30 de julio de 1823: la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América elimina los títulos y tratamientos de distinción que se utilizaban hasta entonces

30julio1823
Fuente del patio interior del desaparecido Palacio Colonial de la Ciudad de Guatemala en 1875.  Imagen de Eadweard Muybridge, archivo de Foto Rex, tomada de Wikimedia Commons.

Tras la declaración de la Independencia absoluta de Centroamérica el 1 de julio de 1823 luego del colapso del Primer Imperio Mexicano, los miembros de la Asamblea constiuyente que se estableció en la región a instancias del gobernador mexicano Vicente Filísola establecieron los lineamientos para redactar la Constitución de la Federación.

Como se consideraba que habían sido los criollos aristócratas quienes habían fomentado la malograda anexión al Imperio de Iturbide en 1822, y siguiendo el ejemplo de los liberales que forzaron al rey Fernando VII a aceptar nuevamente la constitución de Cádiz en 1820, la nueva asamblea emitió el siguiente decreto, eliminando el trato preferencial que se les daba hasta entonces:

La asamblea nacional constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, considerando:

Que los tratamientos y títulos de distinción son ajenos de un sistema de igualdad legal, en que los funcionarios y ciudadanos no deben tener otro título que el que sea propio de las funciones que ejercen, ni más distintivo que el que merezcan por sus virtudes cívicas; ha tenido a bien decretar y decreta:

  1. Quedan abolidos todos los tratamientos de “majestad”, “alteza”, “excelencia”, “señoría” y demás que se han usado hasta hoy.
  2. Las autoridades, corporaciones y empleados públicos no se denominarán con otro título, que el que diere la ley al destino o empleo que ejerzan.
  3. Queda abolida la distinción del “don”.
  4. Esta asamblea se denominará “asamblea nacional constituyente”.
  5. El poder ejecutivo, “supremo poder ejecutivo”.
  6. El tribunal que se organice, equivalente al supremo de justicia que establece la constitución española, alta corte de justicia.
  7. Los jefes políticos y diputaciones provinciales conservarán estos nombres.
  8. Los tribunales de las audiencias se denominarán “cortes territoriales de justicia”.
  9. Los ayuntamientos “municipalidades”.
  10. Los prelados diocesanos, tendrán el título de “padre”, unido a la denominación de “arzobispo” u “obispo”.
  11. Los cabildos eclesiásticos continuarán con este nombre.

Esta ley fue modificada el 15 de octubre de 1844 (cuando los aristócratas habían recuperado el poder en Guatemala, tal y como había ocurrido también en España en 1823 cuando Fernando VII recuperó el poder absoluto) renovando los títulos de “Excelencia” para el presidente de la República y otras autoridades, y el de “Su Ilustrísima” para los obispos, hasta que los títulos fueron removidos oficialmente por el gobierno provisorio del general Miguel García Granados poco después de la Revolución Liberal de 1871.


BIBLIOGRAFIA:


6 de julio de 1853: el general Vicente Cerna aplasta a los invasores liberales hondureños y guatemaltecos que habían invadido el departamento de Chiquimula bajo las ordenes de Trinidad Cabañas

6julio1853

Tras el retorno del capitán general Rafael Carrera de su breve exilio en México, los criollos liberales guatemaltecos huyeron a Honduras y El Salvador desde donde intentaron retomar el poder.  Incluso después de la derrota aplastante que sufrieron en la Batalla de La Arada en 1851 insistieron, y así en 1853 el departamento de Chiquimula fue invadido por algunos liberales guatemaltecos y por el ejército hondureño comandado por el presidente de Honduras, Trinidad Cabañas.  (En ese tiempo, el ministro plenipotenciario de Honduras ante el gobierno de los Estados Unidos era el líder criollo liberal guatemalteco José Francisco Barrundia).

Al enterarse, el presidente Carrera dio una proclama con el fin de levantar el espíritu popular y el 6 de julio firmo un decreto en el que llama a las armas a todos los habitantes de la República, junto con su Ministro Pedro de Aycinena.  El decreto dice así:

RAFAEL CARRERA

CAPITAN GENERAL DEL EJERCITO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ETC., ETC., ETC.

ATENDIENDO

A que el departamento de Chiquimula ha sido invadido por fuerzas del Gobierno de Honduras, bajo el mando del Presidente Cabañas y dirección de algunos emigrados facciosos de la República, con la mira de sujetarla y privarla de su independencia, satisfaciendo al mismo tiempo con saqueos y violencias sus resentimientos personales; y siendo de mi deber el mantener el sosiego, bienestar y seguridad de los pueblos, adoptando al efecto las medidas convenientes,

ORDENO Y MANDO:

  1. Todo habitante de la República, segun su condición y circunstancias, prestará al Gobierno sus servicios, tan luego como fuere requerido, por autoridad competente, a fin de repeler al enemigo exterior y mantener el orden interior.  Cualquiera negativa o resistencia al cumplimiento de este deber, dará lugar a que se imponga la pena que corresponda, segun la gravedad del caso, por la autoridad militar que ejercen en cada departamento los comandantes y jefes de las fuerzas, a quienes se encomienda el cumplimiento de estas disposiciones.
  2. Todo el que se uniere al enemigo, comunicare con él, o le prestare cualesquiera auxilios, será juzgado sumariamente conforme a ordenanza, y comprobándose el hecho, será pasado por las armas como traidor, siendo responsables los expresados comandantes de cualquier acto de tolerancia.
  3. Los tribunales, jueces, corregidores y demás agentes de la autoridad, reprimirán severamente con el mayor celo y actividad a los que se ocupen de esparcir papeles, falsos rumores, o cualquiera especie maliciosa; en el concepto de que también serán responsables de cualquier abandono, tolerancia o descuido en el particular.
  4. Desde esta fecha queda cortada toda comunicación con el Estado de Honduras, mientras exista su actual Gobierno y no se satisfaga a Guatemala por la ofensa que se le ha inferido.  En consecuencia, no se consentirá en adelante por las autoridades fronterizas, ni por otra alguna, que vayan o vengan pasajeros, ni se hagan introducciones o extracciones de efectos de comercio, y productos naturales; en el concepto de que transcurrido el término que el Gobierno fijará en una disposición separada, serán destruidos todos los frutos o efectos que se importen de Honduras, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de proceder a lo que haya lugar contra los contraventores.

Publíquese en la forma acostumbrada en esta capital, en las cabeceras de departamento, y en los pueblos fronterizos, a fin de que llegue a noticia de todos y no se alegue ignorancia.

Dado en el Palacio del Gobierno, en Guatemala, a 6 de julio de 1853.

  • Rafael Carrera
  • El Ministro de lo interior, encargado del despacho de la guerra, Pedro de Aycinena

Ese mismo día el entonces general Vicente Cerna atacó las fuerzas invasoras a las 8 de la mañana  y tras dos horas y media de fieros combates en los que se llego al uso de las bayonetas, se impuso a Cabañas, quien tuvo que retirarse y pedir a los gobiernos de El Salvador y Nicaragua para que mediaran en el asunto.

Como dice el ideólogo liberal Lorenzo Montúfar en el volúmen 5 de su “Reseña Histórica de Centro-América”: “Varios encuentros entre las tropas de Carrera y Cabañas fueron siempre funestos para este Jefe.  El General Cabañas, siempre liberal, siempre intrépido y valiente, no tuvo la calma que era indispensable para no exponer en aquellas circunstancias a su patria y a su partido. En mejores días la causa liberal defendida por él habría podido triunfar; en aquellos momomentos Cabañas era preciso que sucumbiera”.


BIBLIOGRAFIA:


1 de julio de 1823: la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente da el nombre de Provincias Unidas del Centro de América a las que formaban el antiguo Reino de Guatemala

1julio1823
Mapa de la region ocupada por las Provincias Unidas del Centro de América.  En negro aparece el enclave británico de Belice.  Imagen tomada de Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union, fondée par la Compagnie Belge de Colonisation

Uno de los primeros actos de la recién formarda Asamblea Nacional Constituyente en 1823 fue denunciar la Anexión al Primer Imperio Mexicano y declarar la independencia absoluta del antiguo Reino de Guatemala y llamarlo  Provincias Unidas del Centro de América temporalmente en lo que se redactaba una constitución y se le daba un nombre definitivo.  A esta Asamblea no habían llegado representantes de León ni Granada (en la actual Nicaragua) ni tampoco de Costa Rica y Chiapas (esta última porque prefirió mantenerse anexada a México).

Reproducimos el Acta en su integridad dada su importancia histórica:

Decreto de la Asamblea nacional constituyente de 1.° de julio de 1823.

Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, congregados á virtud dé la convocatoria dada en esta ciudad a 15 de setiembre de 1821 y renovada en 29 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes: sobre su recíproca unión: sobre su gobierno; y sobre todos los demas puntos contenidos en la memorable acta del citado dia 15 de setiembre que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de este vasto territorio, ya que se han adherido posteriormente todos los demás que hoy se hallan representados en esta asamlea general.

Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez que exije la delicadeza y entidad de los objetos con que somos congregados, asi la acta expresada de setiembre de 1821, y la de 5 de enero de 1822, como también el decreto del gobierno provisorio de esta provincia de 29 de marzo ultimo, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión.

Después de traer á la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de población, riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado Reino de Guatemala.

Habiendo discutido la materia oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar á esta asamblea todas las luces posi
bles acerca de los puntos indicados; teniendo presente cuanto puede requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado y tomando en consideración:

PRIMERO.

Que la independencia del gobierno español ha sido y es necesaría en las circunstancias de aquella nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme á los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del nuevo mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.

Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del globo separada por un océano inmenso de la que fue su metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.

Que la experiencia de más de trescientos años manifestó á la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad á que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de la Europa.

Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la nación española y la conducta que ésta observó constantemente desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.

Que a impulsos de tan justos sentimientos, todas las provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos; que las que pueblan el antiguo Reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los últimos meses de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.

SEGUNDO

Considerando por otra parte: que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales.

Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos: que por estos principios la representación nacional del estado mejicano, jamás aceptó expresamente ni pudo con derecho a aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de Iturbide, fueron nulas.

Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros comitentes: que es opuesta a su voluntad y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles, exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismas y con separación del Estado mejicano.

Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:

  1. Que las expresadas provincias representadas en esta asamblea, son libres e independientes de la Antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
  2. Que en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.
  3. Que las provincias sobredichas, representadas en esta asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelva en la constitución que ha de formarse, PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.

Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta asamblea: que se comuniquen a las provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo que se acordará oportunamente, se comuniquen también a los gobiernos de España, de Méxijo y de todos los demás estados independientes de ambas Américas.

Dado en Guatemala al 1.° de julio de 1823.

  • José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
  • Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
  • Pedro Molina, diputado por Guatemala.
  • José Domingo Estrada, diputado por Chimaltenango.
  • José Francisco Córdova, diputado por Santa Ana.
  • Antonio José Carías, diputado por Cojutepeque.
  • José Antonio Ximénez, diputado por San Salvador.
  • Mariano Beltranena, diputado suplente por San Miguel.
  • Juan Miguel Beltranena, diputado por Coban.
  • Domingo Dieguez, diputado suplente por Sacatepequez.
  • Isidro Menéndez, diputado por Sonsonate.
  • Marcelino Menéndez, diputado por Santa Ana.
  • José Mario, Herrarte, diputado suplente por Totonicapam.
  • Simeón Cañas, diputado por Chimaltenango.
  • Miguel Ordonez, diputado por San Agustín.
  • José Francisco Barrundia, diputado por Guatemala.
  • Felipe Márquez, diputado suplente por Chimaltenango.
  • Felipe Vega, diputado por Sonsonate.
  • Pedro Campo Arpa, diputado por Sonsonate.
  • Cirilo Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Vicente Villacorta, diputado por San Vicente.
  • Ciriaco Villacorta , diputado por San Vicente.
  • José María Castilla, diputado por Cobán.
  • Luis Barrutia, diputado por Chimaltenango.
  • José Antonio Azmitia, diputado suplente por Guatemala.
  • Julián Castro, diputado por Sacatepéquez.
  • José Antonio Alcayaga, diputado por Sacatepéquez.
  • Serapio Sánchez, diputado por Totonicapam
  • Dionicio Domínguez, diputado por San Miguel.
  • José Antonio Peña, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Aguirre, diputado por Olancho
  • José Beteta, diputado por Salamá.
  • José María Ponce, diputado por Escuintla.
  • Francisco Benavente, diputado suplente por Quezaltenango.
  • Pedro José CueIlar, diputado suplente por San Salvador.
  • Francisco Xavier Valenzuela, diputado por Jalapa.
  • Juan Francisco Sosa, diputado suplente por San Salvador, secretario.
  • Mariano Gálvez, diputado por Totonicapam, secretario.
  • Mariano Córdova, diputado por Huehuetenango, secretario. 
  • Simón Vasconcelos, diputado suplente por San Vicente, secretario. 

BIBLIOGRAFIA:


29 de marzo de 1838: tras derogar los códigos de Livingston por sus desastrosos resultados, se decreta que se mantenga la garantia del Habeas Corpus que estos estipulaban

29marzo1838

Tal y como ya había ocurrido en España en 1823, cuando luego de que los liberales intentaron imponer leyes que no eran bien vistas por el campesinado católico analfabeto y fueron expulsados del gobierno por el rey Fernando VII, en Guatemala la aplicación de los códigos de Livingston resultó desastrosa para el gobierno liberal de Mariano Gálvez, ya que la población indígena era profundamente católica (aunque con un elevado sincretismo con las tradiciones ancentrales de los pueblos nativos) y veía con recelo que hubiera casamiento civil, divorcio y juicios de jurados. Además, para ser efectiva, necesitaba que los ciudadanos tuvieran cierta preparación, algo por lo que las autoridades españolas nunca se habían preocupado ni siquiera en la peninsula ibérica.

He aquí como relata la malhadada implementación el renombrado historiador guatemalteco Federico Hernández de León en su obra “El Libro de las Efemérides”: “El primero de enero de […] 1837 se promulgaron los códigos de Lívingston, cuya traducción presentara [José Francisco] Barrundia a su amigo el doctor [Mariano] Gálvez, jefe del Estado de Guatemala. Los trabajos por imponer esas leyes, inadaptables a nuestros medios y a nuestras costumbres, se realizaron desde el año 1832, al poco tiempo de tener la jefatura el doctor Gálvez. El señor Barrundia era un iluso, en el sentido pleno de la palabra; hombre que vivía con los pies en la tierra, y con la cabeza en la luna. Su prestigio de patricio le daba ejecutorias para imponer su voluntad y, en los días que se siguieron a la caída del régimen aristócrata, Barrundia fué un oráculo, un mentor, un guía, un punto convergente de todas las miradas y de todas las aspiraciones del partido liberal.

La manera de ser austera de Barrundia, su palabra sentenciosa, su manera de caminar, reposada y prosopopéyica, le daban cartel de super hombre. Nadie se atrevía a meterse en sú vida privada, que pasaba por un modelo de compostura y seriedad. De modo que, cuando en las asambleas de 1834 y 35, su palabra se levantó abogando por el establecimiento de los jurados y por la promulgación de los códigos de Lívingston no hubo más que atenderle y pasar por lo que pedía. Alguna resistencia razonada se opuso a la acerada voluntad del prócer ; pero al cabo, la debilidad dió paso a las innovaciones y, el patriarca de los liberales se salió con la suya, capricho que costó a la patria las más crueles desventuras.

Era imposible que nuestros pueblos pudieran aceptar, apenas salidos de un régimen de trescientos años, lleno de prejuicios y reservas, el sistema de organización social que suponía una obligada preparación. No quiso considerar Barrundia que el [indígena] estaba distanciado del cuákero, como el sol de la luna ; y la hecatombe hubo de sobrevenirse ruinosa, envolvente, mortal. El 6 de marzo el pueblo de San Juan Ostuncalco. en la región de Los Altos, compuesto en su totalidad de [indígenas], se levantó contra las autoridades que lo acoquinaban. Hubo asesinatos y una bullanga de todos los diablos. El gobierno ratificó sus temores y el doctor Gálvez comprendió que había pecado de dúctil y complaciente.”

Así entonces, a principios de 1838 se decidió derogar los citados aunque se mantuvo el derecho de la exhibición personal, o habeas corpus, dado que mantenerlo era muy importante, pues especificaba que ningun habitante del Estado de Guatemala podia ser ilegalmente detenido en prisión, y todos tenían derecho a ser presentados ante juez competente, quien en el caso debía dictar el auto de exhibición de la persona.

El decreto en mención fue publicado el 29 de marzo de 1838 y dice así:

Artículo 14: se conserva la garantía del habeas corpus tal cual está consignada en los códigos. Las cámaras de apelaciones y súplica, los magistrados de ellas, y los jueces de primera instancia tendrán las facultades que los mismos códigos daban sobre el particular, a las cortes de distrito y de apelaciones, y a los jueces de ellas. Cuando el auto de exhibición personal fuere negado por el juez de un distrito, o cuando este se halle impedido para concederlo, podrá ocurrirse al del distrito inmediato y esto lo expedirá.


BIBLIOGRAFIA:


1 de enero de 1837: el Jefe del Estado de Guatemala, doctor Mariano Gálvez promulga los Códigos de Livingston, un nuevo código civil con ideas que no se aplicaban a la realidad guatemalteca

1enero1837
Retrato de José Martín Barrundia, líder liberal que tradujo los Códigos de Livingston y prácticamente se los impuso al Jefe de Estado Mariano Gálvez.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Reproducimos a continuación cómo describe el escritor Federico Hernández de León cómo fue que se instituyeron los Códigos de Livingston el 1 de enero de 1837:

“En enero de ese año se promulgaron los códigos de Livingston, cuya traducción presentara José Francisco Barrundia a su amigo, el doctor Mariano Gálvez, jefe del Estado de Guatemala.  Los trabajos por imponer esas leyes, inadaptables a nuestros medios y a nuestras costumbres, se realizaron desde el año 1832, al poco tiempo de tener la jefatura el doctor Galvez.  El señor Barrundia era un iluso, en el sentido pleno de la palabra; hombre que vivía con los pies en la tierra, y con la cabeza en la luna.  Su prestigio de Patricio le daba ejecutorias para imponer su voluntad y, en los días que se siguieron a la caída del regimen aristócrata (de Mariano de Aycinena), Barrunda fue un oráculo, un mentor, un guía, un punto convergente de todas las miradas y de todas las aspiraciones del partido liberal.

La manera de ser austera de Barrundia, su palabra sentenciosa, su manera de caminar, reposada y prosopopéyica, le daban cartel de super hombre.  Nadie se atrevía a meterse en su vida privada, que pasaba por un modelo de compostura y seriedad.  De modo que, cuando en las asambleas de 1834 y 35, su palabra se levantó abogando por el establecimiento de los jurados y por la promulgación del Código de Livingston no hubo más que atenderle y pasar por lo que pedía. Alguna resistencia razonada se opuso a la acerada voluntad del prócer; pero al cabo, la debilidad dio paso a las innovaciones y el patriarca de los liberales se salió con la suya, capricho que costó al país las más crueles desventuras.

Era imposible que nuestros pueblos pudieran aceptar, apenas salidos de un régimen de trescientos años, lleno de prejuicios y reservas, el sistema de organización social que suponía una obligada preparación.  No quiso considerer Barrundia que el indígena estaba distanciado del cuákero, como el sol de la luna; y la hecatombe hubo de sobrevernirse ruinosa, envolvente, mortal.  El 6 de marzo el pueblo de San Juan Ostuncalco, en la región de Los Altos, compuesto totalmente de indígenas, se levantó una rebelión contra las autoridades que lo acoquinaban.  Hubo asesinatos y una bullanga de todos los diablos.  El gobierno ratificó sus temores y el doctor Gálvez comprendió que había pecada de dúctil y complaciente.  

Al mes siguiente, el cólera asiático se presentó de modo espantoso.”  

Aquel sería el principio del fin del gobierno liberal de Guatemala, que cayó en 1838 y no retornaría al poder sino hasta en 1871.


BIBLIOGRAFIA:


27 de agosto de 1836: el gobierno liberal de Mariano Galvez impone leyes laicas inspiradas en el Código de Edward Livingston que se usaba en el estado de Luisiana, Estados Unidos

27agosto1836
Mapa del Estado de Guatemala en 1832. Obsérvese la gran extension de los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá, lo cuales formarían el Estado de Los Altos en 1838.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Durante la Jefatura de gobierno del Doctor Mariano Gálvez se practicó ampliamente el liberalismo político y por primera vez se implmentó la separación Iglesia-Estado en Guatemala. De hecho, por ser antagonistas de los privilegios del partido conservador, tras la invasión de Francisco Morazán a Guatemala en 1829, los liberales expulsaron al arzobispo Ramón Casaus y Torres, ordenaron la supresión del diezmo obligatorio para el clero secular de la Iglesia, y eliminaron la gran mayoría de los asuetos religiosos.  Ahora bien, los liberales despojaron de privilegios a la Iglesia Católica no por cuestiones religiosas, sino que por razones puramente económicas: entre menos asuetos, mayor productividad y con la supresión del diezmo obligatorio, mayores ingresos para las arcas estatales. Asimismo, la eliminación de privilegios a los religiosos significaba la supresión de su poder politico y económico.

Posteriormente, el 27 de agosto de 1836, el Jefe de Estado impuso leyes laicas, como el divorcio, el matrimonio civil y el establecimiento de juicios de jurados, inspiradas en el código de Edward Livingston, un tratado legal que se había puesto en vigencia en el estado de Luisiana en los Estados Unidos y traducido al español por José Francisco Barrundia, el indiscutible líder de los criollos liberales.

Pero la población campesina guatemalteca, con un catolicismo muy arraigado, se resintió de este cambio de leyes, aunque ya estaba molesta por el hecho de que las órdenes monásticas hubieran sido expulsadas del país en 1829 y por la restitución del impuesto individual.  La situación poco a poco se fue agravando, gracias a que los curas párrocos corrieron los rumores de que el gobierno liberal era herético y estaba en contubernio con los ingleses protestantes.

La situación llegó a un punto crítico, en que el que bastó una epidemia de cólera en 1837 para que se llegara a una guerra civil que tuvo todas las características de una guerra santa entre los campesinos católicos encabezados por Rafael Carrera y los criollos liberales positivistas, liderados por Mariano Gálvez y apoyados por el presidente federal Francisco Morazán.


BIBLIOGRAFIA: