas, buques y demás propiedades de sus compatriotas, sin exigir por sus servicios otros o mayores derechos que los acostumbrados respecto de sus nacionales.

Artículo XI  Habrá entre las Partes Contratantes un canje completo y regular de toda clase de publicaciones oficiales.

Artículo XII  Los instrumentos públicos otorgados en una de las Repúblicas Contratantes serán válidos en las otras, siempre que estén debidamente autenticados y que en su celebración se hayan observado las leyes de la República de donde proceden.

Artículo XIII  Las autoridades judiciales de las Repúblicas Contratantes darán curso a las requisitorias en materia civil, comercial o criminal, concernientes a citaciones, interrogatorios y demás actos de procedimiento o instrucción, exceptuando las requisitorias en materia criminal cuando el hecho que las motive no constituya delito en el país requerido.

Los demás actos judiciales, en materia civil o comercial, procedentes de acción personal, tendrán en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes igual fuerza que los de los tribunales locales, y se ejecutarán del mismo modo, siempre que se declaren previamente ejecutoriados por el Tribunal Supremo de la República en donde han de tener ejecución lo cual se verificará si llenaren las condiciones esenciales que exige su respectiva legislación y conforme a las leyes vigentes en cada país para la ejecución de las sentencias.

Artículo XIV  Cada uno de los Gobiernos de las Repúblicas de Centro América, en el deseo de mantener una paz permanente, conviene en no intervenir, en ninguna circunstancia, directa o indirectamente, en los asuntos políticos internos de otra República Centroamericana, y en no permitir que persona alguna, ya sea nacional, centroamericana o extranjera, organice o fomente trabajos revolucionarios dentro de su territorio contra un Gobierno reconocido de cualquiera otra República Centroamericana. Ninguno de los Gobiernos Contratantes permitirá a las personas que estén bajo su jurisdicción que organicen expediciones armadas o tomen parte en las hostilidades que surjan en un país vecino o suministren dinero o pertrechos de guerra a las partes contendientes. Los Gobiernos Contratantes se comprometen a adoptar y dictar las medidas eficaces, compatibles con la Construcción política de su país, que fueren necesarias para evitar que se efectúen actos de esta naturaleza dentro de su territorio.

Inmediatamente después de ratificado este Tratado, los Gobiernos Contratantes se comprometen a presentar a sus respectivos Congresos los proyectos de ley necesarios para el debido cumplimiento de este artículo.

Artículo XV  Las Partes Contratantes se obligan a no celebrar entre ellas, por ningún motivo, pactos, convenios o acuerdos secretos y en tal virtud, todo pacto, convenio o acuerdo entre dos o más de las Partes Contratantes será publicado en el periódico oficial de cada uno de los Gobiernos interesados.

Artículo XVI  Estando resumidas o convenientemente modificadas en este Tratado las disposiciones de los firmados en diversas Conferencias Centroamericanas por los cinco Países Contratantes, se declara que todos quedan sin efecto y derogados por el actual cuando sea definitivamente aprobado y canjeado.

Artículo XVII  El presente Tratado entrará en vigor para las Partes que lo hayan ratificado desde que concurran las ratificaciones de por lo menos tres de los Estados firmantes.

Artículo XVIII  El presente Tratado estará en vigor hasta el primero de enero de mil novecientos treinta y cuatro, no obstante denuncia anterior o cualquier otro motivo. Del primero de enero de mil novecientos treinta y cuatro en adelante continuará vigente hasta un año después de la fecha en que una de las partes obligadas notifique a las otras su intención de denunciarlo. La denuncia de este Tratado por una o dos de dichas Partes obligadas lo dejará vigente para las que habiéndolo ratificado no lo hubieren denunciado siempre que éstas fueren por lo menos tres. Si dos o tres Estados obligados por este Tratado llegaren a formar una sola entidad política, el mismo Tratado se considerará vigente entre la nueva entidad y las Repúblicas obligadas que permanecieren separadas, mientras éstas sean por lo menos dos. Cualquiera de las Repúblicas de Centro América que dejare de ratificar este Tratado, podrá adherir a él mientras esté vigente.

Artículo XIX  El canje de las ratificaciones del presente Tratado se hará por medio de comunicaciones que dirigirán los Gobiernos al Gobierno de Costa Rica, para que éste lo haga saber a los demás Estados Contratantes. El Gobierno de Costa Rica les comunicará también la ratificación si la otorgare.

Artículo XX  El ejemplar original del presente Tratado, firmado por todos los delegados plenipotenciarios, quedará depositado en los archivos de la Unión Panamericana establecida en Washington. Una copia auténtica de él será remitida por el Secretario General de la Conferencia a cada uno de los Gobiernos de las Partes Contratantes.

Firmado en la ciudad de Washington, a los siete días del mes de febrero de mil novecientos veintitrés.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (3 de marzo de 1923). Las Convenciones de Washington – Tratado de Paz y Amistad. Nicaragua.
  2. Department of State(1930) Guatemala. Revolution in Guatemala. (en inglés) En Foreign Relations III. Estados Unidos: Department of State. pp. 172-175.
  3. Taracena Arriola, Arturo (30 de mayo de 2011) “El Partido Comunista de Guatemala y el Partido Comunista de Centroamérica 1922-1932“. El Socialista Centroamericano.

8 de noviembre de 1949: Costa Rica decreta la abolición definitiva del ejército

La nueva constitución de Costa Rica, decreta la abolición definitiva del ejército de ese país luego de una fallida invasión contra el presidente de Nicaragua Anastasio Somoza

8noviembre1949
Monumento a José Figueres Ferrer en Costa Rica, en conmemoración de la abolición del ejército de su país. En el recuadro, Figueres Ferrer durante su primera presidencia. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La desaparición del ejército costarricense está directamente relacionada con el movimiento revolucionario que se produjo en Guatemala en 1944. En ese año, los gobiernos militares dictatoriales de Hernández Martínez en El Salvador y el de Jorge Ubico en Guatemala fueron derrocados entre mayo y junio y el gobierno de Guatemala tuvo un cambio dramático el 20 de octubre de ese año cuando una revolución cívico-militar derrocó al presidente interino, general Federico Ponce Vaides.1

Tras las elecciones presidenciales del 17 al 19 de diciembre de 1944, llegó al poder el doctor Juan José Arévalo Bermejo, quien invitó a varios líderes pro-democráticos de Centroamérica y El Caribe a visitar su país, quienes eventualmente suscribieron documento conocido como el «Pacto del Caribe» el 17 de diciembre de 1947 en la Ciudad de Guatemala.2

El Pacto del Caribe señalaba que los miembros integraban una red “de grupos representativos de la República Dominicana, Nicaragua y Costa Rica […] Una vez derrocados los dictadores, los recursos de las naciones liberadas servirán para reforzar nuestro común esfuerzo. […] Todos los grupos representativos de los pueblos oprimidos del Caribe serán invitados para unirse a este pacto, para que así también –con nuestra ayuda– puedan liberar sus propios países”.3

Entre los que asistieron a aquella primera reunión de la Legión Caribe estuvo el costarricense José Figueres Ferrer, quien había tenido que salir al exilio en 1942, durante la presidencia de médico Rafael Ángel Calderón Guardia, luego de que las fuerzas policiales lo detuvieran durante un discurso radiofónico en el que criticaba duranmente al gobierno. Figueres Ferrer se fue a México, en donde estuvo hasta 1944, y luego regresó a Costa Rica cuando Calderón Guardia entregó el poder a Teodoro Picado Michalski, que gobernó de 1944 a 1948 bajo el control de los partidarios de Calderón y del Partido Comunista.   Luego, en 1945, Figueres Ferrer contribuyó a la fundación del Partido Social Demócrata (PSD). y en 1947 participó de la convención de los sectores de oposición política al calderonismo, aunque fue derrotado por Otilio Ulate Blanco, en la postulación para la candidatura presidencial por la coalición con el Partido de Unión Nacional (PUN) en las elecciones de febrero de 1948.  En aquellas elecciones también se postuló Calderón Guardia, que aspiraba a ser electo presidente para un segundo término.3  Ese mismo año, tras la reunión en Guatemala, Figueres Ferrer obtuvo apoyo para organizar una fuerza armada irregular de 700 mercenarios, que logró controlar algunas áreas rurales, pero no pudo pasar de allí.4

En ese momento, el ambiente era muy tenso en Costa Rica debido a las acusaciones mutuas entre los oficialistas y la oposición sobre un posible fraude electoral, aunado a los llamamientos que hacía Figueres Ferrer desde sus posiciones en el interior del país. El Gobierno en un intento de apaciguar los ánimos, decidió dejar en manos de la oposición la organización de los comicios en los que resultó provisionalmente electo el candidato opositor, Ulate Blanco. Sin embargo, antes de poder confirmar con el conteo manual el resultado, la sede en donde se encontraban los votos -el Colegio Superior de Señoritas- se incendió en forma sospechosa por lo que el doctor Calderón Guardia presentó al Congreso una demanda de nulidad de las elecciones presidenciales, aunque no de las legislativas, en las que sus partidarios sí habían obtenido mayoría. El 1 de marzo  el Congreso, donde la alianza de calderonistas y comunistas tenía mayoría, anuló las elecciones presidenciales detonando una guerra civil, en las que los mercenarios del Ejército de Liberación Nacional de Figueres Ferrer entraron finalmente en acción.4

Una de las primeras acciones realizadas por las fuerzas mercenarias fue tomar el aeropuerto de Pérez Zeledon, con el fin de establecer un puente aéreo con Guatemala, por medio del cual hombres y armas de la Legión Caribe y armas del ejército Guatemalteco pudieran ser transportadas a Costa Rica para ayudar a la causa de los rebeldes. Miguel Ángel Ramírez Alcántara, exiliado dominicano y miembro prominente de la Legión Caribe, fue el líder del estado mayor de aquella fuerza mercenaria del Ejército de Liberación Nacional.4

Figueres Ferrer estaba ansioso por irrumpir en la vida política con un proyecto de modernización que modificaría el orden social agroexportador que se mantenía desde la Independencia.  Si bien ya había habido algunas reformas sociales iniciadas por Calderón Guardia, (por ejemplo, la creación de la asistencia social, la aprobación del Código de Trabajo y otras más, todas inspiradas en el «New Deal» del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt). El pacto Ulate-Figueres, firmado tras el triunfo de los rebeldes el 1 de marzo de 1948, permitió que Figueres Ferrer fuera el Secretario de Relaciones Exteriores, puesto en el que declaró el rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Trujillo en la República Dominicana.  Poco después, Figueres Ferrer encabezaría una Junta de Gobierno que se extendió durante los próximos dieciocho meses y que dió origen a la fundación de la Segunda República de Costa Rica.3,4

Antes de que finalizara la guerra civil, Figueres se había comprometido con los comunistas a respetar las reformas sociales de Calderón, para la gran frustración de las élites cafetaleras. La junta de gobierno estableció el monopolio estatal de los depósitos bancarios y nacionalizó los bancos. Y ya en el poder, Figueres Ferrer decidió apoyar el derrocamiento de Anastasio Somoza García en Nicaragua, pero los mercenarios de la Legión Caribe tuvieron una conducta indisciplinada que fue advertida por la prensa internacional, despretigiando el movimiento revolucionario. Entonces, en diciembre de 1948 Somoza organizó una invasión a Costa Rica, y Figueres Ferrer tuvo que recurrir ante la Organización de Estados Americanos para buscar una salida pacífica. Como parte de los compromisos, Figueres devolvió las armas al gobierno de Guatemala, devolvió a algunos exiliados nicaragüenses, renunció a la Legión Caribe y tuvo que abolir al ejército costarricense.4

Aquellas armas devueltas a Guatemala provocaron una fractura irremediable en el gobierno guatemalteco.  El gobierno del Dr. Arévalo Bermejo había apoyado con ellas a la invasión contra la República Dominicana por parte de las fuerzas de la Legión Caribe, pero como ésta fracasó rotundamente, las armas quedaron decomisadas en Guatemala, primero en el Puerto de San José, y luego en la residencia presidencial «El Morlón»  en Amatitlán.  El Jefe de las Fuerzas Armadas, coronel Francisco Javier Arana, fue a revisar la condición de aquellas armas el 18 de julio de 1949, y murió tratando de evitar que lo capturaran los hombres del ministro de la Defensa, coronel Jacobo Arbenz Guzmán, a quienes había enviado el Arbenz por orden del presidente, luego de que Arana había exigido a Arévalo que este cambiara a todo su gabinete por personas de su confianza.  Tras la muerte de Arana, se produjeron fuertes combates contra el presidente Arévalo por los militares leales al fallecido jefe, pero finalmente las fuerzas arbencistas se impusieron.5

Mientras tanto en Costa Rica, la medida de abolir el ejército fue confirmada en el artículo 12 de la Constitución del 8 de noviembre de 1949, la cual entró en vigor el mismo día que la Junta de Gobierno entregó el poder a Utilio Olate Blanco.  Figueres Ferrer gobernó Costa Rica nuevamente de 1953 a 1958 y de 1970 a 1974, en ambos casos llegando al poder por medio de elecciones.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  2. Monge Alfaro, Carlos (1980). Historía de Costa Rica 16a. edición. Cota Rica: Imprenta Trejos. pp. 298-299
  3. Rovira Mas, Jorge (2017). José Figueres Ferrer. En Enciclopedia Latinoamericana. 
  4. Aguilar Bulgarelli, Oscar (1974). Costa Rica y sus Hechos Políticos de 1948. San José, Costa Rica: EDUCA.
  5. Gleijeses, Piero (s.f.). «The Death of Francisco Arana: a turning point in the Guatemalan Revolution»Journal of Latin American Studies (en inglés) (Inglaterra) 22: 527-552.

15 de septiembre de 1842: fusilamiento de Morazán

Fusilan al ex-presidente de la República Federal de Centroamérica, el general liberal Francisco Morazán, en San José, Costa Rica

15septiembre1842
Fusilamiento de Morazán y de Villaseñor en la Plaza de Armas de San José, Costa Rica en presencia de numerosas personas. Imagen tomada de Casa de Morazán.

Uno de los personajes más nefastos para la historia de los criollos aristócratas  guatemaltecos es el líder liberal Francisco Morazán, quien invadió Guatemala en 1829 y los expulsó junto con sus principales aliados: los frailes de las órdenes regulares.1  Tras esto, Morazán llegó a convertirse en el presidente de la República Federal de Centro América, y fue durante su mandato que las medidas desatinadas llevaron al rompimiento de la Federación y a la formación de los débiles estados que actualmente ocupan la región.

Derrotado por Rafael Carrera en marzo de 1840 luego de que invadir a Guatemala desde El Salvador para tratar de evitar que ésta retomara el territorio del Estado de Los Altos, Morazán tuvo que salir huyendo del país gritando «¡Salve Regina!» y «¡Que viva Carrera!» para salvar la vida, dejando abandonados a su suerte a los soldados salvadoreños que lo acompañaron en aquella funesta invasión.  Por estos hechos, no fue bien recibido en El Salvador y terminó huyendo hasta Perú.1

Morazán se encontraba exiliado en David, Panamá, cuando un grupo de criollos liberales costarricenses le envió una carta pidiéndole que fuera a Costa Rica para combatir al jefe de Estado conservador Braulio Carrillo.  Si bien puede decirse que la carrera política de Morazán había terminado a manos de Rafael Carrera en la batalla de la ciudad de Guatemala en 1840, los costarricenses el enviaron una carta en la que le decían entre otras cosas, lo siguiente: «Por Dios, véngase inmediatamente, general, porque usted es el único llamado a redimir a estos pueblos y a poner dique a todas las vejaciones y tormentos de que son víctimas todos sus amigos y partidarios, por parte de Carrera, Ferrera y Carrillo«.2 

Con gran facilidad, Morazán llegó a convertirse en Jefe de Gobierno Provisorio de Costa Rica. Pero para entonces, debido a sus múltiples errores y arbitrariedades cuando era presidente de la República Federal, ya contaba con numerosos enemigos en toda la región, principiando por el hombre fuerte de Guatemala, el general Rafael Carrera, seguido por el cónsul británico Frederick Chatfield, y muchos miembros del clero, que desaprobaban el anticlericalismo de Morazán.3

Del 10 al 15 de septiembre de 1842 se realizaron reuniones secretas para diseñar un plan para derrocar a Morazán y el 11 de septiembre a las 2:00 de la mañana, un grupo de ciudadanos suscribió un acta en la que expresaban su inconformidad por «los aprestos de guerra y reclusión de tropas que el general pretende hacer contra los verdaderos sentimientos de los costarricenses«. El número de alzados aumentaba cada vez mientras que los soldados cartagineses de Morazán comenzaron a desertar al ver caer a muchos de sus compañeros.3

Finalmente, Morazán fue capturado y juzgado sumariamente. Los últimos segundos de Francisco Morazán, fueron de desasosiego, ya que estaba preocupado por la vida de su familia que también corría peligro; de hecho, dictó su testamento a su hijo Francisco, quien en ese entonces sólo tenía 14 años de edad. En ese momento, Morazán vestía un traje civil y estaba detenido en el edificio del Palacio Nacional, a donde había llegado a la una de la tarde ese 15 de septiembre. A unos pasos está el edificio donde operó el Cuartel Militar, donde Morazán tenía su pequeño ejército. De este edificio las fuerzsa comandadas por el coronel retirado portugués Antonio «Tata» Pinto, sacaron al hijo de 14 años de Morazán que lo había pedido para dictarle su testamento; y a unos 200 metros, caminando en línea recta, está la esquina del parque, donde las fuerzas de Pinto fusilaron al otrora poderoso caudillo, a las 6:00 de la tarde del 15 de septiembre de 1842, rodeado de un bullicio ensordecedor.3


BIBLIOGRAFIA:

  1. Woodward, Ralph Lee, Jr. (1993). Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821-1871 (Edición en línea) (en inglés). Athens, Georgia EE.UU.: University of Georgia Press.
  2. El Heraldo (12 de septiembre de 2016). Francisco Morazán llega a Costa Rica para atender llamado de auxilio. Honduras: El Heraldo.
  3. El Heraldo (12 de septiembre de 2016). Aquí entregaron y fusilaron al general Francisco Morazán. Honduras: El Heraldo.

15 de julio de 1823: separan los tres poderes del Estado en Centroamérica

La Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América emite un decreto separando oficialmente los tres poderes públicos.

15julio1823
Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala aproximadamente en 1885.  Si bien los diputados constituyentes separaron los poderes del Estado en 1823, hicieron éfasis en que la única religión oficial era la Católica.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En un afán por establecer un gobierno similar al que pusieron las trece colonias inglesas que formaron los Estados Unidos inicialmente, en el que había balance de poderes, los diputados ante la Asamblea Nacional constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América emitieron el siguiente decreto separando los poderes públicos de la recién independizada región:1

Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, en consecuencia de la solemne declaración que hemos pronunciado en primero del corriente, confirmando y sancionando el inconcuso e imprescriptible derecho de los puestos nuetros comitentes a su absoluta libertad e independencia e todo extraño poder; en el nombre y por la autoridad de los mismos pueblos; nos declaramos legítimamente constituidos en asamblea nacional constituyente, y que en ella reside el ejercicio de la soberanía.

Declaramos igualmente:

      1. Que los altos poderes de este estado deben ser y son divididos en la manera que sigue:
        • Residirá en esta asamblea indivisiblemente el ejercicio del poder legislativo.
        • El del poder ejecutivo, en la persona o personas en quienes se delerage, y conforme al reglamento que al efecto se expedirá.
        • El del poder judicial, en los tribunales y juzgados establecidos o que se establezcan.
      2. Que la religión de las provincias unidas, es la católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquiera otra.  En cuya consecuencia se manifestará oportunamente a la santa sede apostólica, por una misión especial, o del modo que más convenga: que nuestra separación de la antigua España, en nada perjudica ni debilita nuestra unión a la santa sede, en todo lo concerniente a la religión santa de Jesucristo.
      3. Que los diputados de esta asamblea son inviolables por sus opiniones, y en ningun tiempo ni por autoridad alguna, podrán ser molestados ni reconvenidos, por las que durante su encargo manifestaren, de palabra o por escrito.
      4. Que las provincias unidas reconocerán la deuda pública nacional; y la asamblea hipotecará, para garantir los capitales y el pago de los interes, los ramos de rentas y fincas que se acuerden, luego de que esté formada la liquidación de dicha deuda.
      5. Ratificamos y confirmamos el acuerdo del 15 de septiembre de 1821, que dispuso se continuase observando la constitución, decretos y leyes de la antigua España, en todo lo que no sean opuestos a la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes y en todo lo que sea adaptable con arreglo a los principios sancionados en la declaración solemne, pronunciada en 1 del corriente, y en el presente decreto; entendiéndose todo por ahora, y mientras la asamblea no disponsa otra cosa.1

El hecho de que la religión oficial era la religión católica, y que no se aceptaba ninguna otra no fue un asunto que pudiera tomarse a la ligera en la vida de la nueva república centroamericana.  Cuando el pensamiento liberal empezó a cobrar fuerza entre los criollos no-aristócratas, los privilegios de los clérigos fueron atacados, y llegó un momento en que hubo un golpe de estado en Guatemala en 1826, para remover a las autoridades liberales y poner en su lugar a gobernantes conservadores afines al clero.  Este golpe de estado desencadenó la Guerra Civil Centroamericana, que resultó en la invasión del general liberal Francisco Morazán en abril de 1829, que no solamente destituyó a las autoridades federales y a las estatales de Guatemala, sino que los redujo a prisión, les confiscó sus bienes, y los envió al exilio, junto con los miembros del clero regular y el arzobispo Ramón Casaus y Torres.3  A partir de ese momento, los curas párrocos empezaron a atacar a los liberales como «enemigos de la verdadera religión» y al cabo de ocho años, debido a los desaciertos legales del gobierno de Mariano Gálvez (en especial sus Códigos de Livingston que promovían el matrimonio civil y el divorcio) y a los negocios que tenían con los «herejes británicos» estalló una guerra campesino-católica en contra del gobierno liberal.4

Por otra parte, el uso de la constitución, decretos y leyes de la antigua España que se menciona en el inciso 5.°, significaba que se iba a mantener la misma administración, la cual afectaba los intereses de la población indígena, tal y como lo fue durante la época colonial.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869 I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 32-33.
  2. Asamblea Legislativa and Guatemala. Departamento de Guerra (22 de septiembre de 1826), Hoja suelta-Decreto, S. Martin Xilotepeque, Guatemala, 22 de septiembre 1826 San Martin Xilotepeque, Guatemala.
  3. Hernández de León, Federido (1929). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. II. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
  4. — (24 de marzo de 1926) “El capítulo de las efemérides: 24 de febrero de 1838, Informe de las Conferencias de Mataquescuintla”. Guatemala: Nuestro Diario.

22 de marzo de 1885: Tratado de Alianza contra la Intentona de Barrios

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua firman en Santa Ana, El Salvador el Tratado de Alianza contra la Intentona de Barrios.

22marzo2020
La ciudad de Guatemala en 1885, cuando J. Rufino Barrios empredió su campaña de Unificación de Centroamérica.  En el recuadro: el presidente de Guatemala, J. Rufino Barrios.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras presentar con bombos y platillos su decreto de Unión Centroamericana el 28 de febrero de 1885, el presidente de Guatemala, general J. Rufino Barrios, estaba convencido de que el proyecto sería aprobado por los liberales de todos los países de la región.1 Pero aunque la Asamblea Legislativa le era incondicional y lo apoyó al 100%,2 los problemas se dieron de inmediato cuando varios miembros de su gabinete no lo respaldaron, a pesar de que sabían que los iba a destituir de inmediato. Y también tuvo problemas con los representantes diplomáticos, que solamente acusaron recibo del decretro y anunciaron que lo harían del conocimiento de sus gobiernos, con excepción de Alemania, Italia y España; los diplomáticos de los dos primeros felicitaron la iniciativa, dado los fuertes intereses que esos países tenían ya en Guatemala, mientras que el de España indicó que iba a esperar que decía El Salvador al respecto, pues era embajador de esa República también.3

El presidente de Honduras, Luis Bográn, era títere de Barrios, y expresó de inmediato su apoyo a la iniciativa, mientras que el resto de países del área se opusieron a ella. Aquí el caso del presidente salvadoreño, Rafael Zaldívar, fue especial, pues al igual que Bográn había llegado al poder gracias a Barrios e incluso le pasaba un impuesto feudal cada año en reconocimiento por ello.4

Zaldívar estaba en una posición difícil en su país y el 8 de marzo le comunicó a Barrios por telégrafo que aún no podía responder con respecto a la Unión Centroamericana porque debía esperar la resolución del Congreso. Barrios, molesto por la respuesta ambigua de quien era su títere en El Salvador, le contestó: 

«Y usted, de quien por haberse manifestado el más entusiasta y amigo, debí esperar emitiría desde luego un decreto de adhesión, resulta ahora convocando al Congreso para darle conocimiento de mi decreto, en vez de adoptar la resolución inmediata y enérgica que correspondía.»

«Mi determinación es irrevocable, y todo lo que no sea secundar desde luego la idea que he proclamado, será envolver a todo el país en una gran revolución, de la cual a usted y solo a usted y a su  círculo, haré responsables ante Centroamérica. Reunir al Congreso como usted quiere, me parece enteramente inútil, cuando se trata de una causa que todos los gobiernos, por sus respectivas Constituciones, están obligados a abrazar y que ningún centroamericano puede atreverse a combatir.»3

Para intentar hacer ver aquel proyecto como un ideal liberal y no como el resultado de su ambición personal, el 9 de marzo de ese año Barrios publicó un manifiesto afirmando que no aspiraba a la Presidencia de la República de Centroamérica, y estaba decidido a no aceptarla en caso de que se le propusiera ocuparla.5 Pero el riesgo de que intentara lograr la Unión por la fuerza llevó a temer una guerra en Centroamérica; por eso, ante la amenaza de una invasión armada, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador solicitaron de inmediato el apoyo de México, y Honduras optó por aliarse con Guatemala.3

El 10 de marzo de 1885, el presidente mexicano, general Porfirio Díaz, respondió así al proyecto de Barrios:

«La resolución tomada exclusivamente por la Asamblea de esa República es rechazada con energía por gobiernos y pueblos de las demás repúblicas centroamericanas, según telegramas que he recibido de Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Esta circunstancia, y la impresión creciente que la noticia causa en el pueblo mexicano, influirán en la actitud que ha de tomar el Gobierno a mi cargo ante una emergencia que es una amenaza contra la independencia y autonomía de las nacionalidades de este continente.»6

México decía estar a favor de la Unión, siempre y cuando no se realizara de manera forzada y se llevara a cabo por la voluntad de los pueblos involucrados; pero en realidad le convenía que los estados centroamericanos se mantuvieran separados. Poco después, Porfirio Díaz ordenó cerrar la legación de México en Guatemala y trasladar la sede a El Salvador, donde también estaba acreditado el mismo ministro como tal.6

A pesar de este apoyo, en 1885 el gobierno mexicano no mostró señales de que buscaba aprovechar la situación para apoderarse de territorio guatemalteco, pues México atravesaba entonces por una crisis económica grave; situación que había provocado la pérdida de empleos en varios sectores. Esto, no obstante, no impidió que ese país reforzara su frontera a mediados de marzo, cuando Porfirio Díaz ordenó la movilización de alrededor de quince mil hombres a la frontera con Guatemala, pues existía el temor a que Estados Unidos interviniera e incluso aprovechara la situación para apoderarse de territorio centroamericano, lo que colocaría a México en una situación difícil, al tener como vecino a dicho país tanto en el norte como en el sur.6

Con respecto a los Estados Unidos —que entonces todavía no eran la potencia mundial que es en el siglo XXI, aunque sí era poderoso— al principio fue incierto el modo en que procedería el gobierno de ese país ante la acción de Barrios; a esto contribuía que a principios de marzo Grover Cleveland había tomado posesión como presidente de EE UU, siendo el primer demócrata que lo hacía en 16 años.  Pero conforme el conflicto se tornaba más serio, la posición de EE UU se fue esclareciendo; el Senado reprobó la conducta de Barrios, y acordó que cualquier invasión de Guatemala a territorio nicaragüense o costarricense, para constituir la Unión, sería considerada «como una intervención poco amistosa y hostil a los derechos de los Estados Unidos, de Nicaragua y de Costa Rica.» Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense envió cuatro buques a costas guatemaltecas, «para que se presenten en el acto como fuerza moral» y si fuera el caso, para brindarles apoyo material a los países amenazados por Barrios. Si bien Centroamérica carecía de recursos estratégicos, tenía poca población y baja prioridad para las inversiones económicas de EE UU , era importante como zona de tránsito entre los océanos Pacífico y Atlántico. Su interés principal estaba entonces en Nicaragua, donde preveía la construcción de un canal interoceánico, cuyos beneficios el gobierno nicaragüense había invitado a compartir al resto de los países centroamericanos.6

De hecho, en Nicaragua acusaban a Barrios de haber iniciado su intentona de Unión Centroamericana al saber que Nicaragua no había logrado concretar el tratado con los Estados Unidos para construir el Canal Interoceánico en ese país. Y es que al principio Barrios apoyó el proyecto propuesto por Estados Unidos, e incluso había buscado y aceptado su mediación, tanto en 1881 como en los años subsecuentes, para evitar un conflicto con México por la cuestión fronteriza. Sin embargo, cuando proclamó la Unión de Repúblicas Centroamericanas también hizo alusión al riesgo que representaba la pequeñez frente a países más poderosos.3

El 8 de marzo, el Congreso de Nicaragua autorizó al presidente Adán Cárdenas para que, solo o aliado con otros países que quisieran defender su autonomía, organizara la defensa nacional sin omitir esfuerzo ni sacrificio alguno, y responsabilizó a los agresores de las consecuencias que provocara la guerra. Dos días más tarde, la misma Legislatura publicó un manifiesto en el que, luego de reprobar el decreto de la Unión, invitó al pueblo nicaragüense a tomar las armas contra el invasor. El 12 de marzo Nicaragua movilizaba ya a miles de hombres armados a la frontera con Honduras, mientras Costa Rica reunía tropas para moverlas al primer aviso a los límites con territorio nicaragüense, con el fin de detener a los invasores.3

El de 20 de marzo por la tarde llegaron a Santa Ana, El Salvador, los delegados de Nicaragua y Costa Rica quienes se reunieron con el presidente Zaldívar al día siguiente para tratar sobre la posición de las tres repúblicas frente a la inminente invasión armadas de Barrios.  El 22 de marzo, su posición fue publicada por medio del Tratado de alianza entre Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, para oponerse al «salvaje de San Marcos» —como ellos llamaban al general J. Rufino Barrios— que amenazaba la soberanía e independencia de aquellas repúblicas.3


BIBLIOGRAFIA:

  1. Guerra, Viviano (1886). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1883-85 IV. Guatemala: Tipografía de Pedro Arenales. pp. 325-332.
  2. Ibid., pp. 664-666.
  3. Selva, Buenaventura; Durán, José; Zaldívar, Rafael (Septiembre 1938) Tratado de alianza: entre Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, oponerse al general Justo Rufino Barrios que amenazaba la soberanía e independencia de aquellas repúblicas en 1885. Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. 2, (4), 425-428 Managua: Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
  4. Tipografía El Renacimiento (3 de agosto de 1885). Memoria de las riquezas de la mortual del Señor General expresidente Don Justo Rufino Barrios, en su relación con los intereses de la Hacienda pública (2.ª edición aumentada). Guatemala: Tipografía de “El Renacimiento”. p. 14.
  5. Guerra, Recoiplación: Las Leyes emitidas por el Gobierno de Guatemala, pp. 339-340.
  6. Carregha Lamadrid, Luz (Mayo/Agosto 2018) Mirando al sur sin perder de vista el norte. México frente a la Unión de Repúblicas Centroamericanas, 1885. Región y sociedad, 30, (72) Hermosillo: Región y sociedad. doi: 10.22198/rys.2018.72.a901 ISSN: 1870-3925

1 de julio de 1823: se forman las Provincias Unidas del Centro de América

La recién constituida Asamblea Nacional Constituyente da el nombre de Provincias Unidas del Centro de América a las que formaban el antiguo Reino de Guatemala. Ese mismo día declaran la independencia absoluta de Centro América.

1julio1823
Mapa de la República Federal de Centroamérica en 1840. Nótese la extensión de Totonicapá y Soconusco, y la presencia del enclave inglés en Belice y del enclave belga en Izabal. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Uno de los primeros actos de la recién formarda Asamblea Nacional Constituyente en 1823 fue denunciar la Anexión al Primer Imperio Mexicano y declarar la independencia absoluta del antiguo Reino de Guatemala y llamarlo  Provincias Unidas del Centro de América temporalmente en lo que se redactaba una constitución y se le daba un nombre definitivo.  A esta Asamblea no habían llegado representantes de León ni Granada —en la actual Nicaragua— ni tampoco de Costa Rica y Chiapas —esta última porque prefirió mantenerse anexada a México—.

Reproducimos el Acta en su integridad dada su importancia histórica:

Decreto de la Asamblea nacional constituyente de 1.° de julio de 1823.

Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, congregados á virtud dé la convocatoria dada en esta ciudad a 15 de setiembre de 1821 y renovada en 29 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes: sobre su recíproca unión: sobre su gobierno; y sobre todos los demas puntos contenidos en la memorable acta del citado dia 15 de setiembre que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de este vasto territorio, ya que se han adherido posteriormente todos los demás que hoy se hallan representados en esta asamlea general.

Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez que exije la delicadeza y entidad de los objetos con que somos congregados, asi la acta expresada de setiembre de 1821, y la de 5 de enero de 1822, como también el decreto del gobierno provisorio de esta provincia de 29 de marzo ultimo, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión.

Después de traer á la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de población, riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado Reino de Guatemala.

Habiendo discutido la materia oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar á esta asamblea todas las luces posi
bles acerca de los puntos indicados; teniendo presente cuanto puede requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado y tomando en consideración:

PRIMERO.

Que la independencia del gobierno español ha sido y es necesaría en las circunstancias de aquella nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme á los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del nuevo mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.

Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del globo separada por un océano inmenso de la que fue su metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.

Que la experiencia de más de trescientos años manifestó á la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad á que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de la Europa.

Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la nación española y la conducta que ésta observó constantemente desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.

Que a impulsos de tan justos sentimientos, todas las provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos; que las que pueblan el antiguo Reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los últimos meses de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.

SEGUNDO

Considerando por otra parte: que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales.

Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos: que por estos principios la representación nacional del estado mejicano, jamás aceptó expresamente ni pudo con derecho a aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de Iturbide, fueron nulas.

Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros comitentes: que es opuesta a su voluntad y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles, exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismas y con separación del Estado mejicano.

Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:

      1. Que las expresadas provincias representadas en esta asamblea, son libres e independientes de la Antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
      2. Que en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.
      3. Que las provincias sobredichas, representadas en esta asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelva en la constitución que ha de formarse, PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.

Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta asamblea: que se comuniquen a las provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo que se acordará oportunamente, se comuniquen también a los gobiernos de España, de Méxijo y de todos los demás estados independientes de ambas Américas.

Dado en Guatemala al 1.° de julio de 1823.

        • José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
        • Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
        • Pedro Molina, diputado por Guatemala.
        • José Domingo Estrada, diputado por Chimaltenango.
        • José Francisco Córdova, diputado por Santa Ana.
        • Antonio José Carías, diputado por Cojutepeque.
        • José Antonio Ximénez, diputado por San Salvador.
        • Mariano Beltranena, diputado suplente por San Miguel.
        • Juan Miguel Beltranena, diputado por Coban.
        • Domingo Dieguez, diputado suplente por Sacatepequez.
        • Isidro Menéndez, diputado por Sonsonate.
        • Marcelino Menéndez, diputado por Santa Ana.
        • José Mario, Herrarte, diputado suplente por Totonicapam.
        • Simeón Cañas, diputado por Chimaltenango.
        • Miguel Ordonez, diputado por San Agustín.
        • José Francisco Barrundia, diputado por Guatemala.
        • Felipe Márquez, diputado suplente por Chimaltenango.
        • Felipe Vega, diputado por Sonsonate.
        • Pedro Campo Arpa, diputado por Sonsonate.
        • Cirilo Flores, diputado por Quezaltenango.
        • Francisco Flores, diputado por Quezaltenango.
        • Vicente Villacorta, diputado por San Vicente.
        • Ciriaco Villacorta , diputado por San Vicente.
        • José María Castilla, diputado por Cobán.
        • Luis Barrutia, diputado por Chimaltenango.
        • José Antonio Azmitia, diputado suplente por Guatemala.
        • Julián Castro, diputado por Sacatepéquez.
        • José Antonio Alcayaga, diputado por Sacatepéquez.
        • Serapio Sánchez, diputado por Totonicapam
        • Dionicio Domínguez, diputado por San Miguel.
        • José Antonio Peña, diputado por Quezaltenango.
        • Francisco Aguirre, diputado por Olancho
        • José Beteta, diputado por Salamá.
        • José María Ponce, diputado por Escuintla.
        • Francisco Benavente, diputado suplente por Quezaltenango.
        • Pedro José CueIlar, diputado suplente por San Salvador.
        • Francisco Xavier Valenzuela, diputado por Jalapa.
        • Juan Francisco Sosa, diputado suplente por San Salvador, secretario.
        • Mariano Gálvez, diputado por Totonicapam, secretario.
        • Mariano Córdova, diputado por Huehuetenango, secretario. 
        • Simón Vasconcelos, diputado suplente por San Vicente, secretario. 

BIBLIOGRAFIA: